La tramitación de la dependencia es el paradigma de las desigualdades de nuestro Estado de las Autonomías. Si eres un ciudadano de Castilla y León y pides un servicio, ya sea ayuda a domicilio, un centro de día o una residencia, o bien pides la prestación por cuidado familiar, es muy probable que puedas utilizarlo en un año. Sin embargo, si vives en Canarias, en Andalucía o Extremadura, pasarán hasta cuatro años hasta que disfrutes del servicio o prestación que te corresponde por Ley, para entonces, quizá es estado de la persona dependiente haya cambiado mucho. O se haya muerto. El año pasado murieron en España más de 50.000 personas que tenían reconocida una prestación o servicio sin llegar a recibirlo.

¿Quiénes son los más afortunados en este ranking de la desigualdad? Según los datos de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, en País Vasco, Navarra y Castilla y León en menos de un año desde que inicias el proceso estarás usando el servicio o prestación reconocida. El País Vasco, con 137 días de tramitación está a la cabeza, seguido de Navarra, donde tardan 155 días y Castilla y León, donde tardan 188 días de media para asignarte un servicio o prestación.

Le siguen en eficacia en la gestión Cantabria, 242 días, y Castilla-La Mancha, 245 días. Baleares, 269 días, Madrid, 297, la Rioja, 308, y Aragón, 364, también bajan de un año desde que empiezas a tramitar tu solicitud hasta que se reconoce una prestación o servicio.

Galicia (371), Murcia (483), Valencia (511), Cataluña (520), y Asturias (576 días), están en la media de la tabla con más de un año de trámites. Y los españoles que más tardan en acceder a los servicios son los extremeños (693 días), andaluces (699) y cierran esta clasificación los canarios, que tardan 923 días en que se les reconozca un servicio o prestación.

Estos datos se refieren al tiempo de tramitación de expedientes, es decir al tiempo transcurrido entre que presentas la solicitud y te reconocen finalmente un servicio o una prestación. Pero es que una vez reconocida la prestación o servicio pasas a la lista de espera. Te han reconocido un servicio o prestación, pero la administración tarda de unos meses a hasta más de dos años en ponerlo a tu disposición. En muchas ocasiones, para entonces la situación de la persona dependiente ha cambiado tanto que hay que volver a valorar, y reiniciar el proceso.

Según los últimos datos del Sistema de Atención a la Dependencia del Imserso, a 31 de enero de 2021 había en España 234.039 personas a la espera de recibir su prestación o servicio. También en este limbo de la dependencia hay diferencias en función de los recursos sociales que haya en cada comunidad autónoma.

Por ejemplo, en Cataluña el 32% de las personas a las que se les ha reconocido una prestación o servicio están en lista de espera. En la Rioja, Canarias, Andalucía, Madrid o Cantabria, también están a la espera de recibir su servicio o prestación cerca del 20% de los que la tienen reconocida. Es curioso el caso del País Vasco, que siendo la Comunidad que más rápido tramita las solicitudes, tiene al 17% de las aprobadas a espera de servicio o prestación.

Las más rápidas en asignar servicio o ingresarte la prestación son Baleares, Castilla-La Mancha, Galicia y Navarra, donde las listas de espera están por debajo del 10%. Si vives en Castilla y León estás de enhorabuena, sus habitantes reciben la prestación o servicio al mismo tiempo que se les reconoce. No tienen lista de espera.

La vicepresidencia de Derechos Sociales y las comunidades autónomas han aprobado un plan de choque para remediar los retrasos en recibir las ayudas de la dependencia, que incluye una financiación extra de 3.600 millones de euros hasta el 2023, así como la revisión del servicio que se ofrece, incrementado las horas de atención domiciliaria y la regulación a lo largo de este año de la figura del asistente personal.

Según el acuerdo, en el mes de febrero de 2021 se aprobará un plan específico para la reducción de la lista de espera, que incluirá también medidas de simplificación de los trámites administrativos. También se busca determinar que en la propia resolución de grado se establezca el Programa Individual de Atención (PIA), emitir que los PIA puedan ser modificados en función de los cambios de circunstancia de las personas, sin que ello suponga reiniciar complejos procedimientos administrativos y derogar definitivamente la posibilidad de suspender hasta dos años la percepción de prestaciones económicas, quedando limitada a los seis meses desde la presentación de la solicitud.

El Plan contempla establecer un "procedimiento urgente" de acceso a las prestaciones para personas dependientes de elevada vulnerabilidad y articular los sistemas de atención a personas dependientes cuando se trasladan de una comunidad a otra, reconociéndose automáticamente no solo el Grado de dependencia, sino implementándose el PIA de origen o uno de análoga intensidad.

Se prevé que al final de 2022 todas las personas dependientes con grado reconocido que vivan en su domicilio tendrán acceso al servicio de teleasistencia, que pasará a considerarse un derecho subjetivo ligado a la condición de dependencia.