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La medida estrella de la reforma de las pensiones, garantizar el poder adquisitivo de los jubilados subiendo las pensiones igual que el IPC, cada vez tiene más detractores. Primero fueron algunas entidades económicas, como Funcas, BBVA o Fedea, luego el presidente de la CEOE, y ahora incluso el Banco de España cuestiona la medida recién aprobada por las Cortes. La inédita subida de la inflación a causa de la guerra en Ucrania alienta una hoguera que amenaza con extenderse.
Es la primera vez que el Gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, dice expresamente que las pensiones deben entrar en el pacto de rentas, que los pensionistas también deben participar en la pérdida de renta que supone la subida de la inflación, y que sería conveniente evitar la actualización de todas las pensiones a la inflación media anual, como manda la recién estrenada ley de pensiones.
El tema es tan delicado que De Cos hizo estas declaraciones tras las preguntas de los periodistas en una conferencia titulada "Un pacto de rentas en España: por qué y para qué", donde no se menciona a los pensionistas en ningún momento.
De Cos ha precisado que "sólo las pensiones mínimas se deberían revalorizar con el IPC anual, el resto no", y por primera vez incluye a los pensionistas, junto a los empresarios y los trabajadores, entre los actores que deberán acordar y concretar cómo se reparte la pérdida de poder de compra producida por la subida de la inflación.
Para el Gobernador del Banco de España, este pacto debe contemplar cuánto deberían subir las pensiones superiores a las mínimas, y que este año se desligarían del IPC medio anual, tal y como estipula la ley.
Hoy la pensión mínima de jubilación está entre los 685 euros, sin cónyuge a cargo, a los 890 euros, con cónyuge a cargo; y las de viudedad, entre los 722 sin cargas familiares, a los 835 euros con cargas.
De Cos no precisó cuánto deberían subir las pensiones superiores a las mínimas, pero dejó entrever que debería ser similar al acuerdo que se espera entre empresarios y trabajadores, que se encamina a subidas de salarios entorno al IPC subyacente.
Se estima que el IPC medio en 2022 estará cercano al 7%, mientras que el IPC subyacente se situaría en el 3,5%, la mitad. En el IPC subyacente no se contemplan los precios de la energía, responsable en gran medida del aumento de inflación, ni tampoco de los alimentos elaborados.
Hace unos días, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, también se manifestó contra la subida de pensiones conforme al IPC, que "puede llevar el sistema a la ruina", ante el aumento desmesurado de la inflación.
Garamendi ha pedido introducir un factor de sostenibilidad que contrarreste este mayor desembolso por la escalada inflacionista, "estamos diciendo que ese factor de sostenibilidad que se planteó no consiste en subir las cuotas, consiste en hablar de algo más serio", precisó Garamendi. El líder de la patronal alerto de la situación que nos espera cuando en julio el Banco Central Europeo (BCE) reduzca o elimine los estímulos y las compras de deuda.
El Banco de España y la CEOE se suman a otras voces que ya alertaban de los riesgos de indexar las pensiones al IPC. Fedea alertó de que actualizar por ley las pensiones "comportará importantes consecuencias sobre el gasto público total en pensiones". La previsión de Fedea lanza un gasto total en pensiones de 188.500 millones de euros en 2023, el equivalente al 14% del PIB. "El sistema de pensiones de la Seguridad Social se enfrentaría a un muy importante déficit antes de afrontar el ambicioso reto de incorporar a la jubilación la generación del baby boom, que precisamente inicia su llegada al sistema en 2023", explica Miguel Ángel García, de Fedea.
El BBVA Research también propuso que las pensiones formen parte de un hipotético pacto de rentas, pues el esfuerzo para contener la inflación debe afectar, en su opinión, "a la mayor parte de la sociedad".
Funcas defiende que "las pensiones no deberían estar ligadas al IPC, ya que a la carga que ya soportan trabajadores y empresarios como consecuencia de la caída de sus rentas, se añade la carga de pagar más impuestos o cotizaciones. La vinculación de pensiones al IPC la van pagar muy cara los jóvenes en forma de elevadas cotizaciones sociales y otros impuestos, para tapar el agujero", explica María Jesús Fernández, economista senior de Funcas.
Según la ley aprobada este año, las pensiones deben subir todos los años conforme a la media del IPC de noviembre a noviembre. Todas las previsiones sitúan el IPC medio de 2022 por encima del 6%, lo que sería la segunda mayor subida de pensiones de la historia, la primera si atendemos al incremento de gasto, que sería de unos 10.500 millones de golpe, que se acumularía para los años venideros. Esto supone subir nuestro gasto en pensiones del 12% del PIB actual, al 14% del PIB.
Los únicos que defienden la medida que fue aprobada por todos los grupos políticos en el Pacto de Toledo, y aprobada en el parlamente hace unos meses son el Gobierno y los sindicatos. "Las pensiones subirán conforme al IPC pese a la inflación desbocada" aseguró el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista de televisión. "Los pensionistas tienen asegurado el poder adquisitivo ya indefinidamente", dice el ministro de la Seguridad Social, Jose Luis Escrivá; "Los pensionistas pueden estar tranquilos", asegura la ministra de Economía, Nadia Calviño; "Mandamos un mensaje de tranquilidad a los pensionistas que, a pesar de la guerra, no van a ver menguadas sus pensiones" ha dicho Yolanda Díaz, ministra de Trabajo.
Por su parte, tanto CCOO como UGT no quieren ni oír hablar de cambiar una norma que consideran un logro de la lucha obrera.