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Las pensiones subirán conforme al IPC. La medida, que ya se esperaba aunque no se había confirmado, garantiza el poder adquisitivo de los pensionistas actuales y futuros, pero consolida un aumento del gasto. ¿Qué quiere decir eso? Que ese gasto deberá ser compensado con nuevos ingresos al sistema, aún no definidos. ¿Qué consecuencias tendrá la medida para la economía del país? ¿Qué implica en el día a día de un jubilado y su familia? ¿Por qué todos los economistas no están de acuerdo?
El ministro de la Seguridad Social, Jose Luis Escrivá, no ha podido esperar más y en contestación a una pregunta del diputado de Bildu, Iñaki Ruiz de Pinedo, ha anunciado en sede parlamentaria que "el Pacto de Toledo está a punto de llegar a un acuerdo que va a despejar la incertidumbre de los jubilados, las pensiones van mantener su poder adquisitivo revaluándose conforme al IPC, estoy seguro de ello". Se trata de la confirmación "oficial" de una de las medidas de más calado en la próxima reforma de pensiones, con importantes implicaciones a distintos niveles.
Que las pensiones suban conforme al índice de Precios al Consumo, IPC, supone que los pensionistas de hoy, y los de mañana, si no se deroga este punto en el futuro, tendrán garantizado el poder adquisitivo, con independencia de si suben mucho los precios o no. Esto no supone que las pensiones vayan a ser mejores, sino que sean las que sean, mantendrán su poder de compra.
Con esta medida se desarticulan gran parte de los movimientos de pensionistas que pedían esta medida, y se garantiza una cierta paz social en las calles en este sentido. Y, por otra parte, supone un alivio para muchas familias en un contexto económico como el actual, donde de nuevo las pensiones van a servir de colchón para cientos de miles de hogares, cuyos hijos y nietos se quedan en paro.
Otro de los aspectos positivos de la medida es que se despeja la incertidumbre sobre lo cobrarán los pensionistas el año que viene, lo que supone que podrán realizar sus planes de gasto sabiendo lo que van a cobrar, y eso dinamizará la economía de cerca de diez millones de hogares.
La medida supone un aumento del gasto en pensiones a medio y largo plazo. Aunque el año que viene no se va a notar, ya que se prevé que en 2020 el IPC esté en torno al 0%, o incluso en valores negativos. Algunos estamentos como el Banco de España ya han advertido de que vincular las pensiones al IPC, sin medidas adicionales, elevaría en 36.000 millones el gasto para 2050. De ahí que algunos economistas, los más liberales, estén en contra de unir pensiones y subida de IPC.
Aunque las predicciones económicas a largo plazo son poco fiables, lo cierto es que el aumento del gasto está garantizado. Ya están llegando al sistema las generaciones del baby boom, muy numerosas y con mejores pensiones, lo que supondrá en los próximos 30 años tensiones muy fuertes que habrá que manejar hasta que la presión disminuya en 2050 o 2060, con la desaparición de estas generaciones de la pirámide de población.
Pero Europa no va a esperar a que fallezcan los ‘boomers’. España necesita como agua de mayo los 140.000 millones en ayudas comprometidas para superar la crisis del Covid-19. Y Bruselas ha puesto como condición que se pongan en marcha las recomendaciones que nos hizo la UE, entre las que figuraba garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. El aumento del gasto que supone fijar las pensiones al IPC no ayuda nada, y a buen seguro tendremos que presentar medidas compensatorias que hagan creíble la reforma del sistema.
Está claro que para contentar a Europa y para equilibrar las cuentas son necesarias nuevas medidas. Escrivá confía en liberar a la Seguridad Social de muchos gastos que considera impropios, como las medidas de fomento del empleo, algunas prestaciones no contributivas, subvenciones a regímenes especiales, la tarifa plana de los autónomos y los propios gastos de funcionamiento, con todo ello la Seguridad Social se ahorraría unos 15.000 millones de euros según sus cuentas. Pero esos 15.000 millones habría que encajarlos en los Presupuestos del Estado igualmente, con lo que el problema cambia de caja, pero no se soluciona.
¿Qué otras medidas se plantean?
Aumentar la edad de jubilación es una medida eficaz. Reduce considerablemente el gasto y mantiene los ingresos que proporcionan esos trabajadores durante más tiempo, pero es tremendamente impopular. La edad de jubilación en 2027 será de 67 años, y prolongarla más allá supondrá tensiones sociales.
La alternativa que propone Escrivá es intentar que la gente no se jubile antes de tiempo. La edad efectiva de jubilación está hoy en los 64,6 años, y la legal en 65,8, por eso ha anunciado que endurecerá las jubilaciones anticipadas. Pero se trata de un arma de doble filo, ya que muchas de estas jubilaciones anticipadas no son más que despidos encubiertos, que hacen posible que trabajadores en su última etapa laboral reciban indemnizaciones que suavizan el tránsito hasta una pensión que verán reducida el resto de su vida.
En la línea de trabajar más años, Escrivá ha anunciado que mejorará las ventajas de seguir activo más allá de los 67 años, actualmente se mejora la pensión entre un 2% y un 4%. Y también que se podrá compatibilizar el trabajo con el cobro de una pensión en mejores condiciones que las actuales. Hoy pierdes el 50% de la pensión, si trabajas.
A partir de 2022 se tendrán en cuenta los últimos 25 años para calcular la pensión. Ahora se tienen en cuenta 23 años, y en 2021 serán 24. La mayoría de los especialistas coinciden que sería mejor considerar toda la vida laboral, ya que el actual sistema beneficia a aquellos que han mantenido su puesto de trabajo hasta la jubilación, pero perjudica a los que lo han perdido en los últimos años de vida laboral.
Implementar sistemas de ahorro complementario. El ministro también ha anunciado su intención de promover los planes de ahorro de empresa, por encima de los planes privados. Se trata de un instrumento poco conocido y ante el que la gente tiene reticencias, pues supone dedicar una parte de tu sueldo a ahorro, cuando los sueldos en este país son muy bajos. No obstante, es una medida que se presenta como voluntaria, para el que quiera, y en el que la empresa pagará una parte y el trabajador, otra.
El ministro lleva meses apremiando al Pacto de Toledo para que emita sus recomendaciones. Recordemos que las últimas son del año 2011. Si estas no se presentan en breve, el Gobierno deberá cambiar de estrategia, y plantear sus propias medidas para cumplir con Europa y que nos permitan acceder a los fondos de ayuda. Pero el Pacto de Toledo, como instrumento de consenso político para uno de los pilares de nuestro Estado de Bienestar, habrá quedado desacreditado definitivamente.