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"Basado en hechos reales". Cuatro palabras que automáticamente funcionan, para muchos, como un sello de calidad. O simplemente como contundente motivo de interés añadido. Cuatro palabras que suelen predecir a cualquiera de las series o documentales 'true crime', como 'El caso Asunta' o 'El cuerpo en llamas', que tanto triunfan en la actualidad. De hecho, este género ya es el segundo predilecto por el espectador, solo por detrás de la comedia, según datos del estudio TGI Global Quick View de Kantar. Pero, ¿qué pasa cuando la familia de la víctima no está de acuerdo con la mera existencia de estos productos? ¿Puede el entretenimiento imponerse sobre el derecho a la privacidad?
El debate lo ha puesto sobre la mesa la madre de Gabriel, el niño asesinado en Almería en 2018 a manos de la que en ese momento era pareja de su padre. Al parecer una productora se habría puesto en contacto con la asesina, Ana Julia Quezada, quien habría accedido a grabar un documental sobre el mismo desde prisión. Al enterarse Patricia Ramírez pedía entre lágrimas que "nadie, de ningún medio ni productora audiovisual, mediante la elaboración de series o documentales saque rédito económico de la fatídica muerte de su hijo".
Los datos de audiencia de los true crime invitan a seguir haciéndolos, pero la frontera entre el éxito y el derecho a la privacidad es delicada. "Cuando se trata de un hecho noticiable y de relevancia pública, queda amparado por el derecho a la libertad de expresión e información y, por tanto, se puede difundir determinada información. Ahora bien, todo lo que es contenido sensacionalista o morboso quedaría excluido porque impacta sobre la vida íntima o personal de un individuo desvinculándose de cualquier interés o relevancia pública", explica Eduard Blasi, profesor colaborador de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC.
Es curioso, pero publicar una fotografía en redes sociales sin permiso puede considerarse una falta a la privacidad y a la intimidad, pero recrear el asesinato violento de un menor en una serie es posible. "Esto sucede porque el derecho a la protección de datos es un derecho inter vivos, es decir, que desaparece en el momento de la muerte", detalla Blasi.
En el caso de Gabriel, sus imágenes, vídeos y demás datos de personales no gozan de la protección otorgada por la normativa de protección de datos (RGPD), lo que no significa que no cuenten con protección legal alguna. "Los padres podrían interponer acciones legales civiles, en base a la Ley 1/1982, si se considera que se ha vulnerado el derecho al honor, intimidad o propia imagen del niño, sobreexponiendo determinada información y contraviniendo las indicaciones que la madre ha dado", explica el abogado.
Así que, aunque no puedan prohibir la emisión del documental o serie, si un juez acaba considerando vulnerados algunos de esos derechos, la productora debería pagar una indemnización por daños y perjuicios a la familia. El caso sería diferente si la pieza se hiciese sobre una persona viva y esta hubiese manifestado su oposición expresa. "Eso comportaría necesariamente que el medio se abstuviese de publicar esos contenidos para no contravenir la normativa de protección y datos”, explica Blasi.
Dice el refrán que quien hizo la ley hizo la trampa, y por eso en ciertas situaciones "para eludir el permiso de los familiares y poder tirar adelante con la obra, sobre todo en el caso de los menores, se 'burla' cambiando nombres, lugares y situaciones que protejan al menor en cuestión", explica Elena Neira, profesora colaboradora de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
No se puede ni se debe desdeñar el impacto que tiene para los implicados en un asesinato volver a revivir esos momentos tan oscuros, trágicos y violentos. Que un suceso de esa magnitud se mediatice y se convierta en un éxito con millones de espectadores tiene un alto coste psicológico. "Es la revictimización total, porque la madre y el padre de este niño son víctimas. Con toda esta exposición se vuelven a victimizar porque pasan por el mismo dolor", advierte Sylvie Pérez, profesora colaboradora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC
"Esto los lleva a no poder elaborar y construir nunca un presente ni un futuro, a no poder cerrar las heridas, ya no superarlas, sino poder vivir con este hecho, porque nunca está en el pasado, siempre vuelve al presente, y el dolor se vive exactamente de la misma manera", añade. Sim embargo, también hay otras voces, como la del padre de Marta del Castillo, desaparecida en 2009, que aboga por seguir contando estos hechos porque "los documentales ponen de manifiesto los errores judiciales y policiales".