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Las pensiones públicas pueden caer un 8,2% si el Gobierno de Pedro Sánchez da el visto bueno a una ampliación del periodo de la vida laboral que se utiliza para calcular estas prestaciones de 25 a 35 años, según el último informe del Banco de España.
La conclusión suena a advertencia en plena polémica por las intenciones del Gobierno de "adecuar a la realidad actual de las carreras profesionales el periodo de cómputo para el cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación, contemplando la posibilidad de elección de los años a integrar en la base reguladora en las carreras más largas, junto con una revisión del procedimiento de integración de lagunas en la carrera profesional".
El periodo de cómputo para la pensión se sitúa ahora en 25 de años, después de haber concluido el tiempo de transición en el que ha ido aumentándose progresivamente desde los 15 años. El Banco de España apunta que este incremento de 15 a 25 años ya ha supuesto una reducción en la cuantía de la pensión inicial del 5%.
A principios de 2021 circuló un borrador oficial del Ministerio de Seguridad Social que sí contemplaba la ampliación explícita a 35 años. La propuesta no fue bien recibida por Podemos, socio de la coalición, y los sindicatos, lo que propició un cambio de concepto.
"Los resultados muestran que, en el rango señalado, la pensión inicial media es una función monótonamente decreciente del número de años considerados para el cálculo de la base reguladora. En particular, la extensión del período de cálculo desde 15 hasta 25 años estaría asociada con una caída de la pensión inicial media del 5%, mientras que una ampliación desde 25 hasta 35 años produciría una reducción adicional del 8,2%", señala hoy el Banco de España, el organismo encargado de supervisar estas operaciones. Si se aprobara la ampliación a 35 años, un 80% de las pensiones iniciales serían más bajas, un 10% mantendrían el mismo importe y el 10% restante recibirían una cantidad más alta.
Sin embargo, el incremento sí serviría para reducir la desigualdad entre las pensiones más altas y más bajas.
Por su parte, Pablo Hernández de Cos, presidente del Banco de España, explica que si esa ampliación contemplara la posibilidad de elegir los mejores años dentro de ese periodo de 35, tal y como propone el Ejecutivo, la pensión podría quedar sin cambios, independientemente de cuántos años puedan elegirse y de la cuantía de la pensión.
Si se amplía el periodo de cómputo a 35 años y se deja elegir entre los 25 y 28 años más favorables, la pensión inicial media sería mayor. Sin embargo, si el Gobierno deja elegir entre los 30 y los 34 años más favorables, la pensión inicial media sería menor.
En definitiva, contemplar los 29 años más favorables dentro los 35 últimos sería, en términos de pensión inicial media, el equivalente a utilizar los 25 años anteriores a la jubilación. Por tanto, 29 años sería el máximo que el Ejecutivo debería dejar elegir a los trabajadores para que no experimentaran una caída de su pensión.
Así, la pensión aumentaría una media de un 0,8% con los 29 años mejores, aunque el Banco de España alerta de que este efecto no sería igual para todos y que más de la mitad de los pensionistas podrían ver su pensión reducida tomando en consideración los 25 años de cotización anteriores a la jubilación.
El supervisor asegura también que la posibilidad de descartar los años más desfavorables en el cálculo de la pensión sería positivo a los trabajadores afectados por períodos de desempleo o sin cotización, así como a las pensiones por debajo de la mediana. De esta manera, la desigualdad en la cuantía de las nuevas prestaciones sería ligeramente menor que la resultante de un cómputo que solo utilizase los 25 años previos a la jubilación.