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En el último Consejo de Ministros el Gobierno ha aprobado un Real Decreto por el que el Estado se hace con el control de la Sareb, el "banco malo" al que fueron a parar los activos tóxicos resultado del estallido de la burbuja inmobiliaria. El rescate a la Banca nos cuesta 35.600 euros más, el 43% del presupuesto de la Sanidad Pública. ¿Era la mejor opción?
"Lo que se ha hecho ahora es asumir el control del banco malo y de sus activos basura a cambio de aumentar la Deuda Pública en 35.600 millones de euros", explica el economista de la Universidad Complutense y experto en reestructuración bancaria, Carlos Sánchez Mato.
Adquirir una deuda de 35.600 millones al precio simbólico de 1 euro no parece un buen negocio para el Estado. ¿Porqué debemos todos pagar esta deuda y no los accionistas de los bancos? "Fue una de las condiciones impuestas en el MoU, el memorándum firmado con la Unión Europea para el rescate bancario de España en 2012. La Sareb, Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, fue creada para comprar todos los activos tóxicos y problemáticos que tenía la banca y limpiarlos de sus balances tras el estallido de la burbuja inmobiliaria", explica Sánchez.
Hay opiniones encontradas sobre las consecuencias de dejar caer un banco. Jon Nicolaisen, uno de los economistas más prestigiosos de Noruega y subgobernador de su Banco Central, opina que "los bancos no deberían ser rescatados por los gobiernos, sólo se deben rescatar sus funciones para evitar que la actividad económica se vea afectada. Únicamente hay que rescatar a los pequeños depositantes, esto es lo más beneficioso y correcto. Los acreedores son los que deben soportar las pérdidas", asegura Nicolaisen.
Sin embargo, para el politólogo Roger Senserrich, el sistema financiero actual está basado en la confianza, y la quiebra de confianza por la caída de un banco puede provocar una crisis en cadena que nos lleve al colapso total. "Nunca se debe dejar caer un banco sistémico. Nunca. Las quiebras bancarias generan enormes daños colaterales, y deben evitarse a toda costa. Por eso se regula el sistema financiero con fuerza, precisamente por su enorme capacidad de destrucción cuando las cosas van mal".
Y en 2008 las cosas iban bastante mal. Durante los años 90 España experimentó un crecimiento sin precedentes basado en la especulación inmobiliaria, el crédito barato y casi ilimitado, y una absoluta falta de control sobre el riesgo de las operaciones, por parte de las autoridades reguladoras, tanto nacionales (Banco de España), como europeas (Banco Central Europeo) e internacionales, (FMI). Para completar la tormenta perfecta, los precios de la vivienda se inflaron de forma desproporcionada, aumentando en más del 50% en pocos años. En junio de 2007 se alcanzó el pico máximo, pero ya a finales de 2013 las viviendas habían perdido el 45% de su valor.
En septiembre de 2008 quiebra Lehman Brothers y arrastra a todo el sistema financiero mundial. En España se necesitan 50.000 millones de euros para cubrir el agujero que dejan, sobre todo en las cajas de ahorro, las operaciones especulativas con el ladrillo que no saldrían adelante. Una ruina que amenaza la estabilidad de euro y provoca una crisis de deuda que llegó a situar la prima de riesgo en España por encima de los 600 puntos. Hoy está en 70 puntos.
Y así nace la Sareb. "Se concibió como un cortafuegos que separaría el grano de la paja, los activos buenos, de los malos. Y eso permitiría, además de restablecer la confianza en el sector bancario, que éste se pudiera dedicar a su función de concesión de créditos para evitar el colapso de la actividad económica", cuenta Sánchez Mato.
Sareb fue constituida con un capital de 4.800 millones de euros. De estos, el 45% fueron aportados por el Estado a través del FROB. El 55% restante fue aportado por las entidades financieras, excepto el BBVA que no quiso entrar en el negocio.
El banco malo compró cerca de 500.000 bienes inmobiliarios cuyo valor contable era de 107.000 millones de euros, con una rebaja del 52%, con lo que pagó por ellos 50.781 millones. Aun así compró caro. La Comisión Europea dictaminó en 2012, que el descuento medio con el que se deberían haber adquirido los activos era de un 72%. "Se compraron los inmuebles, el suelo y los créditos por 18.000 millones de euros más de lo que valían", explica Sánchez Mato.
¿Cómo pudo una sociedad con un capital de 4.800 millones comprar activos por valor de 50.781 millones? Con un préstamo de la Unión Europea de 51.000 millones. La idea era vender los bienes que había adquirido y con el dinero recibido, devolver el préstamo en 15 años. La clave es que el préstamo contaba con un aval del estado español. Todo lo que no devolviera la Sareb tenía que ser devuelto por el Estado.
Así pues, la Sareb fue financiada en un 95% con recursos públicos y su deuda avalada por el Estado, pero el porcentaje de propiedad accionarial solo era del 45%. A su vez, los socios privados, que solo aportaban el 5% de la financiación, eran los titulares del 55% de las acciones.
¿Por qué? Porque gracias a este artificio contable se evitó que las pérdidas de Sareb computasen como déficit público y la deuda fuese considerada como pública. Aunque en realidad la Sareb es la mayor inmobiliaria pública del país, sobre el papel era una sociedad privada en la que participaba el Estado de forma minoritaria.
En febrero de 2021, la Comisión Europea exigió que el Estado español contabilizase la deuda de Sareb como pública. Esta deuda asciende a 35.600 millones de euros según Eurostat o a 37.673 millones de euros según las últimas cuentas presentadas por Sareb (2020). Por eso el Gobierno ha tenido que cambiar el régimen jurídico de la entidad. Ya no tiene sentido ser accionista minoritario, el gigante inmobiliario se convertirá en una empresa pública y los bancos que ahora forman parte del accionariado ya estudian las fórmulas para salir de la entidad.
La ministra de Economía Nadia Calviño ha manifestado que Sareb seguirá gestionándose como se venía haciendo hasta ahora. Es decir, continuará su privatización a través de intermediarios privados, y se venderán los activos que se puedan para reducir pérdidas.
Pero se barajan otras opciones. La Sareb aún tiene un parque de unas 50.000 viviendas y 72 millones de metros cuadrados de suelo en desarrollo y finalista. "Una parte importante podrían formar parte de una estrategia para facilitar vivienda asequible o destinada a alquiler social. También se podría desplegar una estrategia de inversión en energías renovables en los casi mil kilómetros cuadrados de suelo rústico que tiene la sociedad y que supone una superficie similar a la ciudad de Zaragoza", propone Sánchez Mato.