Una investigación incómoda ¿sin responsables? Las familias siguen su lucha por los 7.000 ancianos muertos en residencias

Carmen López y Mª Jesús Valero han vuelto de Bruselas con una sonrisa en los labios. Después de que en España la Justicia les diera la espalda una y otra vez, ahora la Eurocámara se ha comprometido a investigar las muertes de más de 7.000 personas en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia, entre ellas, la madre de Carmen y el padre de Mª Jesús. Al igual que ellas, muchos familiares de los 35.000 fallecidos por Covid en residencias de todo el país piden que se aclare qué pasó, y se depuren responsabilidades. La reciente decisión del Parlamento Europeo abre la puerta a la esperanza. Merece la pena repasar los hitos más importantes de estos tres años de lucha.

Durante la mayor crisis sanitaria de los últimos 200 años, la primavera de 2020 el sistema de salud saltó por los aires, y se decidió que los mayores que vivían en residencias y estaban infectados, no tenían que ser trasladados a los hospitales, sino que tenían que ser atendidos en sus centros, unos centros que no tenían ni los medios, ni el personal ni el conocimiento para atender a los enfermos. No solo ocurrió en la Comunidad de Madrid, pasó en muchos lugares de España, y probablemente esa decisión condenó a muerte a miles de personas.

El 3 de marzo de 2020 saltan todas las alarmas en Madrid al fallecer por coronavirus una anciana de 99 años en el Hospital Gregorio Marañón. La mujer procedía de la residencia para la tercera edad de La Paz. Dos días más tarde, al menos once mayores y una auxiliar de enfermería del mismo centro dan positivo por Covid-19.

El 6 de marzo, las Consejerías de Políticas Sociales y Sanidad establecen un protocolo para estos centros que consiste principalmente en aislar a los ancianos con síntomas. El 8 de marzo, el mismo día que se permitió la gran manifestación del Día de la Mujer, se restringen las visitas a los residentes, y el 12 de marzo, el consejero de sanidad de la Comunidad de Madrid anuncia la medicalización de los centros de mayores para que los enfermos puedan ser atendidos en las propias residencias.

Nadie sabía bien qué estaba pasando ni la que se nos venía encima, pero esa decisión fue un error tremendo. Las residencias no tenían ni la infraestructura, ni el personal, ni las condiciones adecuadas para aislar a una persona con una enfermedad infecciosa. Eran el lugar ideal para que un virus se propagase, y lo hizo de manera implacable entre los residentes y los trabajadores de los centros.

El horror había empezado. De marzo a junio de 2020 murieron más de 20.000 personas en las residencias de todo el país, el 70% del total de muertes por Covid. Se prohibió la entrada a los familiares y amigos y la mayoría murieron en soledad sin poder despedirse de sus seres queridos y abandonados a su suerte y a la valentía de la gran mayoría de los profesionales que hicieron lo posible por salvarles.    

Amnistía Internacional documentó cinco violaciones de derechos humanos cometidas contra las personas mayores residentes. En concreto, por vulneración del derecho a la vida, a la salud, a la no discriminación, a la vida privada y familiar y el derecho a una muerte digna.

Nadie se ha hecho responsable de este error, y nadie ha sido declarado responsable de que algunas autoridades sanitarias elaboraran protocolos que prohibían la derivación de los residentes enfermos a los hospitales. 

El periodista Manuel Rico ha investigado en profundidad este tema, y asegura en su libro 'Vergüenza, el escándalo de las residencias', que para evitar que los hospitales se colapsaran con la llegada masiva de enfermos de residencias, "en comunidades como Madrid, Cataluña y Castilla y León, dejaron que los mayores se muriesen en las residencias sin recibir atención hospitalaria".

El periodista asegura que en Madrid, el director de Coordinación Sociosanitaria, dependiente de la Consejería de Sanidad de del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Carlos Mur, firmó un protocolo en el que se prohibía trasladar a los hospitales a los residentes que tuvieran un determinado nivel de dependencia o deterioro cognitivo. El Gobierno de Ayuso nunca reconoció la existencia ni la aplicación del protocolo, aduciendo que se trataba de un borrador.

A día de hoy ningún tribunal ha aceptado estos protocolos como prueba de que las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid cometieron un delito al discriminar de esta forma a un gran número de ciudadanos, los más vulnerables.  

Tampoco se explica por qué tan solo 23 personas que venían de residencias fueron atendidas en el hospital de campaña que se montó en Ifema, y donde fueron derivados cerca de 1.000 médicos de atención primaria, mientras que los mayores morían encerrados en sus centros.    

