Por qué la reforma de pensiones no gusta a los economistas: analizamos las medidas una por una

El Gobierno negocia la segunda parte de la reforma de las pensiones en la prórroga. Bruselas se ha resignado a esperar a la primavera con la esperanza de que se alcance un acuerdo entre empresarios sindicatos y Gobierno. Ya se conocen las propuestas principales, y los expertos coinciden en que esta reforma se ha quedado corta, y no le auguran mucho futuro. Analizamos qué dicen los economistas sobre cada una de ellas.

Es la medida estrella de la reforma. "Da tranquilidad a los pensionistas presentes y futuros y garantiza su poder adquisitivo" ha declarado el ministro de la Seguridad Social, Jose Luis Escrivá, en más de una ocasión.

Pero también supone un incremento importante del gasto, en torno a los 15.000 millones de euros cada año. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha alertado sobre el aumento del gasto que supone la medida, y ha manifestado que habría que subir sólo las pensiones mínimas de acuerdo con el IPC.

Para el Instituto de Actuarios Españoles, con esta medida "se ha comprometido el pago, pero sin establecer adecuadamente el ingreso. En esas condiciones, lo que se hace es crearle una responsabilidad a los futuros trabajadores que deberán financiar los pagos que hoy se comprometen. El sistema es inequitativo e injusto con quienes hoy son jóvenes", afirman desde el Instituto.

En este sentido, el profesor de Economía de la Universidad Complutense, Ignacio Conde-Ruiz, también ha criticado el aumento de gasto que supone la medida y el coste que supone para las generaciones futuras, y ha elaborado una propuesta que entiende más justa. Propone subir las pensiones inferiores de 800 euros más que la inflación, un 11%. Una revalorización gradual desde este 11% hasta al 2,5% a las pensiones entre 800 y 1.400 euros mensuales. Y una subida del 2,5%, la misma subida que se ha establecido para los funcionarios públicos, para las pensiones que superen los 1.400 euros. "La propuesta supone un ahorro fiscal de 6.225 millones en el año 2023, pero como sabemos que las subidas en pensiones se consolidan en el tiempo, el ahorro será mucho mayor en el medio plazo", explica el economista.

El BBVA Research es también contrario a la medida, y propone que las pensiones formen parte de un hipotético pacto de rentas, pues el esfuerzo para contener la inflación debe afectar, en su opinión, "a la mayor parte de la sociedad".

Por su parte, Funcas defiende que "las pensiones no deberían estar ligadas al IPC, ya que a la carga que ya soportan trabajadores y empresarios como consecuencia de la caída de sus rentas, se añade la carga de pagar más impuestos o cotizaciones. La vinculación de pensiones al IPC la van pagar muy cara los jóvenes en forma de elevadas cotizaciones sociales y otros impuestos, para tapar el agujero", explica María Jesús Fernández, economista senior de Funcas.

Mantener a la gente más tiempo trabajando es otra de las medidas en la que fía el Gobierno para equilibrar las cuentas el sistema. Aunque la edad ordinaria de jubilación está en los 66 años y 4 meses, la edad real de jubilación no llega a los 65 años. Para ello se han modificado las penalizaciones a las jubilaciones anticipadas voluntarias, y aumentan los beneficios de los que quieren trabajar más allá de la edad de jubilación, con la jubilación demorada. El impacto que esta reforma tendrá en términos de gasto a mitad de siglo, será de 2,9 puntos porcentuales del PIB según el Gobierno.

Para el economista Enrique Devesa, "a jubilación anticipada se le debería aplicar un factor de equidad que debería incluir la esperanza de vida para que individuos con las mismas carreras laborales, pero de distintas cohortes, reciban la misma suma de pensiones". Esto supone que un aumento de la esperanza de vida implicaría una menor pensión inicial.

En cuanto a la jubilación demorada (subir un 4% la pensión por año trabajado de más o recibir un cheque compensatorio de entre 4.000 y 12.000 euros) el Instituto de Actuarios cree que "los coeficientes resultantes siguen siendo escasos desde el punto de vista de la equidad actuarial". Y añade que los resultados mejorarían si se introduce "la posibilidad de realizar la demora por meses y no por años, lo que tal vez podrían servir de incentivo para que más personas optasen por esta opción".

Enrique Devesa opina que los incentivos "se han quedado cortos, y deberían ser del 7% al año para resultar actuarialmente justos". Tampoco ve bien el cheque compensatorio. "El pago del cheque único supone una reducción respecto de la cantidad que sería equivalente sin hacerlo y muestra inequidades acusadas entre hombres y mujeres", afirma. Según sus cálculos, el pago único supone renunciar a entre un 35% y un 60% del aumento de pensión que se recibiría mes a mes durante toda la vida.

Según el Instituto de Actuarios, "las medidas encaminadas a acercar la edad de jubilación efectiva a la legal no van a suponer un menor gasto en pensiones a largo plazo, como recogen los propios cálculos contenidos en la Memoria del Proyecto de Ley. Por ello, el responsable de conseguir dicho menor gasto en pensiones habrá de ser el empleo; concretamente, el aumento de la tasa de empleo de la población mayor de 55 años, con el impulso del crecimiento económico que ello implicaría".

