Acaba de formarse la nueva Comisión del Pacto de Toledo, que intentará durante los próximos cuatro años buscar un consenso sobre qué hacer con las pensiones. Nuestro sistema se tambalea por la forma de la pirámide demográfica (hasta ahora lo sostenían los ‘babyboomers’, nacidos entre el 50 y el 78) y la falta de medidas, algo que se sabe desde hace décadas pero que nadie parece acabar de abordar. De hecho, el Pacto de Toledo no ha hecho ninguna recomendación desde 2011.

Empecemos por el principio. Cuando se creó, hace 25 años, ya eran necesarias medidas para evitar los fuertes desequilibrios que existen hoy en las cuentas nacionales. Se decidió entonces que, puesto que eran tan importantes esas medidas, fueran tomadas previo acuerdo de los distintos grupos políticos del Parlamento. En abril de 1995 comenzó su andadura, y en 2011 lanzaron sus últimas 21 recomendaciones. Entre ellas, el mantenimiento del poder adquisitivo, la prolongación de la edad de jubilación y la ampliación de los años cotizados para el cálculo de la pensión, recomendaciones que recogió la reforma de las pensiones realizada por el Gobierno Zapatero en 2011.

La Comisión debería haber renovado sus recomendaciones en enero de 2016, pero no lo hizo, y también al final de la última legislatura, pero tampoco. Desde las últimas presentadas han pasado nueve años y una tremenda crisis que nos ha deja con un déficit de 18.000 millones en la Seguridad Social el año pasado, y que se ha llevado por delante el Fondo de Reserva, (la hucha de las pensiones que llegó a tener 66.815 millones de euros y que hoy tiene 1.500 millones).

Cada año tenemos que pedir prestados más de 14.000 millones de euros para abonar las pagas extraordinarias de las pensiones. Sin embargo, el Pacto de Toledo lleva un año sin funcionar. A título informativo, por sus trabajos en la Comisión del Pacto de Toledo durante la anterior legislatura la presidenta recibió mensualmente 1.516 euros; los vicepresidentes (hay dos) y los portavoces (siete) 1.109 euros; y los secretarios (dos) y portavoces adjuntos (seis), 740 euros cada uno; independientemente de los 3.000 euros sus sueldos de diputado. Puede ser poco dada la transcendencia de sus decisiones, o mucho, si atendemos a los resultados.

La Seguridad Social y el Sistema de Pensiones constituyen un patrimonio común que nos interesa y afecta a todos de la misma manera. Recomendar las reformas necesarias en un documento que aprueben todos los grupos políticos, aseguraría que las medidas tomadas por un gobierno u otro no se reviertan. Esto es lo que pasó con la reforma de las pensiones de 2013. El Gobierno de Mariano Rajoy impuso por decreto la reforma, con medidas como el nuevo sistema de revalorización, que fijaba la subida en un 0,25% en periodos de crisis, y el factor de sostenibilidad, que ligaba las prestaciones a la esperanza de vida. Miles de personas salieron a la calle en contra de la reforma, y este rechazo popular enterró unas medidas que el PSOE ya ha anunciado que derogará. Por eso es importante que la Comisión emita unas recomendaciones consensuadas.

Las miras de muchos ciudadanos estarán puestas durante los próximos meses en los 37 diputados que componen la Comisión: 13 del PSOE, 9 del PP, 5 de VOX (novedad), 4 de Podemos, y uno cada uno de Ezquerra, Grupo Plural, Ciudadanos, Grupo Vasco, Bildu y Grupo Mixto respectivamente. Cuando en 2011 se emitieron las últimas recomendaciones, se pusieron de acuerdo seis grupos políticos, ahora deben ponerse de acuerdo diez. Magdalena Valerio, ministra de Trabajo en el Gobierno anterior, que ha sido nombrada presidenta de la Comisión, durante la toma de posesión recordó que el acuerdo "quedó bastante listo para sentencia" en la anterior legislatura.

Se refiere al borrador del acuerdo que estuvo a punto de aprobarse el año pasado y que finalmente no se aprobó. En este acuerdo se ultimaban medidas como eliminar el déficit y los préstamos a la Seguridad Social pagando con impuestos las políticas de empleo, que actualmente se pagan con las cotizaciones; revalorizar las pensiones conforme al IPC; y converger a un solo sistema con dos grandes regímenes: uno de asalariados y otro de trabajadores por cuenta propia, con una protección social equiparable y con una cotización similar de los trabajadores. Lo que no se ha explicado convenientemente es de dónde se saca el dinero para aplicar esas medidas.

Durante sus 25 años de andadura la Comisión ha recibido a los mayores expertos del país en materia de pensiones y seguridad social. En ella han aportado su conocimiento economistas, empresarios, sindicalistas, médicos, demógrafos, sociólogos, científicos, representantes del tercer sector, pensionistas... una larga lista de cientos de expertos en la materia. Con toda la información en su poder y un acuerdo político avanzado, ni la sociedad española, ni la Unión Europea, ni los organizamos internacionales entenderían que no se llegara a un acuerdo que permitiese mejorar la situación de un sistema que supone la mitad del Presupuesto del Estado.

Los miembros de la comisión son conscientes de ello, como demuestran las palabras de uno de los diputados más veteranos del Congreso, Ignacio Gil, que ejercía de presidente durante la constitución de la Comisión: "Quiero desearles, singularmente en este caso, en nombre del conjunto de la sociedad española, y dada la transcendental naturaleza de los trabajos que van a acometer, el mayor éxito en los mismos y el mayor grado de entendimiento y acuerdo posible. Sobre sus señorías recae, especialmente hoy, una tarea de importantísima responsabilidad".