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La invasión rusa de Ucrania está teniendo ya consecuencias para los 79.485 ciudadanos rusos que residen oficialmente en España. Los movimientos internacionales contra la financiación del gobierno de Vladimir Putin y la exclusión del sistema Swift han frenado la actividad comercial de los bancos rusos y el movimiento de divisas, lo que complica el día a día de la comunidad rusa en nuestro país, concentrada fundamentalmente en Málaga, Alicante, Barcelona, Girona y Madrid.
El principal problema al que se enfrentan los ciudadanos rusos en España a causa de la aplicación de sanciones es la imposibilidad de transferir dinero a sus familias desde sus cuentas en territorio español, mientras que quienes poseen sus cuentas en bancos rusos no pueden realizar pagos con tarjeta en nuestro país. No pueden operar con ningún fondo que provenga de allí. Y esto afecta no solo a multimillonarios y oligarcas rusos acostumbrados al lujo de la Costa del Sol, sino a una inmensa mayoría de familias de clase media alta con niños en edad escolar.
Los ciudadanos rusos en España tampoco pueden mover de momento capitales superiores a los 100.000 euros ni disponer de los fondos de depósitos similares. En la práctica, tener las tarjetas de crédito bloqueadas, supone que pagar el colegio de los niños, la manutención o la comunidad de propietarios sean problemas acuciantes e inmediatos. Aunque la mayoría disponen de cuenta en bancos españoles al tener permiso de residencia e incluso vivienda en propiedad aquí, son muchos los tienen el grueso de sus fondos en Rusia, dejando en las cuentas españolas lo justo para pagar los recibos de la luz, el agua, el gas y el teléfono.
Nash Dom, la mayor asociación de ruso parlantes de la Costa del Sol, advierte de muchos casos en los que la madre y los hijos residen en España de manera permanente mientras que el padre trabaja en Rusia y es quien envía el dinero. Sin posibilidad de transferencias desde cuentas rusas a cuentas españolas, y sin otros métodos de pago como Apple Pay o Google Pay, el simple hecho de ir al supermercado queda comprometido para muchas de estas familias. Así, las sanciones también afectan a aquellos rusos que montaron sus negocios en nuestro país y se especializaron en hacer negocios con sus paisanos.
Otra cuestión que genera preocupación es el permiso de residencia. Hasta ahora, la normativa 'Golden Visa' facilitaba este permiso o un visado a cualquier ciudadano ruso que adquiriera bienes inmuebles por un valor superior a 500.000 euros. En 2021 un total de 160 rusos obtuvieron la residencia en España a través de estos visados. Con la situación actual, el Gobierno español no sabe todavía si se dejarán de emitir ‘golden visa’ a ciudadanos rusos, pero la Unión Europea ya ha anunciado que limitará su concesión a quienes mantengan una relación con el Gobierno de Putin. Malta directamente lo ha suspendido.
Por otra parte, la educación superior también se está movilizando para aplicar un boicot intelectual a Rusia. La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (Crue), que engloba a 50 campus públicos y 26 privados, ha instado a suspender todas las relaciones institucionales con los campus del país euroasiático. Esto tiene consecuencias para los estudiantes rusos. Por ejemplo, la Universidad CEU San Pablo de Madrid ha confirmado la interrupción de intercambios de profesores y alumnos. Y la Universidad de Granada, que tiene 25 estudiantes rusos en diferentes programas de movilidad y una treintena de convenios y acuerdos con los campus rusos, ha constituido una comisión para estudiar qué medidas va a adoptar.
En el aire queda el futuro de los 79 estudiantes de Erasmus que, según el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (Sepie), actualmente estudian en las universidades españolas. Además, los acuerdos de investigación con centros rusos que tienen más de una veintena de universidades españolas están en peligro, así como los programas comunes de grados y posgrados, los proyectos y los intercambios.
Y tampoco conviene pasar por alto que los efectos de la guerra en Ucrania también se están traduciendo en un incremento de los episodios de 'rusofobia'. En las últimas semanas han trascendido casos en colegios de Alicante y Tenerife donde escolares rusos han recibido insultos y descalificaciones por parte de otros alumnos. Algunas familias rusas optan por no enviar a sus hijos al colegio para evitar estas situaciones.
Si estos problemas afectan directamente sobre todo a la clase media alta rusa, más complicado es ejecutar los embargos a los oligarcas rusos con propiedades en España, que son a quienes más deberían concernir las sanciones contra Putin. En la mayoría de los casos, los bienes que disfrutan este tipo de millonarios en España no están ni a su nombre ni escriturados bajo sociedades abiertas en Rusia, si no con empresas pantalla registradas en paraísos fiscales.
En ese sentido, el Gobierno español ha anunciado la puesta en marcha un amplio dispositivo, que incluye la participación de decenas de expertos de la Policía Nacional, la Guardia Civil, el CNI y otros ámbitos de la Administración, para rastrear los posibles activos en España de las 893 personas de nacionalidad rusa y bielorrusa y 65 sociedades que figuran en la lista de sancionados de la UE por su cercanía al régimen de Putin. Sin embargo, Hacienda avisa: "Localizar esas fortunas va a ser una labor de meses, cuando no de años".