La guerra en Ucrania y sus consecuencias económicas pueden afectar a la medida estrella de la reforma de las pensiones: la subida anual conforme al IPC. Algunos expertos consideran irresponsable garantizar el poder adquisitivo de la renta de los pensionistas en estas circunstancias, y piden para los jubilados los mismos sacrificios que tendrán que hacer el resto de los ciudadanos. ¿Habrá que cambiar la Ley antes de que eche a andar?

En febrero el IPC se situó en el 7,4%, el valor más alto en 33 años. Los analistas entonces no auguraban nada bueno, pero pensaban que era algo pasajero y que a finales de 2022 el índice se situaría alrededor del 3%. Y entonces Rusia invadió Ucrania. Los precios de la energía se han multiplicado y siguen marcando records día tras día. Las previsiones más optimistas de inflación promedio a finales de año la sitúan sobre el 6%, y los más pesimistas auguran un IPC promedio de más del 10%. ¿Podemos permitirnos asumir una subida de pensiones de ese calibre?

Jose Antonio Herce, experto en pensiones, explica que "el gasto en pensiones aumenta por encima de los 1.500 millones de euros por cada punto porcentual de inflación. Es cierto que los ingresos también aumentan si suben los salarios, pero el gasto el pensiones es mayor que los ingresos por cotizaciones, y por otra parte, los salarios no van a subir igual que la inflación ni mucho menos", puntualiza Herce.

Enrique Devesa, doctor en Economía por la Universidad de Valencia y actuario por la Universidad Complutense de Madrid ha hecho los cálculos. "Con una revalorización del 6% en 2023 el coste sería 9.200 millones, para ese año. Que se consolidaría en los siguientes".

Rafael Doménech, responsable de Análisis Económico del BBVA Research, cree que "asumible es lo que la sociedad quiera asumir. Si es una decisión transparente, en la que los ciudadanos lo tienen claro y han hecho este análisis de coste beneficio, pues me parece bien. Pero creo que la mayor parte de las personas no conocen los detalles, no conocen que en nuestro sistema de pensiones la gente recibe más de lo que ha cotizado, y no conocen cuales son los dilemas a los que se enfrenta la sociedad cuando se encarece un bien importado, como es la energía, y se decide proteger a determinados colectivos, con el coste que comporta para los demás" explica el doctor en Economía.

Carlos Bravo, secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO, sostiene que la revalorización de pensiones conforme al IPC es un tema resuelto. "Si la inflación se mantuviera en 2022 en un entorno del 6 o 7%, el 1 de enero de 2023 las pensiones subirán el 6 o 7%", afirma.

La subida de los precios nos empobrece a todos. Con el poder adquisitivo de los pensionistas garantizado, la pregunta es cómo se protegen las rentas de los demás. El presidente del Gobierno negocia con los agentes sociales esta cuestión en el llamado pacto de rentas, pero los sindicatos han dejado claro que las pensiones no entran en la negociación.

Herce considera que el gran peligro es la espiral inflacionista. "Si queremos parar la inflación, todos tenemos que ceder. Si queremos subir los sueldos conforme al IPC, que los beneficios de las empresas se mantengan subiendo los precios conforme al IPC, y que las pensiones suban conforme al IPC, llegaremos al infierno. Los pensionistas también deben entrar en ese pacto de rentas". Y va un poco más allá, "si esta situación se prolonga en el tiempo, la sociedad no podrá cumplir el compromiso de actualizar pensiones con IPC. Está muy bien proteger la renta de los pensionistas, pero no van a ser los únicos que tengan su renta protegida, ¿no? El ajuste debe ser para todos, eso no quita que se estudien fórmulas para que sea menos doloroso para los que menos tienen", sostiene el profesor.

Enrique Devesa es de la misma opinión "deberíamos pagarlo entre todos. No digo un recorte de las pensiones, pero sí modulando el IPC hasta un tope. Si el IPC sube el 10%, este aumento se queda para siempre. Habría que repartir el esfuerzo y no que lo asumieran todo los activos", sostiene Devesa.

Rafael Doménech introduce un matiz. "Si los pensionistas no entran en el pacto de rentas, por lo menos se debería hacer explícito qué coste tiene esto para el resto de la sociedad".

Carlos Bravo enfoca el asunto desde otra perspectiva. "Nosotros planteamos una subida salarial en el escenario de 2022, 2023 y 2024 sin pérdida de poder adquisitivo. La subida puede ser menor en el primer año, pero en el marco de los tres años lo que planteamos es que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo en relación con la población pensionista. Lo que queremos es aplicar a los salarios la fórmula de garantía de poder adquisitivo lograda en pensiones, a través de las cláusulas de revisión salarial de los convenios colectivos", explica.

Con toda la prudencia que aconseja un escenario que puede cambiar de la noche a la mañana, todo parece indicar que la invasión de Ucrania va para largo, que Rusia mantendrá su pulso con occidente y que la inflación elevada se mantendrá hasta final de año, en el mejor de los casos. ¿Podría el Gobierno dar marcha atrás y decretar una modificación de la revalorización de las pensiones conforme al IPC?

"Hay que recordar que 2023 es un año electoral", recuerda Devesa, "así es que aunque nos vayamos al 8% o al 10% de subida, yo creo que en 2023 es imposible que se vayan a tocar las pensiones".

De igual parecer es Rafael Doménech, "el aumento en 2023 creo que se va a mantener. Veo muy difícil que nada más aprobar una Ley, a los pocos meses se cambie. Pero a medio y largo plazo me parece tremendamente complicado mantener este compromiso sin ajustes adicionales, o bien aumentando la edad de jubilación, o el periodo de cálculo, o bien con nuevos mecanismos como el factor de sostenibilidad. Es difícil mantener el compromiso con un sistema de pensiones que ya está en déficit, y que ese déficit va a seguir aumentando".

Herce es tajante al respecto: "yo pienso que subir las pensiones conforme a un IPC del 6% o el 8% sería una irresponsabilidad, porque inmediatamente vendrían las reivindicaciones de los asalariados y de los empresarios, que también tienen derecho a proteger sus rentas. Debemos reflexionar sobre los peligros de una espiral inflacionista. Cuando las materias primas de las que dependemos y no producimos se encarecen, somos más pobres, entonces no podemos pretender ser igual de ricos", concluye Jose Antonio.

Por su parte, Carlos Bravo busca motivos para la esperanza: "con un IPC del 6% o el 7% la subida de pensiones sería mucho mayor que la de años anteriores, pero sería asumible. En 2022 el aumento de precios supondrá mayores ingresos fiscales, tanto por IRPF, como por IVA o impuestos indirectos. Son muchas las piezas que se mueven en estos escenarios y hay que abordarlas en su conjunto, no de manera aislada. Si vamos a un escenario de hiperinflación, persistente en el tiempo, con una guerra que dura más, tendremos un problema, pero no solo en el sistema de pensiones, sino en todos los ámbitos, aunque no nos pongamos en lo peor", sugiere Carlos Bravo.