Esther sacó a sus padres de la residencia el pasado 15 de abril. En lo peor de la pandemia. Aquello, posiblemente, les salvó la vida. Según datos oficiales de la Comunidad de Madrid, en los centros sociosanitarios han fallecido 4.826 personas. Ahora, la Consejería de Política Social le ha enviado una notificación a ella y a las otras 300 familias en su misma situación para que sus mayores vuelvan a las plazas que dejaron libres o podrían perderlas.

"Saqué a mis dos padres de Orpea Alcobendas. Mi madre me iba contando los despropósitos que había allí en todos los órdenes. Una desatención absoluta. Todo lo denuncié y nadie te hacía caso. Lo denuncié a la policía el 4 de abril y no cambió nada. Vi a mi padre en una videoconferencia y vi que tenía que sacarlos de allí. Los saqué el 15 de abril y me los llevé a su casa. Sigo pagando esa plaza. Mi madre tenía una plaza privada y no va a volver. Mi padre necesita sus terapias porque tiene un deterioro cognitivo y en ningún momento desde el 15 de abril he dejado de pagar su plaza", nos cuenta Esther.

Todo se remonta a mediados de 1994. Entonces, la Comunidad de Madrid establece que los familiares pueden sacar a sus mayores durante 45 días al año por si se los quieren llevar de vacaciones o estar con ellos en casa. En una situación normal y con el objetivo de que, si no vuelven, su plaza pueda ser ocupada por otra persona. Sin embargo, en la situación excepcional actual, el resorte burocrático se ha activado igualmente, sin tener en cuenta las circunstancias personales que acaecen a cada uno.

"En teoría nos quitan la plaza que estamos pagando y que necesitamos porque dicen que en las residencias ya hay una nueva normalidad, lo que es falso porque la lista de espera que tiene que correr. ¿Pero si ha habido tantos fallecidos no habrá más plazas libres?", se pregunta Esther, que lanza una recomendación a quienes estén planteando meter a sus familiares en una residencia. "Deberían informarse muy bien de dónde van a entrar sus familiares. Ahora es más parecido a una prisión que a una residencia".

El caso de Esther y el de las otras familias en la misma situación ha llegado hasta la Asociación Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias (PLADIGMARE), quienes están tratando de mediar entre la administración y los afectados para intentar llegar a una solución. Su presidente, Miguel Vázquez, se muestra pesimista al respecto. "La verdad es que es incomprensible el asunto, porque la gente sacó a los suyos de las residencias algunos porque lo vieron venir y otros porque la Comunidad les dio esa posibilidad porque no eran capaz de controlarlo", explica.

"No tiene ninguna razón de ser", continúa, "pone a las familias en un brete porque bastante sacrificio estarán realizando los que se han llevado a sus mayores. Y si no los llevan ahora es porque tienen miedo. Es un estado de necesidad".

La Comunidad de Madrid publicó en junio un protocolo de desescalada para las residencias. En él se detalla qué tienen que hacer los centros sociosanitarios para pasar a su particular fase 3. Entre estas medidas se encuentra establecer una evaluación para todos los residentes, "llevar a cabo un Plan de

desinfección integral semanal" o "amplíar el número de visitas a 3 a la semana". Sin embargo, para el presidente de PLADIGMARE, se pueden contar con los dedos de una mano las que han pasado a esta nueva fase.

"No te dan información de en qué fase están las residencias. La mayoría de las residencias no han pasado a la fase 3. Hay muy pocas que hayan estado con tres visitas a la semana que permitía la fase 3. Sin llegar a eso ni a la nueva normalidad les convidan a volver… no tiene sentido", se queja.

La Comunidad de Madrid, por su parte, se defiende argumentando que es "normal que se hayan enviado estas notificaciones porque es una normativa que sigue vigente", pero las fuentes consultadas aclaran que nadie va a perder su plaza "de la noche a la mañana", porque "se estudiará caso a caso" y porque, en este sentido, van a ser "flexibles y nada extremistas".

Según los datos facilitados por esta misma fuente, hay una lista de espera de, aproximadamente, 8.000 personas esperando para ocupar una plaza, por lo que "es normal" que se activen los resortes administrativos. Aún así, indican que lo que están recomendando desde la propia Consejería "es pedir una prórroga de los plazos" y, según sus datos, de las 200 familias afectadas tan solo han pedido la prórroga ocho. En este sentido, los familiares o residentes pueden pedir la prórroga a la propia residencia o a la Dirección General del Mayor.

Por último, también hacen un llamamiento "a la calma de las familias". En primer lugar porque este procedimiento se va a valorar individualmente y, en segundo lugar, porque "se están tomando todas las medidas de seguridad en las residencias, con el personal equipado, tests, tomas de temperatura, zonificación, etc.", indican.