La depresión es uno de los trastornos que afectan a la salud mental más frecuentes. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta enfermedad afecta a aproximadamente 3,8% de la población mundial, lo que supone que alrededor de 280 millones de personas en todo el mundo la sufren.
Este trastorno, que afecta a un 5% de la población adulta en todo el mundo, se caracteriza por inducir a sus pacientes en un profundo estado de tristeza que les provoca una pérdida de interés y placer en las actividades cotidianas de su día a día. Sus síntomas son variados, y entre ellos se incluyen alteraciones en el sueño, cansancio, baja autoestima, sentimientos de culpa excesiva, falta de esperanza respecto al futuro y pensamientos de muerte y suicidio, entre otros.
En España, los trabajadores afectados por este trastorno pueden acogerse a una pensión por incapacidad permanente, una prestación que la Seguridad Social reconoce a aquellos trabajadores que, tras haber estado sometidos al tratamiento médico prescrito y haber obtenido el alta médicamente, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves y previsiblemente definitivas que disminuyen o anulan su capacidad laboral.
Esta prestación la concede el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), la entidad gestora de la Seguridad Social dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y para poder acceder a ella es necesario que los trabajadores se den de baja en su empleo y que cumplan con las condiciones y requisitos mínimos.
Cuando un trabajador padece depresión, el INSS puede concederle una baja por incapacidad temporal de 365 días, prorrogable en 180 días más, siempre y cuando se recoja en el alta médica, tal y como señalan desde el medio Noticias Trabajo.
Transcurrido este tiempo, y si los síntomas depresivos persisten, el trabajador puede alcanzar una incapacidad permanente, aunque para ello debe demostrar que, efectivamente, padece síntomas que le impiden seguir desempeñando su actividad laboral.
Para ello, los trabajadores deberán someterse a un examen médico elaborado por el Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI), un órgano conocido popularmente como el Tribunal Médico de la Seguridad Social que se encarga de inspeccionar, evaluar y revisar las patologías de los pacientes para determinar su derecho a cobrar la pensión por incapacidad permanente.
En función de los resultados de la revisión médica, el EVI puede reconocer tres tipos de incapacidad permanente por depresión: la incapacidad permanente parcial, la incapacidad permanente total y la incapacidad permanente absoluta.
La incapacidad permanente parcial es aquella que provoca una disminución en el rendimiento habitual del trabajador en su profesión de, como mínimo, un 33%, sin impedirle realizar las tareas fundamentales de su trabajo. En este caso, los beneficiarios reciben una prestación equivalente a 24 mensualidades de su base reguladora, que se abona en un único pago y que está sujeta al IRPF.
La incapacidad permanente total, por su parte, es aquella que inhabilita al trabajador para realizar las tareas fundamentales de su profesión habitual, aunque le permitiría dedicarse a otro empleo distinto. En este caso, los beneficiarios reciben una prestación equivalente al 55% de su base reguladora, que estará sujeta al IRPF.
La incapacidad permanente absoluta, en cambio, es aquella que inhabilita al trabajador para ejercer cualquier tipo de profesión. En este caso, los beneficiarios tendrán derecho a la totalidad de su base reguladora, y la prestación estará exenta del IRPF.
Las ayudas se revisarán y renovarán con el paso del tiempo, en base a los exámenes que vaya realizando el EVI, y el trabajador las cobrará mientras perdure su situación de incapacidad.