El IPC de abril cerró en el 8,3%. La media con que se calcula la subida de pensiones está ahora en el 7,3%. Según el Banco de España cerrará el año cerca del 7%. De cumplirse las previsiones, todas las pensiones deberán subir en 2023 un 7%, un sobrecoste de más de 13.000 millones, la mayor subida de pensiones en 30 años. ¿Podemos permitírnoslo? ¿Quién pagará la factura? Hemos preguntado a varios catedráticos de Economía su opinión al respecto y no hay discrepancias: los jubilados también tendrían que arrimar el hombro.

La guerra en Ucrania y la crisis energética global que ha producido, ha echado gasolina a la hoguera de la inflación que ya comenzaba a arder antes del conflicto. Pero los precios actuales son excepcionales, y más tarde o más temprano volverán a parámetros normales, de entorno al 2% anual. Un aumento de pensiones del 2% es el que aparece en todas las cuentas del Gobierno, pero los números han saltado por los aires y ahora, subir las pensiones conforme al IPC en 2023 va a suponer un gasto elevadísimo e inesperado, hasta el punto de que cada vez hay más voces alzadas en contra de la medida, (el Banco de España, la CEOE, Fedea, BBVA Research, Funcas...) al menos en estas circunstancias tan excepcionales.

También el mundo académico se posiciona. "En este contexto es fundamental congelar la norma que establece revisar las pensiones en función del IPC", afirma Juan José Rubio Guerrero, catedrático de Hacienda Pública en la Universidad de Castilla-La Mancha. "Si revalorizan la pensiones con el IPC previsto a final del año del 7,5%, el Banco de España estima un coste adicional en pensiones de unos 13.500 millones de euros, que proyectado a lo largo de la vida de los actuales pensionistas supondría un coste adicional para la Seguridad Social de unos 162.000 millones de euros", explica Juan José Rubio.

Para Ignacio Conde-Ruiz, catedrático de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad Complutense de Madrid, "hay que esperar a ver cómo acaba el año, pero si la inflación está descontrolada y muy elevada a finales de año, todos seremos más pobres y deberemos incorporar al pacto de rentas no solo a empresarios y trabajadores, sino también a los pensionistas. No a las pensiones mínimas y a las más bajas, que deberían conservar su poder adquisitivo, pero sí a las pensiones altas.

Javier Perote, catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad de Salamanca coincide con Conde-Ruiz. "En el pacto de rentas no creo que los pensionistas sean una excepción. A lo mejor se pueden considerar como excepciones familias de rentas las bajas, independientemente de que sean pensionistas o no. Estas pueden recibir compensaciones de otro tipo que rebajen, por ejemplo, su factura de la luz o el gas o los gastos en combustible bajo determinadas circunstancias".

Perote no es partidario de subir las pensiones conforme al IPC. "Aumentar las pensiones (o los salarios) en el IPC actual no solo contribuye a aumentar el déficit, sino que retroalimenta la inflación. En mi opinión, la actualización de pensiones y salarios debería tener en cuenta el IPC subyacente, descontando los aspectos coyunturales de los efectos del precio de la energía".

Juan José Rubio es de la misma opinión. "Uno de los mayores expertos del país en materia de Seguridad Social, el socialista Octavio Granado, ya opinaba que las indexaciones a un único indicador (el IPC) siempre causan a largo plazo más efectos perversos que positivos. Yo creo que podría efectuarse una revalorización puntual y vincularla después al ciclo de la economía española, en la que se tengan en cuenta cuestiones como los ingresos del Estado, el PIB, o las cotizaciones".

En lo de discriminar según la cuantía de la pensión no está de acuerdo Felipe Serrano, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad del País Vasco. "La Ley dice que hay que subir todas las pensiones de acuerdo con el IPC. Y no se puede discriminar. Todos pensionistas deben formar parte del pacto de rentas, y perder poder adquisitivo como el resto de trabajadores. La pensión media al ritmo que vamos va a ser superior al salario medio. Si tenemos pensiones caras y salarios baratos ¿cómo vamos a pagar eso? ¿Qué mensaje estamos transmitiendo? A los jubilados les vamos a mantener el poder adquisitivo, pero a los trabajadores, que tienen que hacer frente a las cargas de los hijos, de las hipotecas... no. ¿Por qué? Por qué a un jubilado que gana 2.500 euros se le sube la pensión y a un trabajador que gana 1.300, no. ¿Por qué?" se pregunta el catedrático.

Perote tiene una explicación. "En primer lugar, los efectos reales sobre las familias de la subida en los precios no afectan a todos por igual. Posiblemente una subida del IPC subyacente con ayudas a rentas bajas puede ser suficiente para compensar los efectos reales de la subida de los precios en la mayor parte de los hogares. Por otra parte, esto ayudaría a controlar los precios y evitar una mayor espiral inflacionista y, además, contribuiría a no aumentar el endeudamiento público que, tarde o temprano, deberemos pagar", explica.

Para el catedrático de la Universidad del País Vasco, Felipe Serrano, hay que ser transparentes con el ciudadano. "El envejecimiento de la población tiene costes, y la pregunta que hay que hacer a la población es esta ¿queremos trasladar toda la carga a nuestros hijos, a los pensionistas o buscamos una fórmula intermedia? Las reformas de 2011 y 2013 fueron la expresión de una fórmula intermedia. Revertir la reforma de 2013 significa que el coste íntegro del crecimiento del gasto en pensiones la van a pagar nuestros hijos. ¿Podrán asumirlo? No. Pero hay que decírselo a la población. Y también hay que explicarle a los ciudadanos que si el déficit de la Seguridad Social se traspasa al sistema impositivo, de dónde se va a recortar, ¿de infraestructuras, de educación, de sanidad...?

Conde-Ruiz aporta otras sugerencias. "En años venideros, si la inflación vuelve a niveles bajos y bajan los precios de la energía se podría buscar una fórmula para recuperar este poder adquisitivo perdido este año. Soy partidario de que las pensiones no pierdan poder adquisitivo, pero la propia ley debería estar preparada para acontecimientos excepcionales como este shock de la energía".

Jose Luis Rubio introduce otro elemento en el debate. "Deberían también explicarse las implicaciones sobre la equidad intergeneracional, ya que la financiación de pensiones a través de endeudamiento supone transferir a las generaciones futuras el coste de las pensiones actuales, dejando a nuestro hijos hipotecados. Pero eso, al político de turno que se mueve por intereses cortoplacistas, le suena a música celestial".

Para la catedrática de Economía de la Universidad de Barcelona, Concepció Patxot, "el gasto social está focalizado ya en los mayores. Cuando se jubilen los boomers, los activos tendrán que mantener esas cotizaciones e impuestos más elevados para sostener un gasto creciente. No se les puede pedir más ajustes", afirma Patxot. Y va más allá: "hay que ampliar la edad de jubilación más allá de los 67 años, aumentar el periodo de cálculo que se tiene en cuanta para calcular la pensión y rebajar las pensiones aunque sea muy duro. La alternativa es que tus hijos lo van a tener crudo. No se puede machacar más a la gente más joven. Si retrasas las decisiones, siembras desconfianza. Y si no lo haces ahora es peor, porque cuando nos jubilemos los boomers, nuestro peso en las urnas será mucho mayor y será más difícil tocar las pensiones", concluye.