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En 2019, las Fuerzas Armadas disponían de unos 77.000 soldados y marineros. El 85% de ellos son temporales y perderán su empleo a los 45 años, si no se convierten en permanentes o ascienden a oficiales o suboficiales.
Según esto, las Fuerzas Armadas, la segunda institución más valorada por los españoles tras los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, según un informe de la consultora SocioMétrica, quedarían esquilmadas en pocos años. Como primera medida para evitarlo, el ministerio de Defensa ofrece nuevas plazas cada año. Para 2020 ya ha dispuesto una oferta de 3.650 plazas entre el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire. Los repuestos, de momento, parecen asegurados, queda pendiente el otro tema: ayudar a que los militares de 45 años puedan incorporarse al mercado laboral.
¿Cómo cuidar a los que han dedicado años de servicio y evitar que engrosen las filas del paro? El ministerio de Defensa acaba de crear la Oficina Técnica del Programa ‘Rumbo Empleo’, un programa que cuenta con la colaboración de Adecco y la agencia de recolocación Lee Hecht Harrison. El programa se presenta como el vehículo para “apoyar en el cambio de trayectoria profesional al personal militar en activo y a los Reservistas de Especial Disponibilidad” y pretende asesorar a los militares de 45 años en su salida del ejército. Para ello, Defensa y el resto de las empresas colaboradoras pondrán un consultor personal que pueda orientar a cada inscrito en el programa en su búsqueda de oportunidades de empleo.
Además, el programa también capacitará a los militares que lo deseen para que tengan mayor presencia en redes sociales, un ‘caladero’ de empleo cada vez más importante, y prestará ayuda para mejorar su curriculum vitae y explorar opciones de autoempleo.
El departamento que dirige Margarita Robles también cuenta con el Servicio de Aprovechamiento de Capacidades profesionales del Personal Militar de las Fuerzas Armadas (Sapromil). Este organismo articula acuerdos con centros de formación o empresas que ofrecen puestos de trabajo dirigidos a los militares.
Las empresas colaboradoras con Sapromil van desde los sectores de consultoría, energía, servicios, logística y tecnología, entre otros, además de defensa y seguridad. Por su parte, la Policía y la Guardia Civil ofrece cursos para facilitar la incorporación en sus filas de estos militares temporales.
En su página web, Sapromil impulsa la contratación de militares en ámbitos civiles por los valores inherentes a la milicia: “la disciplina, el espíritu de sacrificio, la constancia, la capacidad de decisión, el sentido del deber y la voluntad de servicio se acentúan en quienes integran la milicia de tal modo que el compromiso ético de nuestros militares es garantía de eficacia para el empleador allá donde presten sus servicios profesionales, ya sea en el sector público o privado”.
Además, este servicio ha suscrito diversos acuerdos con empresas e instituciones formativas para facilitar el acceso de los militares de 45 años al mercado. El último de estos acuerdos se ha firmado con el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE). La formación, dirigida a 200 alumnos y realizada con la Universidad de León, constará de 86.800 horas distribuidas en su mayoría en clases online y algunas presenciales. El acuerdo es especialmente atractivo, ya que, según fuentes del propio INCIBE, en los próximos años habrá en todo el mundo tres millones de puestos de trabajo sin cubrir relacionados con la seguridad digital.
Cuando en 1999 el equipo de José Bono llegó al ministerio de Defensa se encontró con dos problemas: la gestión del Yak 42, el accidente aéreo que costó la vida de 75 militares españoles, y la nula demanda de puestos militares. Ser militar no estaba entre las opciones profesionales de los jóvenes.
Para facilitar la llegada de nuevos reemplazos, el gabinete de Bono creó la Ley de Tropa y Marinería, en la que se actualizaban las retribuciones y se articulaba la carrera militar para miembros de las Fuerzas Armadas temporales y permanentes. La ley también establecía las condiciones para pasar a ser permanente y los casos en los que los militares temporales debían abandonar el ministerio, en caso de no alcanzar la condición de permanente. En esa circunstancia, el ministerio abonaría una prima de unos 600 euros mensuales, una cantidad que no tributa y que puede cobrarse hasta los 65 años. Además, quienes estén en paro podrán solicitar la ayuda familiar para desempleados, cuya cuantía es de 430 euros. Sumarían así algo más de 1.000 euros, cantidad ligeramente superior a la del Salario Mínimo Interprofesional, cifrado en 950 euros.
Para algunos, este dato ya supone el reconocimiento implícito de las malas condiciones de los reservistas. Desde su nacimiento, la ley de Tropa y Marinería ha generado opiniones encontradas. Para la Unión de Militares de Tropa (UMT), una asociación con 4.600 miembros incluida en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (Coperfas), organismo incluido en el propio ministerio, lo peor de la ley es precisamente la salida “forzosa” a los 45 años.
Además de exigir el fin de esta salida de efectivos, la UMT también reclama una única Ley de Carrera Militar en donde todas las escalas estén encuadradas y que incluya a los Reservistas de Especial Disponibilidad; una proyección de carrera real para los efectivos de Tropa y Marinería; la elaboración de una Ley de Discapacidad; garantizar la conciliación; una única Unidad de Protección frente al acoso sexual o laboral y la garantía de unas retribuciones justas.