El Mecanismo de Equidad Intergeneracional, es la medida que llega para sustituir al denominado Factor de Sostenibilidad de la reforma de 2013. Este Factor vinculaba las pensiones a la esperanza de vida y a la larga reducía considerablemente las pensiones, y fue el motivo de las multitudinarias manifestaciones de pensionistas de 2018 y que finalmente tuvo que retirar el Gobierno de Mariano Rajoy.

El MEI consiste esencialmente en aumentar las cotizaciones de los trabajadores un 0,6% para ir llenado la hucha de las pensiones. En 2032 se revisa el sistema de pensiones. Si entonces hay déficit, se saca el dinero de la hucha. Y si aún así sigue habiendo déficit, se recortan las pensiones.

Las críticas de los economistas al MEI son múltiples.

Otra de las medidas aprobadas es el fomento de los planes de ahorro, pero desde la patronal de los seguros, Unespa, se ha criticado la reducción a 1.500 euros de lo que te puedes desgravar en planes de pensiones individuales, frente al límite máximo de 4.250 euros (siempre que la empresa aporte otros 4.250 euros) en los nuevos planes de empresa. "Estas discriminaciones podrían perjudicar a los ciudadanos que no tengan oportunidades de participar en Planes de Pensiones de Empleo, que, por otra parte, merecen una atención especial dado su escaso desarrollo en nuestro país", afirman desde la patronal de seguros.

 Según el Foro de expertos del Instituto Santa Lucía el nuevo modelo de cotizaciones de autónomos "no mejorará la sostenibilidad del sistema ya que incrementará los ingresos a corto plazo, pero también, y en mayor proporción, los gastos a largo plazo. Además, supone un retroceso en la equidad contributiva del sistema, ya que la cuantía de la pensión se obtiene a partir de la base de cotización, no interviniendo en el cálculo las cuotas efectivamente abonadas", explican en el Instituto.

La propuesta del Ministerio de Seguridad Social es que la base máxima de cotización aumente en términos reales (tras ajustarla por la inflación) a una tasa anual del 1,154%, mientras que la pensión máxima lo haría a una tasa del 0,115%. Esto supondría en 2050 un incremento acumulado de casi el 35% para la base máxima de cotización y del 3% para la pensión máxima, ambas medidas a precios constantes.

El director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, opina que "la propuesta del Gobierno sobre el destope de las bases máximas resulta insuficiente. Según sus cálculos, una vez implementada por completo en 2050, esta medida incrementaría la recaudación, "como mucho", en un 0,15% del PIB, "muy por debajo de lo que sería necesario para compensar el incremento del gasto en pensiones" sostiene. En su opinión "las cotizaciones sociales que se aplican a rentas por encima de determinados umbrales (los que dan derecho a la pensión máxima) son, en la práctica, un impuesto puro: una exacción monetaria sin contrapartida alguna".

Actualmente se tienen en cuenta los últimos 25 años de cotizaciones para calcular la pensión. La propuesta del Gobierno es ampliarlo a los 28 mejores años de cotizaciones dentro de los últimos 30.

Es la madre de todas las batallas dentro de la mesa de diálogo social y el motivo principal por el que no se ha alcanzado el acuerdo. Los sindicatos entienden que la medida supondrá un recorte para la mayoría de las pensiones.

Ante la falta de una memoria económica que explique cómo afectaría la medida por parte del ministerio, se han publicado distintos estudios que intentan explicar cómo afectaría esta propuesta, si finalmente sale adelante.

Para el gabinete de estudios de la Unión Sindical Obrera, USO, las pensiones iniciales caerían un 3% con el alza de años de cómputo que promueve el ministro José Luis Escrivá. Por otra parte, un estudio realizado por Enrique Devesa para el Observatorio de Pensiones de WTW, señala que "el efecto de la medida sobre la cuantía promedio de las altas de

pensiones de jubilación es prácticamente neutral, con una disminución de la pensión media de apenas el 0,04%, con lo que el impacto sobre el gasto total cuando acabe el periodo transitorio (año 2038), va a ser nulo en términos agregados", señala el informe.

La medida que ha suscitado menos controversia es la de sacar 14.000 millones de euros al año de los gastos de la caja de la Seguridad Social que se pagaban con las cotizaciones de los trabajadores y ahora se pagarán con cargo a los Presupuestos, como son gastos de desempleo, formación y otras ayudas y subvenciones. Se han saneado las cuentas de la Seguridad Social, pero esas partidas se pagan ahora con impuestos, con lo que no se han reducido los gastos, sino que se han cambiado de sitio.

La reforma debía estar concluida a finales de 2022, pero las dificultades en la última parte de la negociación, en especial la ampliación del periodo de cálculo, han imposibilitado el acuerdo y el Gobierno ha convencido a Bruselas de que merece la pena esperar unos meses más para ver si se alcanza un acuerdo.

En todo caso, todos los expertos coinciden en señalar que esta reforma no es suficiente, y que pronto habrá que tomar nuevas medidas que ayuden a compensar el importante aumento de gasto que se producirá en las próximas décadas con la llegada de las generaciones del baby boom a la jubilación, pero ¿quién se atreve a ponerle el cascabel al gato en año electoral?