El Gobierno se ha comprometido a cambiar el modelo de residencias y a solucionar los graves problemas que aquejan a los cuidados de larga duración con un Plan de Choque que incluye más propósitos que medidas.
Después de un año de investigación, y tras hablar con empresarios, profesionales y expertos en cuidados, el periodista Manuel Rico recoge en su libro Vergüenza, el escándalo de las residencias una serie de medidas que mejorarían la calidad de vida de las personas que viven en estos centros.
Las ratios actuales (la proporción entre el número de cuidadores y las personas atendidas) son insuficientes, cada CCAA exige un ratio diferente, y en muchas se mantienen las de hace 15 años, cuando el perfil de los usuarios era distinto. Ahora quienes llegan a una residencia son más dependientes, y por tanto, necesitan más atención y por consiguiente, más personal.
El sueldo medio de un gerocultor, el profesional más común en las residencias, está entorno a los 1.000 euros al mes. La precariedad hace que muchos tengan que trabajar a destajo, en varios centros a la vez. Es imprescindible elevar los sueldos de los trabajadores.
Actualmente parece que cualquiera vale para cuidar a los más mayores. Los actuales certificados de profesionalidad o acreditación de la experiencia se consiguen fácilmente incluso por internet. Sería preciso exigir una formación profesional equivalente a auxiliar de clínica, es decir, dos años, y a los que ya están trabajando, darles una formación continua que les capacite para realizar su labor, y les permita desarrollarse profesionalmente.
Actualmente la administración está pagando entre 55 y 60 euros al día por cada plaza concertada. Los empresarios se quejan, con razón, que con este dinero es imposible atender debidamente a una persona que necesita cuidados 24 horas al día. El precio debería subir hasta los 70 u 80 euros como mínimo. Además, sería conveniente que el precio fuese diferente según el perfil del usuario: a mayor dependencia, más dinero.
El modelo de macro centros con cientos de plazas es obsoleto. En las grandes residencias es donde ha habido un mayor número de fallecimientos durante la pandemia. Hay que cambiar la Ley para limitar el tamaño máximo de los centros. El Gobierno de Navarra ha aprobado en diciembre de 2020 una normativa que prohíbe la construcción de residencias de más de 130 plazas, y especifica que el 80% de las habitaciones deben ser individuales.
Las residencias deberían ser consideradas infraestructuras críticas por el Sistema nacional de Salud. Esto les obligaría a tener planes de contingencia para saber cómo actuar si se repitiera una pandemia. También las empresas o gestores de las residencias deberían tener planes de contingencia conocidos al detalle por los trabajadores.
Entrar en un geriátrico no significa que pierdas el derecho a la sanidad, cada CCAA debería garantizarlo. Una forma eficaz puede ser asignando a cada centro los profesionales necesarios conforme al número de residentes, independientemente del personal sanitario que debe tener cada residencia.
El 87% de las plazas residenciales están gestionadas por empresas privadas. Ningún otro pilar del Estado de Bienestar sufre una privatización tan mayoritaria, que deja todo el poder en manos de las empresas, que hacen gran parte de su negocio con dinero público. Hay dos fórmulas para buscar un mayor equilibrio entre lo público y lo privado: primero que se construyan más residencias públicas con gestión pública; y segundo, que se devuelvan a la gestión pública las residencias de la administración que ahora gestionan empresas privadas, una vez se cumplan los contratos en vigor.
A la hora de adjudicar el contrato de gestión de una residencia, la administración prima el precio por encima de otras cuestiones. Las multinacionales que pujan por estos contratos ofrecen precios a la baja y luego recortan en servicios para obtener el beneficio previsto. Hay que cambiar el sistema de adjudicaciones para que primen más cuestiones como la calidad del servicio, la interacción social o la satisfacción de los usuarios. También ayudaría limitar el lucro, como en Suecia, donde el beneficio industrial no puede superar el 8%.
Los fondos de private equity que han entrado en alguno de los principales grupos residenciales tienen estructuras societarias opacas que impiden saber quién o quiénes son los dueños de las compañías. Puede darse la circunstancia que sean personas dedicadas a actividades ilícitas, o familiares o afines a quienes deciden la adjudicación de un concurso público. Por ello debería establecerse en la legislación que los que opten a un concurso público deban identificar al titular de la empresa.
El cuidado de los mayores no debe dejarse en manos de empresas que se dedican a la especulación, como hacen los fondos de private equity. Los Gobiernos inventaron la "acción de oro" para proteger a las compañías consideradas estratégicas. Debería implantarse una "acción de plata" para proteger a los colectivos vulnerables frente a la especulación financiera.
En España hay poco más de 200 inspectores para más de 5.000 residencias. Se comprueban los protocolos y poco más. Se debería controlar si la calidad de vida de los usuarios es buena y si reciben un trato adecuado. Se debería establecer la obligación de realizar dos inspecciones al año en cada residencia, y publicar en una web los resultados de esas inspecciones, como se hace en Alemania o el Reino Unido. De esta forma, los usuarios y sus familiares podrían tomar la decisión de ingresar en un centro con más conocimiento de causa.