Los jubilados disfrutarán en 2023 de la subida de pensiones más alta desde hace 32 años

Las pensiones subirán en 2023 más que nunca. Según las previsiones, un 7% (si las cosas no se tuercen más), que es la media de inflación que calculan los expertos para este año. Para una pensión de 1.500 euros al mes (21.000 euros al año), la actualización significa un aumento en 2023 de 102 euros (1.428 euros en el año, y para siempre).

Un rejón de algo más de 10.500 millones de euros para las cuentas nacionales. Ni González, ni Aznar, ni Zapatero, ni Rajoy se enfrentaron a tal aumento de gasto de una tacada. Además, esta vez la hucha de las pensiones está a cero, tenemos una deuda pública próxima al 120%, y un ejército de boomers a las puertas de la jubilación. El desafío es formidable.

Mientras, los pensionistas cruzan los dedos y escuchan con suspicacia las tranquilizadoras palabras del Gobierno: "Los pensionistas tienen asegurado el poder adquisitivo ya indefinidamente", dice el ministro de la Seguridad Social, Jose Luis Escrivá; "Los pensionistas pueden estar tranquilos", asegura la ministra de Economía, Nadia Calviño; "Mandamos un mensaje de tranquilidad a los pensionistas que, a pesar de la guerra, no van a ver menguadas sus pensiones" afirma Yolanda Díaz, ministra de Trabajo.

Los precios en marzo subieron un 9,8%. La media de noviembre de 2021 a marzo de 2022 es del 7,1%, y los analistas predicen que de aquí a noviembre, la cosa no variará mucho. Recordemos que para calcular la revalorización de 2023 se tiene en cuenta la media del IPC de noviembre de 2021 a noviembre de 2022.

El Grupo de Análisis de Bankinter ha actualizado sus previsiones y calcula que la media de IPC de 2022 estará por encima del 7,2%. Funcas lo eleva al 7,6%. El Banco de España alerta de que la subida de precios puede prolongarse varios años, y ha dejado caer que quizás habría que mirar lo de indexar las pensiones al IPC.

España gasta en pensiones al año algo más de 150.000 millones de euros. La cuenta es sencilla, subirlas todas un 7% costaría unos 10.500 millones de euros, algo más de un punto del PIB.

De hacerse, ésta sería la revalorización de pensiones más cara de la historia. La única vez que se subieron las pensiones en un porcentaje mayor fue en 1990, estando Felipe González en el Gobierno, ese año subieron un 8% de media, cuando la inflación estaba entorno al 7%.

Pero las diferencias son enormes. Entonces había en España algo más de 6 millones de pensionistas y la pensión media de jubilación rondaba las 50.000 pesetas, 300 euros actuales. En 2022 tenemos más de 10 millones de pensionistas, y la media de jubilación está por encima de los 1.200 euros. En 1990 las pensiones se llevaban menos del 25% del presupuesto nacional; ahora se llevan el 40%. En 1990 se destinaba a pagar las pensiones poco más del 6% del PIB; en 2022 se emplea el 12%.

Si se suben las pensiones en 2023 conforme al IPC previsto (7%), el gasto se comería prácticamente todo el ahorro que se pensaba conseguir con la aplicación de algunas medidas de la reforma.

Cuando se enviaron las cuentas para contener el gasto en pensiones a Bruselas, éstas contemplaban subidas del IPC de entorno al 2%. Subir las pensiones un 7% descabala todas las cuentas. El aumento de gasto se comería, por ejemplo, los 14.000 millones de ahorro conseguidos al sacar gastos impropios de la cuenta de la Seguridad Social y pasarlos a los Presupuestos Generales.

También dejaría en nada todo el ahorro previsto con el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, el aumento de cotizaciones un 0,6% para llenar la hucha de pensiones que empieza el año que viene, y con el que el Gobierno pensaba ahorrar 22.000 euros de aquí a 2032.

Además, aumentar de golpe el gasto en 10.000 millones obligaría a revisar toda la reforma, ya que ese gasto queda consolidado para los años sucesivos, y se tendrían que poner en marcha nuevas medidas para conseguir esos 10.500 adicionales.

Gobierno, patronal y sindicatos están negociando un pacto de rentas que contenga la espiral inflacionista. El objetivo es lograr un compromiso para que los salarios no suban mucho, tampoco los precios de los productos y servicios de las empresas, y así sujetar la inflación. Pero los pensionistas no están en ese pacto. Ni Gobierno ni sindicatos contemplan, por ahora, esta posibilidad. De esta forma serán los trabajadores quienes pierdan poder adquisitivo, y las empresas las que reduzcan márgenes de beneficios.

Pero ya hay voces que reclaman que al menos algunos pensionistas deberían participar en el esfuerzo de contener la inflación. "Si queremos parar la inflación, todos tenemos que ceder. Si queremos subir los sueldos conforme al IPC, que los beneficios de las empresas se mantengan subiendo los precios conforme al IPC, y que las pensiones suban conforme al IPC, llegaremos al infierno. Los pensionistas también deben entrar en ese pacto de rentas", afirma el profesor de Economía y experto en pensiones Jose Antonio Herce.

Para el doctor en Economía por la Universidad de Valencia, Enrique Devesa, "deberíamos pagarlo entre todos. No digo un recorte de las pensiones, pero sí modulando el IPC hasta un tope. Si el IPC sube el 10%, este aumento se queda para siempre. Habría que repartir el esfuerzo y no que lo asumieran todo los activos", sostiene Devesa.

Por su parte, Carlos Bravo, secretario de Protección Social y Políticas Públicas de Comisiones Obreras, cree que subir las pensiones un 6% o el 7% sería asumible, "en 2022 el aumento de precios supondrá mayores ingresos fiscales, tanto por IRPF, como por IVA o impuestos indirectos. Son muchas las piezas que se mueven en estos escenarios y hay que abordarlas en su conjunto, no de manera aislada", explica Bravo.

La idea del Gobierno es mantener la medida estrella de una reforma de pensiones que acaba de entrar en vigor. Pero el coste, dadas las circunstancias, puede ser excesivo. Por ello hay quien sugiere que el futuro pacto de rentas fije, en principio, una revalorización de las pensiones inferior al IPC medio, al menos para los pensionistas con mejores rentas, a quien se les compensaría en años sucesivos.

Habrá que esperar a cómo evoluciona el IPC en los próximos meses, y al recálculo que estarán echando en Bruselas de lo que va a costar a cada país la inflación. Pero hay un factor esencial que afectará a las decisiones a tomar por el Gobierno y que debe dar tranquilidad a los pensionistas: en 2023 hay elecciones generales. ¿Quién será capaz de tomar medidas que toquen el bolsillo del colectivo que gana las elecciones?