Las ciudades de más de 50.000 habitantes tendrán que adaptarse a la nueva normativa desde el próximo mes de enero. Van a estar obligadas a limitar las emisiones de CO2 y también los niveles de contaminación, especialmente de sus vehículos. Ahora mismo, el 75% de los coches que circulan por las ciudades son de combustión y se verán afectados por esta medida.
Por orden, las restricciones van a empezar por lo vehículos más antiguos y contaminantes, los que ni siquiera tienen distintivo ambiental, y poco a poco se seguirá con las etiquetas B y C que sean de diésel. La idea es que las urbes cada vez tengan un parque móvil más amplio de híbridos y eléctricos.
También de cara a 2023, cuando entrará en vigor esta Ley de Cambio Climático, comenzarán a establecerse estas zonas de bajas emisiones (ZBE) en casi 150 municipios españoles, es más, tres de cada cuatro coches verán limitada su libre circulación según los cálculos de MSI para Sumauto.
En cuanto a las localidades más pequeñas, las más de 20.000 habitantes también empezarán a aplicar a estas medidas, lo que deja un escenario lleno de dudas para los coches sin etiqueta, con la B o con la C. En estos municipios residen unos 25 millones de personas y representan el 53% de los españoles. La mejor situación es a la que se enfrentan los híbridos, que suponen en sus distintas modalidades el 18,4% de los vehículos y, con cuotas mucho más residuales, los eléctricos, que representan el 3,9%.
Para aumentar la accesibilidad de los ciudadanos a las zonas del centro, las expectativas se ponen es que aumente y mucho la modalidad de alquiler de vehículos a largo plazo, conocido como renting, y única opción para acelerar mucho la electrificación del parque, y con ello reducir los niveles de emisiones.
Actualmente, más de 600.000 vehículos procedentes del 'renting' circulan por las carreteras españolas, lo que supone el 15,5% de los vehículos de combustión alternativa en el mercado español. Según la Asociación Española de Renting de Vehículos (AER), una de cada cuatro matriculaciones que se realizan en España proviene del renting y se espera que en 2022 sea el segmento que más crezca, con un incremento del 17% sobre los niveles de 2021.