En 2025 está previsto que entren en vigor una serie de medidas que van a transformar el panorama laboral en nuestro país. Son reformas que abarcan desde la ampliación de los permisos parentales hasta el derecho a la desconexión digital. El objetivo, encontrar el equilibrio perfecto entre vida laboral y personal. Repasamos los principales cambios y cómo nos afectarán en nuestro día a día en el trabajo.

El cambio principal, y también el más importante, es la reducción de la jornada laboral máxima de 40 a 37,5 horas semanales. En principio esta norma entrar en vigor el 1 de enero de 2025, y a partir de esa fecha las empresas tienen un plazo de hasta seis meses para implementarla.

La reforma llega rodeada de controversia y con la oposición de la patronal. CEOE y Cepyme consideran que la jornada laboral debería ser un tema de negociación colectiva en cada sector. Por su pate, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha ofrecido ayudas directas a las pequeñas empresas de los sectores más afectados.

Se implementará un sistema de registro digital diario de horas para todos los tipos de trabajo. Este sistema será objetivo, fiable, accesible e interoperable, y permitirá a los trabajadores acceder automáticamente a sus registros, mientras que sus representantes y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) podrán hacerlo de manera remota.

Lo que se pretende es tener una mayor transparencia y control que evitarían los abusos y garantizarían el cumplimiento de la normativa laboral y la protección de los derechos de los trabajadores. El mandato de un registro digital diario de horas también incluye la obligación de garantizar la autenticidad y accesibilidad de los datos.

En algún momento del primer trimestre del año entrará en vigor una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que se estima que rondará el 5%, en busca de alanzar el objetivo de que el salario mínimo represente el 60% del salario medio. De confirmarse esta medida, el nuevo SMI se situaría en 1.190,7 euros mensuales distribuidos en 14 pagas, lo que implicaría un incremento de 56 euros al mes. En el caso de que sean en 12 pagas, este ascendería a los 1.400 euros brutos, aplicándose un aumento de 77 euros.

Otro de los objetivos de la cartera liderada por Díaz es la de reformar el sistema de indemnizaciones por despido improcedente. La medida está planteada tras la decisión del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) de que España no cumple con el artículo 24 de la carta Social Europea, que garantiza a los trabajadores despedidos sin causa justificada el derecho a una compensación adecuada.

Una decisión que ha hecho que el Gobierno defienda la normativa vigente, pero que puede obligar a reconsiderar este asunto ya que el organismo europeo cuestiona los sistemas de indemnización con límites máximos, que no permiten compensaciones proporcionales al daño sufrido.