La inflación en España sigue disparada, impulsada principalmente por las subidas en los precios de la energía, y ya alcanza el 9,8% en marzo, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, lo que supone su registro más elevado desde 1985. Datos muy negativos que están dejando los precios por las nubes y que el Gobierno trata de atajar a través del plan de choque presentado esta semana. Pero ¿será suficiente? ¿Cuánto tiempo seguiremos soportando una situación que supone una pérdida de poder adquisitivo para los hogares de cerca de 7.600 millones de euros por cada punto adicional?

Antes de que estallara la guerra en Ucrania, se esperaba que la inflación terminara el 2022 en torno a un 4,6% de media, lo cual ya era apreciable, pero el conflicto ha cambiado de manera radical el panorama económico. En el mejor de los casos el año acabará con una subida media de precios del 5,9%, mientras que Funcas sitúa la estimación de inflación en el 6,8% de media anual, un 2,2% más que su cálculo de enero. Así, las familias perderán este año más de 15.200 millones de euros de poder adquisitivo, una media de 800 euros perdidos por familiar al dividirla entre los 17,8 millones de hogares que hay en España.

Desde Funcas calculan que el conjunto de medidas del Gobierno pueden rebajar la presión inflacionista a corto plazo, reduciendo en torno a un punto porcentual de aumento de IPC -de 6,8% al 5,8%, en términos medios para 2022-, limitando así la pérdida de poder adquisitivo, pero siempre a expensas de cómo evolucione la guerra en Ucrania.

Un posible empeoramiento del conflicto bélico y una escalada de las sanciones contra Rusia agravaría la crisis energética y generaría nuevas disrupciones en la cadena de suministros. En este caso habría peligro de recesión en la eurozona. Sin embargo, un rápido desenlace del conflicto a raíz de un acuerdo estabilizaría los mercados energéticos y ayudaría a contener la inflación. Pero incluso en este escenario más optimista habría que lidiar con una inflación subyacente superior al 3% y que tiende a crecer, además de un déficit público exacerbado por la doble crisis pandémica y energética.

"Lo más importante es emprender un camino de desescalada de los precios de la inflación porque, si no, esto se va a perpetuar y va a incidir en mayor medida en lo que se llama la inflación subyacente y, por tanto, ese fenómeno de empobrecimiento generalizado, y que pesa aún más en las familias más desfavorecidas, se va a profundizar", explicaba en la Cadena Ser el director de Coyuntura y Análisis Internacional de Funcas, Raymond Torres.

Según se desprende del informe de Funcas sobre las previsiones de España en el periodo 2022-2023, la subida de precios reducirá la renta disponible de los hogares en términos reales, frenando el crecimiento del consumo y la inversión residencial. Y advierte: la senda de crecimiento de España dependerá en buena medida de la evolución del coste de los hidrocarburos y la electricidad. La expansión se mantiene a día de hoy gracias a la demanda embalsada, el rebote del turismo y la mayor ejecución de los fondos europeos, en línea con el último trimestre de 2021.

Con unas subidas de precios interanuales superiores al 2% en numerosos productos, las familias españolas son cada vez más cautas y han optado por moderar su nivel de gasto. La Cámara de Comercio de España prevé en un informe que el consumo de los hogares aumente en este año un 2% en lugar del 4% que habían calculado a finales del ejercicio pasado. Funcas sitúa el dato en 2,5%. Todas ellas son previsiones decepcionantes teniendo en cuenta que en el 2021 el gasto final de los hogares aumentó un 4,6% sobre el año anterior y que en los Presupuestos Generales del Estado figura una previsión del 6,9%.

La culpa de la mayoría de los males la tiene el precio de la energía. "Lo importante sería actuar en el precio de la luz, porque aquí tenemos, a parte de la crisis general de suministros y de gas, y del precio del petróleo, un funcionamiento del mercado eléctrico que explica que aquí tenemos también un poco más de inflación que en los países vecinos. Un tope en el gas que entra en el mercado eléctrico puede ser muy efectivo", destacaba Torres. El objetivo primordial del Gobierno es negociar con la Comisión Europea "el precio más bajo posible" para el gas.