¿Es justo que los mayores de 50 seamos los más 'mimados' de los políticos?

  • Los 16 millones de votos de mayores de 50 deciden en buena medida las elecciones

  • Los recursos públicos dedicados a la juventud han descendido año a año mientras que los destinados a los mayores aumentan

  • No se trata de crear un conflicto generacional, la colaboración entre generaciones es la base de nuestro sistema, sino de pensar en qué futuro estamos creando

Los mayores de 50 deciden las elecciones. El próximo 23 de julio podrán votar 38 millones de personas. La mitad tendrán más de 50 años, y según el CIS, cerca del 80% (16 millones) van a votar casi siempre, este año también (si la playa no lo impide). De los otros 20 millones, los que tienen entre 18 y 50 años, votan entorno al 60%, unos 12 millones.

Estos datos están muy presentes en las cabezas de los políticos, y pesan a la hora de tomar decisiones. Enfocados en no defraudar a su principal granero electoral, en ocasiones dejan de lado los problemas de los más jóvenes, sin tener en cuenta que de su crecimiento personal y profesional depende en definitiva que se puedan pagar o no unas pensiones y una atención sanitaria y de cuidados similares a las actuales.

La madre del cordero

En 40% de todo el Presupuesto de este año va destinado a las pensiones. Cada mes pagamos más de 12.000 millones en pensiones, y este mes viene con paga extra, con lo que tendremos que dedicar 25.000 millones de euros. No es una crítica, el sistema debería sostenerlo puesto que esa generación boomer se lo ha ganado.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) calcula que en 2050, cuando 'crezcan' los baby boomers hasta la jubilación, serán necesarios 450.000 millones para pagar un año de pensiones, ahora gastamos alrededor de 150.000 millones al año. Necesitaremos utilizar mucha más riqueza de toda la que seamos capaces de generar para pagar las pensiones.

Los paños calientes del ministro Escrivá son que esta situación de estrés financiero del sistema "está acotado en el tiempo", solo durará hasta 2055, cuando los uppers empecemos a desaparecer. De ahí que las medidas hayan sido necesarias. De hecho, mucho han tardado los políticos en coger el toro por los cuernos y aplcar una reforma, conscientes de los puntos polémicos para unos y otros.

Empobrecimiento

Los jóvenes han sido los paganos de las últimas crisis económicas. Los recursos públicos dedicados a la juventud han descendido año a año mientras que los destinados a los mayores aumentan. A lo largo del período 2008-2018, mientras el peso de las prestaciones de vejez respecto al PIB aumentó 3 puntos en España, el peso de las prestaciones familiares se mantuvo al mismo nivel. El salario medio de los jóvenes entre 16 y 29 años ha caído más de un 5% en la última década, según cifras del Consejo de la Juventud, mientras que las pensiones de jubilación han subido un 8,5% en 2023, y las pensiones de los nuevos jubilados ya son de 1.470 euros. No hay que olvidar tampoco que muchos jubilados sostienen con su sueldo a muchas familias.

La cuestión que plantean algunos economistas es si es justa una distribución de la riqueza que condiciona la vida de los jóvenes de hoy durante los próximos 30 años. Para el sociólogo Jorge Galindo, director adjunto del Centro de Políticas Económicas de Esade, "cuando dices que existe un problema de justicia intergeneracional, te acusan directamente de atacar a la gente mayor, pero eso es la superficie del argumento, la parte estética", se queja Galindo.

No se trata de crear un conflicto generacional, sino de reflexionar juntos. "En la profundidad de esta situación está que los mayores son muchos y votan todos. Y votan sobre todo a los dos grandes partidos, al PP y al PSOE, y eso bloquea cualquier tipo de reforma estructural. Al final tenemos un sistema de protección social sesgado hacia la gente de más edad y una mayor protección ante la pobreza para los mayores que para los jóvenes".

En la misma línea, el sociólogo Luis Abenza, quien insiste en que debería haber posibilidad de pagar pensiones e invertir en mejoras para los jóvenes al mismo tiempo, que no es un conflicto generacional, sino pura lógica. "No hablamos de una generación perdida, sino de un potencial de país perdido. Si no existen oportunidades para los jóvenes, hijos y nietos de los mayores, no hay posibilidades para nadie, ya que, si no consiguen empleo, los jóvenes no se emanciparán y, a la larga, no se podrán pagar más pensiones y caerá la productividad. Todo es una rueda. Hay que hacer políticas más ambiciosas para jóvenes porque la propia pirámide demográfica juega en su contra. Necesitamos un nuevo pacto intergeneracional", asegura.

