{{#section.link.href}}
{{section.link.title}}
{{/section.link.href}}
El ministro de la Seguridad Social, Jose Luis Escrivá, apura lo que queda de año para cerrar la segunda parte de la reforma de pensiones comprometida con Europa para antes del 31 de diciembre. Como Gary Cooper en Sólo ante el peligro todos están es su contra: los sindicatos recelan de cualquier medida que suponga recortes; los empresarios echan chispas porque las medidas propuestas hasta ahora recaen en sus espaldas; Bruselas puede cerrar el grifo de los fondos europeos si no se presentan medidas que contrarresten el importante aumento de gasto previsto para las próximas décadas; ni sus propios socios de Gobierno apoyan al ministro en sus propuestas. Antes de fin de año se producirá el desenlace de esta película que tendrá sí o sí consecuencias para tu pensión.
En España las cotizaciones de los salarios tienen un tope llamado base máxima de cotización. Este año la base máxima está en los 4.139 euros brutos al mes. Por encima de esta cantidad, no se cotiza a la Seguridad Social. Esto es debido a que también la pensión máxima tiene un tope, en 2022 es de 2.819,20 euros al mes, 39.468,80 euros al año. Según el Ministerio de la Seguridad Social esto supone 35.000 millones de euros en salarios al año que no contribuyen al sistema porque superan este límite. Casi 1,2 millones de asalariados cotizan por la base máxima, el 30% trabaja en las administraciones públicas y el resto en empresas privadas.
Una de las medidas que va a establecer el Gobierno antes de fin de año es ir desplazando ese límite, para que los sueldos más altos coticen más. El primer paso ya está dado, ya que en 2023 la base máxima de cotización subirá un 8,6%, con lo que pasará de los 4.139 euros mensuales actuales a 4.495 euros (54.000 euros anuales). La pensión máxima también subirá un 8,5%, que es el IPC medio previsto para este año, con lo que superará los 3.000 euros.
La idea de Escrivá y su equipo es eliminar durante los próximos 30 años esos topes de cotización, y también subir poco a poco las pensiones máximas, aunque, según ha especificado Escrivá en varias ocasiones, no en la misma proporción.
La idea del Gobierno es recaudar más ahora con el aumento de las bases máximas, y retrasar el aumento de gasto subiendo la pensión máxima en menor proporción, y retrasando el pago a cuando se jubilen los trabajadores actuales.
También se va a modificar el número de años que se tienen en cuenta para calcular la pensión. Ahora se cuentan los últimos 25 años, y es muy probable que este periodo se amplíe, aunque no irá más allá de los 30 últimos años, y se hará de forma progresiva. Esto supone una bajada en la mayoría de pensiones.
A su vez, se están estudiando distintas formas de beneficiar a aquellos que han tenido periodos de cotización irregulares o lagunas de cotización, con la posibilidad de excluir los peores años de cotizaciones.
Así, aunque sean necesarios más años de la carrera para poder jubilarse, será posible eliminar del cálculo algunos de los años en los que las cotizaciones fueran más bajas. Los que hayan tenido largas carreras de cotización regular van a salir perdiendo. Y saldrán beneficiados aquellos que han quedado fuera del mercado laboral en sus últimos años de carrera, y quienes hayan tenido periodos sin cotizar.
Otro de los objetivos del Gobierno en materia de pensiones es mantener más tiempo a los trabajadores en el mercado laboral. Para ello el ministro ha declarado en varias ocasiones que hay margen de mejora en las condiciones de los trabajadores a tiempo parcial y de jubilación activa.
En la jubilación activa puedes seguir trabajando y cobrando hasta el 50% de la pensión. Si eres autónomo y tienes contratado, al menos, a un trabajador, puedes cobrar el 100% de la pensión. Para ello debes haber cumplido la edad ordinaria de jubilación y haber alcanzado el 100% de la base reguladora sobre la que se calcula tu pensión. Es decir, este año debes tener 37 años y 6 meses cotizados para jubilarte a los 65, y si tienes menos de 37 años y medio cotizados, tendrás que esperar a los 66 años y 2 meses para recibir el 100% de la base reguladora.
La jubilación parcial te permite trabajar menos horas y recibir una pensión que disminuye proporcionalmente a las horas que dejas de trabajar, entre un 25% y un 75% de la jornada.
El Gobierno está ultimando distintas opciones para mejorar las condiciones de aquellos que quieren compatibilizar el seguir trabajando con el cobro de alguna pensión.
El gran apoyo del Gobierno hasta ahora en las negociaciones eran los sindicatos. Mientras que las medidas propuestas suponían mejoras en las condiciones de los trabajadores y pensionistas, no ha habido problema. Así ha sucedido con la subida de las pensiones conforme al IPC, o los cambios en los coeficientes reductores en las jubilaciones anticipadas, que suponen mejoras en gran parte de los tramos.
Pero ahora se proponen medidas más costosas. Ampliar el periodo de cálculo producirá una pérdida de poder adquisitivo a medio plazo, cosa que no admiten de ninguna manera, y además los sindicatos argumentan que “no ha habido tiempo suficiente” para medir los efectos de los 25 años de cómputo actuales, que entraron en vigor este año, por lo que “no es posible medir todavía su impacto sobre la sostenibilidad del sistema”, indican fuentes sindicales.
Los empresarios se sienten los paganos de la reforma. Han asumido el aumento de las cotizaciones del 0,6% que les impone la puesta en marcha del Mecanismo de Equidad Intergeneracional, y el aumento del 8,6% de aumento a las bases máximas de cotización, subidas que entran en vigor el año que viene.
Europa mira con lupa la reforma de pensiones, aunque hasta el verano de 2023 no decidirá sobre las medidas que les presente España. La UE prefiere fórmulas automáticas que ajusten la cuantía de las pensiones según la esperanza de vida, como hacía el Factor de Sostenibilidad (FS) de la reforma de 2013 que ha sido sustituido por el MEI, una subida de cotizaciones que no contempla la demografía. Además, la deuda del Estado alcanza récord nunca visto, está en el 116% del PIB, y necesitamos medidas creíbles de reducción de la deuda en los próximos años.
Por último, los socios de Gobierno del PSOE, Unidas Podemos, tampoco acompañan al ministro Escrivá en su intento de consensuar las medidas. 2023 es año electoral, y todos quieren evitar decisiones comprometidas en materia de pensiones, máxime cuando Yolanda Díaz ha ampliado el tablero con su nueva marca Sumar.
El ministro está solo. La segunda parte de la reforma de las pensiones se sustanciará por decreto. No hay tiempo para otra cosa, si lo que se pretende es que entre en vigor el próximo 1 de enero de 2023, la fecha en la que España se comprometió con Bruselas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Escrivá ya ha adelantado que la nueva ley va a pasar directamente del Consejo de Ministros al Boletín Oficial del Estado para entrar en vigor una vez se publique, una manera de actuar que puede soliviantar a los agentes sociales que pueden sentirse ninguneados tras meses de negociación.