Lo que más inquieta a los familiares de los fallecidos es porqué se han puesto todo tipo de trabas a investigar en profundidad lo ocurrido. “Los fallecimientos de todas esas personas mayores no han recibido ni verdad, ni justicia, ni reparación, ni información por parte de las instituciones del Estado. Han quedado en la impunidad”, denuncia el director de Amnistía en España, Esteban Beltrán. “Las familias tenemos una decepción absoluta con la no intervención de la Fiscalía —y de la justicia en general— en la mayor parte de los casos. Nos hemos sentido absolutamente abandonados, no se ha investigado lo suficiente”, incide en la misma línea Paulino Campos, cofundador de La Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuarias de Residencias.

La Fiscalía no ha querido investigar de oficio, y se ha limitado a instar a los fiscales a que investiguen las denuncias que les lleguen. Aunque el propio Ministerio Fiscal ha reconocido que se produjo una situación objetiva de vulneración de derechos fundamentales en las residencias, de las diligencias de investigación penal llevadas a término por la propia institución, casi el 90% han sido archivadas sin llevar el caso a los tribunales.

El Consejo General del Poder Judicial tampoco ha realizado seguimiento sobre si estas víctimas están consiguiendo acceso a la justicia como indican las normas internacionales: no lleva a cabo un cómputo de los casos en tribunales, ni ha incorporado en su estadística judicial un indicador de recogida de datos de actividad judicial que permita hacer seguimiento global de estas causas, contribuyendo así a la falta de información y transparencia.

Es una investigación incómoda porque todas las administraciones tienen parte de culpa en lo sucedido.

La responsabilidad última de la gestión de la pandemia estaba en el Gobierno, en virtud del decreto de Estado de Alarma del 14 de marzo de 2020, en el que se especificaba que "todas las autoridades civiles sanitarias de las administraciones públicas del territorio nacional, así como los demás funcionarios y trabajadores al servicio de las mismas, quedarán bajo las órdenes directas del Ministro de Sanidad en cuanto sea necesario para la protección de personas, bienes y lugares, pudiendo imponerles servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza". Y también en una orden del 17 de marzo en la que se indicaba a las residencias cómo debían actuar ante la pandemia. Al menos hasta el 21 de junio, cuando decayó el Estado de Alarma, las competencias estaban asumidas por el Gobierno.

Pero lo cierto es que la gestión seguía en manos de las CCAA. Tan solo las Cortes de Castilla y León han creado una comisión de investigación que se ha cerrado sin atribuir responsabilidad alguna. Los demás parlamentos de las CCAA no han considerado necesario crear comisiones de investigación que depuren responsabilidades, o al menos investiguen qué sucedió en los distintos territorios.

Ante esta situación son los familiares quienes han presentando denuncias o querellas en los Tribunales, que en su gran mayoría están siendo archivadas. Los datos proporcionados por la Fiscalía indican que el grueso de las investigaciones, más de 400, comenzaron durante 2020 y la primera mitad de 2021, y concluyeron antes de 2022 siendo archivadas, al constatarse que los hechos estaban ya judicializados, por acumulación a otras diligencias ya abiertas o por no haber podido acreditarse que existió un hecho delictivo.

“Me he sentido abandonada, decepcionada y algo que no podré entender nunca: cómo una sociedad puede participar una masacre de estas características, única en la democracia, y que aún nadie haya tomado medidas para que se haga justicia y, sobre todo, para que nunca más se vuelva a repetir”, explica Carmen López, la portavoz de Marea Residencias.

El 20 de septiembre Carmen López junto a Mª Jesús Valero, presentaron una petición en el Parlamento para que una misión de eurodiputados viaje a Madrid para esclarecer las muertes que se produjeron en las residencias en la Comunidad de Madrid. La petición ha sido aceptada, lo que deja abierta una pequeña ventana a la esperanza a la que agarrarse. Pero una ventana muy pequeña. No hay posibilidades de organizar ninguna misión de eurodiputados a Madrid ni en 2023 porque ya están planificadas, ni en 2024 porque por la celebración de elecciones europeas no será posible. 

Pero los afectados no se rinden. "Vamos a seguir peleando, el tiempo que haga falta. Si se hubiera investigado no estaríamos aquí. Si se ha hecho todo correctamente ¿a qué tienen miedo?", concluye Mª Jesús Valero.