Subida conforme al IPC

La última reforma de pensiones no va exactamente por ese camino. O no si los políticos siguen sin poner también el foco en la inversión de ayudas laborales a las generaciones más jóvenes, presas de la precaridad. La medida estrella, la subida conforme al IPC, garantiza el poder adquisitivo de los pensionistas, y fortalece el colchón social que suponen las pensiones para muchas familias, especialmente las más desfavorecidas. Pero aumenta considerablemente el gasto. El peso de la fórmula para compensar este gasto cae de nuevo en los trabajadores y empresarios, que han visto cómo suben las cotizaciones, y seguirán subiendo, si las cuentas no cuadran. En 2023, las pensiones han subido un 8,5%, mientras que los salarios han subido de media un 3%.

Críticas

Algunos jubilados con pensiones altas ven anómala esta situación. El periodista y escritor Mariano Guindal, que cobra la pensión máxima, lo expresaba así en una entrevista en El Confidencial: "En una situación excepcional como la que vivimos me parece una locura que me suban un 8,5% y que los pensionistas no entremos en el pacto de rentas, pero que sí lo hagan mis hijos que cobran menos que mi pensión o los funcionarios. La paradoja es que gastamos ese dinero en nuestros hijos y nuestros nietos y eso produce una 'humillación' generacional", explicaba el periodista.

Otra reforma posible

El sistema de reparto descansa en un acuerdo entre generaciones por el que los trabajadores en activo se comprometen a financiar, mediante sus cotizaciones, las pensiones de aquellos que ya se han retirado en la esperanza de que en el futuro ellos recibirían igual trato por parte de las generaciones venideras.

A finales del siglo XX el economista Richard Musgrave ya anticipó que, ante el creciente envejecimiento de la población, los sistemas de reparto, como el nuestro, tendrían problemas de equidad generacional, ya que serían solo los trabajadores los que cargarían con el aumento del gasto.  

Musgrave proponía una variante que denominó sistema de posición relativa fija, PRF. En este modelo, las contribuciones y las prestaciones se basan en mantener constante la proporción futura entre los ingresos de la población activa y los ingresos de la población jubilada. Una vez que se fija la proporción, la tasa impositiva se ajusta periódicamente para reflejar los cambios en la población y la productividad. Si la jubilación se aplaza en 5 o 6 años, debería haber una menor necesidad de aumentos sustanciales de impuestos para financiar el bienestar de la población jubilada.

El economista Francisco Blanco Ángel defiende este modelo como "el único que nos asegura una distribución equitativa de riesgos y beneficios entre las generaciones activas y pasivas. Bajo la PRF, un aumento de los salarios reales se traduciría tanto en un aumento de los salarios netos de los trabajadores como en un aumento de las pensiones. Así mismo, si se produjese un aumento de la tasa de dependencia, las cotizaciones se ajustarían al alza, y las pensiones se verían reducidas para mantener constante la proporción entre pensiones y salarios netos. La PRF es además el único contrato que proporciona un ajuste automático a la inflación", defiende el economista.

Para Blanco, el sistema de pensiones actual no es justo con las generaciones más jóvenes. "Todas las generaciones deben participar en una misma proporción de la masa salarial que en cada en cada momento es gravada para financiar las pensiones, de forma que tanto jubilados como activos, corran igual suerte ante los cambios económicos o demográficos que pudieran producirse. Es decir, la igualdad de derechos implica también igualdad de riesgo ante el futuro, ya que el sistema de reparto no deja de ser un contrato referenciado en el futuro".

Mientras los mayores de 50 tengan el poder en las urnas y en las calles, (recordemos las grandes manifestaciones de jubilados de 2018 que tumbaron la reforma de 2013), es difícil que la interesante propuesta de Musgrave defendida por Blanco, u otras que busquen una distribución de la riqueza más justa para los jóvenes, entren en los debates de las próximas elecciones.