La vida tras un ictus: "Mi madre tuvo que vender su casa para pagar la rehabilitación"
Cada año se producen 71.780 nuevos casos de ictus en España, con 27.000 defunciones por su causa
En muchas ocasiones, son los familiares los que tienen que hacerse cargo de la persona que ha sufrido un ictus, o pagar una gran cantidad para su rehabilitación
Hablamos con María, que nos cuenta el caso que han vivido con su madre y que le han llevado a vender la casa familiar para que se pudiera rehabilitar
María, de 55 años, vio cómo la vida de su madre, de 82, cambiaba radicalmente tras sufrir un ictus. La rehabilitación de esta se convirtió en un peregrinaje de residencias públicas sin especializar y privadas a precio de oro que no le dejaron más remedio que vender la casa donde había vivido toda la vida para sufragarse los gastos de algo tan básico como aprender a caminar de nuevo. Y es que, en España, el ictus afecta sobre todo a mayores de 85 (53,6%) y de 75 (29,1%), falleciendo en torno a 27.000 personas cada año. Sin embargo, también se producen 44.000 altas hospitalarias, y muchas de estas personas no tienen los recursos necesarios para volver a una vida lo más normal posible. El caso de María y su madre acaba relativamente bien - "siempre hay una luz al final del túnel", nos dice -, pero no siempre pasa así.
La historia de esta familia, que podría ser la de algunas de esas otras 44.000 altas, empieza a mediados de 2018. "Le da un ictus a mi madre e ingresa en el hospital. Después de dos días en la UCI le pasan a rehabilitación a otro hospital público de Vallecas, más específico para roturas de caderas, ictus, etc. ¿Qué ocurre? A mi madre se le queda paralizado el lado derecho del cuerpo y el habla. Recupera el habla, la deglución, pero entra en depresión porque siempre ha sido una persona autónoma que no ha tenido que rendir cuentas a nadie. Allí estuvo como un mes y algo. Entonces, la rehabilitadora que tiene allí decide que no es rehabilitable y que se tiene que ir de allí", nos cuenta María.
MÁS
Empieza el periplo por residencias públicas no especializadas
La pregunta de esta familia, como la de tantas otras en la misma situación, es: "¿Y ahora qué hacemos con una persona dependiente pero que se quiere recuperar?". En el caso de María, la situación que le aportan desde la Comunidad de Madrid es ingresar a su madre en otra residencia pública pero no especializada en la rehabilitación de un accidente cardiovascular como el ictus.
"Desde la Conserjería nos dicen que en el informe ponía que no era rehabilitable y por eso la mandaron allí", nos cuenta. "En cuanto a la atención en aquella residencia es muy triste. No porque los traten mal a los mayores, sino por falta de personal. Igual tienen un auxiliar para 30 o 40 personas, muchos de ellos dependientes que se tienen que quedar esperando a subir a la habitación igual una hora. Allí estuvo mi madre cuatro meses. Ella iba con ganas de recuperarse, pero no había ningún avance. Le tuvimos que poner una fisio privada para que hiciera ejercicios y consiguió ponerse de pie, andar un poquito... Iba haciendo avances importantes, pero gracias a esta chica".
El problema que se encontraron fue que la Comunidad de Madrid, de oficio, le otorgaba la plaza por cuatro meses. A partir de ahí, nos cuenta, se puede renovar por más tiempo, pero hasta que se produce la reasignación de la plaza la persona queda en un limbo en el que no puede permanecer en la residencia pública. "Había gente en lista de espera desde hacía seis meses", explica. "Ahí o te mueves a otra residencia de la Comunidad de Madrid, esperando la lista, o te buscas la vida, que es lo que hicimos nosotros".
La residencia de los 7.000 euros al mes
Con la opción pública paralizada, no quedaba otra que irse a la privada. No es un caso puntual. El 59% de las personas que tienen un daño cerebral tienen que pagar la rehabilitación de su propio bolsillo, según un estudio sobre la hospitalización y rehabilitación publicado por la Federación Española de Daño Cerebral (FEDACE). Y, la privada, especializada en este tipo de trabajo, no es barata precisamente.
"La residencia donde tuvimos que llevarla nos costaba 7.000 al mes, así que tuvo que vender la casa donde nos habíamos criado para poder pagarse la rehabilitación", explica María. "Mi madre tiene una pensión de 500€, que es de viudedad, y tuvimos la suerte de que la casa se vendió rápido. En este sitio sí que tenían terapias diferentes, y le metieron caña, aunque no creo que toda la que podrían haberle metido porque, claro, cuanto más tiempo estás, más 7.000 euros cada mes. O tienes dinero, o te mueres de asco", se queja.
"Después de casi un año allí, dejándonos prácticamente el dinero de la venta del piso, se fue a otra un poco más barata, aunque con menos ritmo de rehabilitación. Tampoco bajaba de los 2.500 euros, no te creas. La opción que tenía por la Comunidad de Madrid era algo así como el cheque social. Como mi madre tenía el grado máximo de invalidez le daban una ayuda de 700 euros, pero se lo dan a la residencia, no a ella, con lo cual es verdad que te abarata. Sin embargo, si querías terapias de rehabilitación lo teníamos que pagar aparte", relata. "De ahí se fue a una casa social justo antes de la pandemia, y menos mal".
Tras las residencias, la dependencia en el hogar
Según la Federación Española del Ictus, "de los pacientes no ingresados en un hospital que precisan cuidados el 52,5% es dependiente para las actividades básicas de la vida diaria. Y en un 60% de los casos el cuidador es una mujer, con una edad media de 55 años. Según los datos aportados por un trabajo de la Universidad de Navarra, los costes medios del cuidado informal suponen unos 22.000 € al año. Para los pacientes con mayor dependencia, aquellos que necesitan ayuda para las actividades básicas, el coste medio es de unos 25.000 € /año, y para los que tienen una dependencia moderada de unos 10.500 € /año".
En este último tramo es en el que se encuentra actualmente la madre de María. Ahora que ya ha pasado el periplo por distintas residencias, se puede decir que consiguieron, en parte, su objetivo: lograr una rehabilitación lo más completa posible en función de las circunstancias y ser, dentro de lo que cabe, algo independiente. "Mi madre ha conseguido andar y, de hecho, ahora vive en una casa social y ella camina. No tiene rehabilitación ninguna, pero sí a una persona que la cuida. Estuvimos mirando agencias que se dedican al cuidado de los mayores y ninguna baja de los 2.500 euros al mes. Es todo un negocio el que está montado alrededor de esto".
"Gracias a que vendió esa casa pudo hacer frente y sigue haciéndolo para poder seguir viviendo con una persona que le cuida", termina María, "¿pero qué haces si no puedes, si no tienes ese patrimonio para vender? ¿Vivir en una residencia con una pensión tan baja? Los mayores dependientes y con rentas mínimas son los grandes olvidados de este país".