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Retrasar la edad de jubilación puede que sea vital para asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones, pero también aumenta el riesgo de sufrir una muerte temprana. De hecho, demorar un año la salida del mercado laboral eleva significativamente la posibilidad de morir entre los 60 y los 69 años en 4 puntos porcentuales (38%), según un estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).
Por el contrario, en el trabajo, elaborado por los investigadores Cristina Bellés, Sergi Jiménez y Han Ye, se afirma que este riesgo de mortalidad temprana es "mucho menor" entre los trabajadores que tienen acceso a mecanismos de jubilación parcial que les permiten reducir sus horas de trabajo a partir de determinada edad.
El informe subraya que son quienes trabajaron en empleos peligrosos y penosos, como la minería del carbón o el mar, los que sufren más en términos de mortalidad, aunque estos oficios suelen retrasan la jubilación en menor medida debido a que se enmarcan en regímenes que contemplan coeficientes reductores que permiten jubilarse con antelación sin que la cuantía de la pensión final se vea recortada.
El estudio se sirve de un experimento generado por la reforma española de 1967 donde se modificó la edad de jubilación anticipada entre aquellos primeros trabajadores que comenzaban a cotizar en la Seguridad Social para esta pensión contributiva. Específicamente, se establecía que aquellos que cotizaron antes de esa fecha podían abandonar antes de los 65 años el mercado laboral, a partir de los 60.
Los autores del estudio investigaron los efectos de la citada reforma sobre la edad de salida del mercado de trabajo y los de esta última sobre la mortalidad en edades cercanas a la de jubilación. Así, el estudio presta especial atención a cómo varían los efectos sobre la mortalidad dependiendo de las características de los puestos de trabajo y la flexibilidad de la jornada.
Según apuntan los investigadores, “el riesgo se concentra en los sectores con las ocupaciones físicas más exigentes y a aquellas con mayor estrés emocional y mental”. Por el contrario, tienen un menor riesgo de muerte temprana quienes tienen opción de acogerse a una jubilación parcial al reducirse las horas de trabajo.
Lo investigadores han realizado un cálculo del coste o beneficio social de restringir o eliminar la opción de jubilación anticipada y muestran que “el impacto adverso sobre la esperanza de vida supera las ganancias fiscales”. Así, utilizando el valor de un año de vida ajustado por calidad a los 60 años en España, el estudio señala que un aumento de 0,46 años en la edad al morir se traduce en una pérdida social valorable en 8.564 euros por cada individuo.
Asimismo, Fedea sostiene que esta reforma supone un retraso en la salida del mercado laboral que genera, en promedio, una aportación extra al sistema de pensiones, a las arcas públicas y unos ingresos fiscales de 1.925 euros. Además, debido a que tal reforma conduce a una mortalidad temprana, la Seguridad Social ahorra 3.228 euros por jubilado en beneficios de pensión. Como resultado, defiende Fedea, la Seguridad Social obtiene una ganancia fiscal de 5.213 euros gracias a la reforma.
En conclusión, los ahorros fiscales derivados del retraso en la jubilación y la consiguiente reducción de la duración de los pagos de las pensiones no compensan "la pérdida social asociada a la reducción de la esperanza de vida", ni es rentable en términos económicos para el conjunto de la sociedad. Como alternativa, Fedea recomienda que se ofrezca al trabajador la posibilidad de ir reduciendo progresivamente su carga de trabajo antes de su marcha.