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El sistema actual de cuotas del trabajador autónomo tiene los días contados. En España, donde el grueso de los autónomos (1,5 millones) tiene más de 45 años, el 85% pagan a la Seguridad Social por la base mínima de cotización, unos 286 euros al mes, e independientemente de lo que se facture cada mes. Ahora puede llegar un vuelco en este sistema, injusto para muchos, y equiparar lo que se paga en función de lo que se factura. Aún no hay nada definitivo, pero empieza a haber ruido de sables y estas son las principales novedades que se conocen hasta el momento.
Actualmente, la mayoría de los trabajadores autónomos no societarios pagan en función de la base de cotización mínima, lo que se traduce en una cuota de 286,1 euros al mes, independientemente de si facturan 200, 1.000 o 50.000 euros cada mes. Los que, además, tienen que ser administradores de una empresa pagan algo más: 367,8 euros.
Para evitar estos desajustes de "quien factura más puede seguir pagado la mínima cuota", el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dirigido por José Luis Escrivá, tiene previsto actualizar todo el Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos (RETA).
En este contexto, el diario El Economista publicó esta semana un posible cálculo de dónde estaría la franja entre pagar más y pagar menos cuota. Según ellos, "la cuota de autónomos mensual si cotiza por ingresos reales pasaría de 288,99 euros a 433,48 euros", siempre teniendo en cuenta que superara la facturación de 1.416,60 euros mensuales como ingresos reales.
No obstante, según este baremo y los cálculos del Ministerio, bajaría la cuota para 2,1 millones de trabajadores autónomos, mientras que subiría para unos 700.000. Es decir, se equipararían ingresos reales con la contribución a la Seguridad Social y se cumpliría con uno de los requisitos históricos de los autónomos: pagar en función de lo que se cobre realmente y acabar con anomalías que, por ejemplo, desincentivan la creación de nuevas empresas.
Ante la aparición de esta noticia, Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) se apresuró a escribir en Twitter que aún no había nada definitivo al respecto, no se sabían los baremos ni los plazos, desmintiendo, por el momento, la fecha de comienzos de 2022 como inicio de este nuevo Régimen de pago de cuotas para los autónomos.
Sin embargo, llegue en 2022 o algo más tarde, parece claro que finalmente ese será el nuevo sistema de cotización que se impondrá en el RETA. La Comisión no permanente de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo cerró y aprobó su informe para la reforma del sistema público de pensiones y, en su recomendación número 4 se habla de que se debe aproximar la cotización de los trabajadores autónomos a sus ingresos reales.
¿Cómo se hará? Según se apunta en dicha recomendación, "mediante una estrategia de tramos de cotización que garantice que los trabajadores autónomos con menos ingresos puedan reducir sus cotizaciones, al tiempo que aquellos con ingresos más altos, se vean obligados a incrementarlas". Parece el sistema más justo y proporcional, sobre todo teniendo en cuenta que más del 80% de los autónomos cotizan por la base mínima con independencia de sus ingresos.
El Gobierno, para solicitar los fondos Next Generation que da la Unión Europea para la recuperación económica, se vio obligado a enviar un esbozo del plan económico con los posibles cambios y ajustes que tendrían que hacer para adaptarse a las peticiones de la Comisión. No en el sentido estricto de "los hombres de negro" que tanto se vieron en Portugal y Grecia a finales de los 2000, sino más para velar que los Estados harán reformas enfocadas a la sostenibilidad y también a la estabilidad. En el caso de España, sobre todo en el sistema de pensiones públicas.
En este punto, el Gobierno envió una ficha, filtrada por El Español, donde se podía leer que se pretendía "implantar gradualmente un nuevo sistema de cotización en el RETA basado en los rendimientos por la actividad económica desempeñada. De este modo se ha de corregir la distorsión generada por la facultad de elección de la base de cotización que supone una merma de recursos para el sistema y un nivel bajo de acción protectora para los autónomos", reza el documento.
Y es que en esas líneas se resume todo el embrollo: el Gobierno quiere aumentar la recaudación para poder asegurar el sistema público de pensiones y, por otro lado, los trabajadores autónomos cotizan por lo mínimo, lo que a corto plazo les puede beneficiar pero, a la larga, no, dado que les quedará también una pensión mínima. Entre un punto y otro es donde Gobierno y asociaciones de autónomos deben llegar a un acuerdo para realizar esta reforma necesaria sin que sea demasiado lesiva para los que se encuentran entre el límite de un umbral y otro.