En un momento en que miles de jóvenes en proceso matricularse en la Universidad para el nuevo curso, vamos a hacer un análisis completo del coste que puede llegar a suponer estudiar un grado. Los precios de la Universidad privada son difíciles de analizar por que cada centro aplica su criterio. Pero sí es llamativa la disparidad de precios que hay entre unas comunidades autónomas y otras en la Universidad Pública.

Y no solo hay disparidad entre pública y privada, sino entre Comunidades autónomas. Es un año complicado con la pandemia, el último trimestre desde casa y el retraso a julio del examen, pero tus hijos saben perfectamente a qué se enfrentan. Ahora toca elegir entre todas las opciones.

La disparidad de precios en la matrícula de grado universitario que encontramos entre comunidades autónomas "muestra una falta de criterio común a la hora de definir el nivel de experimentalidad de cada carrera y sus costes asociados", observa el informe '¿Por qué precios tan distintos?', elaborado por el Observatorio del Sistema Universitario con datos del curso 2016/17 (antes de la bajada que algunas administraciones han comenzado a hacer en el presente curso).

Vera Sacristán, la profesora que firma este detallado estudio, explica que cada administración autonómica establece de manera confusa y poco transparente el "coste de prestación de servicios" que, según la legislación, debe justificar el precio de cada carrera en particular y de los niveles de experimentalidad en los que se organiza la oferta académica de grados. Cada comunidad tiene diferentes niveles de experimentalidad (dos, tres, cuatro, seis…) y los grados pueden cambiar ese nivel a lo largo del tiempo sin que se entienda bien por qué.

Según Sacristán, docente de Matemática Aplicada en la Universidad Politécnica de Cataluña, no está bien justificado que las Ingenierías, Arquitectura y Medicina estén siempre entre las carreras más caras. Su coste de prestación de servicios no tiene por qué ser siempre el mismo ni ser siempre superior al de una filología o Derecho: "Una ingeniería que tenga ocupada toda su oferta de plazas y que tenga un profesorado joven puede tener un coste menor que una filología sin apenas demanda y con profesorado senior", explica esta profesora, miembro del Observatorio del Sistema Universitario.

El origen de esta indefinición tiene varios frentes: uno estructural de la propia institución universitaria en España, "que no ha tenido una contabilidad analítica"; otro político, de la Administración central y las autonómicas; y otro económico, con la reciente crisis de fondo.

En 2012 el Gobierno modificó la hasta entonces ajustada horquilla de precios en la que se movían las universidades y que fijaba cada año la Conferencia General de Política Universitaria en función del IPC. "Hasta entonces había diferencias entre comunidades autónomas, pero estaban bastante acotadas", explica Sacristán.

El famoso Real Decreto 14/2012 'de medidas urgentes de racionalización del gasto público en educación' estableció un nuevo sistema de precios según el cual cada administración determinaba el porcentaje del coste de prestación de servicios que repercutía en el alumnado. En primera matrícula, ese porcentaje podía oscilar entre un 15% y un 25%. La segunda, entre el 30% y el 40%. La tercera, entre 65% y 75%. La cuarta, entre el 90% y el 100%.

En el curso 2012-13, tras el decreto, el precio del crédito en primera matrícula subió una media del 16,7%, según el informe Datos y Cifras del Sistema Universitario español, elaborado por el Ministerio de Educación.

Las administraciones que más subieron las tasas entre 2009 y 2015 fueron Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana, que fueron las comunidades (junto con Castilla-La Mancha) que más recortaron la financiación pública por alumno en el mismo periodo, según detalla el informe ¿Quién financia la Universidad?, realizado por la propia Vera Sacristán en el Observatorio del Sistema Universitario. En cualquier caso, la subida nunca llegó a compensar la caída de la inversión pública, advierte el informe.

En Andalucía, el Gobierno estableció un mismo nivel de experimentalidad y un mismo precio para todos los estudios de grado (12,2 euros/crédito), de manera que un mayor coste no obstaculiza el acceso a determinados estudios. Además, si el alumno aprueba todos los créditos, tiene bonificada la matrícula del curso siguiente. Galicia, aunque establece diferentes niveles de experimentalidad, tiene precios al mismo nivel que Andalucía. Y en algunas ramas de conocimiento, también Cantabria.

"Las diferencias de precios no reflejan más que las diferencias de políticas autonómicas", certifica Martí Parellada, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona y autor de los informes y los ránkings de calidad la Universidad española que publica la Fundación Conocimiento y Desarrollo y que clasifica universidades de acuerdo a cinco indicadores diferentes. "La calidad de las universidades catalanas no es tres veces mayor que las de las comunidades a las que triplica en precio", zanja el catedrático de Economía Aplicada.

"Es difícil saber qué es y qué no es una buena universidad", reconoce Vera Sacristán. "Depende de lo que se quiera estudiar, la gente se mueve por el 'boca a boca' en busca de la calidad, pero no hay estudios que digan que un título vale más por ser de una universidad que por ser de otra. La universidad pública española es bastante homogénea".

Ahora que la crisis ha remitido, algunas administraciones ya han comenzado este curso a bajar los precios gracias a que los Presupuestos de 2018 establecieron un descenso del porcentaje del coste de los grados que repercute en la primera matrícula de los alumnos. Ahora se sitúa entre el 0% y el 25%. Madrid, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Canarias, Baleares y Asturias han sido las primeras y habrá que ver cómo se comportan las demás de cara al nuevo curso.

Cabe preguntarse si la subida de tasas del curso 12-13 se tradujo en una caída del acceso a la educación superior de la población española. Entre el curso 11-12 y curso 14-15, la matrícula universitaria de grado y de licenciaturas (aún vigentes en ese periodo) cayó en 95.000 alumnos, según las estadísticas publicadas por el Ministerio de Educación. A partir de 2015 volvió a crecer.

"Es lógico pensar que si el precio aumenta, la demanda disminuye", apunta Martí Parellada. "En otros países, como Reino Unido, sí pudo comprobarse esa relación causa-efecto en su momento, aunque luego la matriculación se haya recuperado". Sin embargo, reconoce que en España faltan evidencias y se suele atribuir la caída del alumnado a la caída de la natalidad de los años 90.

"Mi impresión es que estas subidas de precios aumentan la inequidad social porque afectan a quien menos tiene y por ello deberían ir acompañadas de políticas de becas que ayuden a las familias de rentas más reducidas", señala Martí Parellada.

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