Si has bajado al supermercado en los últimos meses, es probable que te hayas encontrado con algunos alimentos con nuevas etiquetas con letras y colores.
El llamado Nutri-Score, el nuevo sistema de etiquetado frontal, desembarcaba el pasado mes de enero en España después de haber sido aprobado en otros países de la Unión Europea como Francia, Holanda y Alemania.
Su objetivo es muy sencillo: ayudar al consumidor a conocer la calidad nutricional de los alimentos de un solo vistazo para que pueda llevar una dieta más saludable y combatir el riesgo de sufrir obesidad, un problema que, según los datos de 2016 de la OMS, afecta ya a 650 millones de personas en todo el mundo.
Hasta aquí, todo correcto. El Nutri-Score parece una fórmula ideal para luchar contra los alimentos menos saludables que cada día se cuelan en nuestra cesta de la compra sin que seamos plenamente conscientes de sus defectos.
Sin embargo, la realidad es muy distinta. Desde el momento en el que el ministro de Consumo, Alberto Garzón, anunció su intención oficializar este nuevo etiquetado para luchar contra los malos hábitos alimenticios, son muchos los nutricionistas que se han mostrado críticos con el sistema por considerarlo confuso e ineficiente.
Tal y como apunta Cristina Morillo Barco, nutricionista de BluaU de Sanitas, el Nutri-Score tiene dos grandes problemas. Por un lado, no incluye los alimentos frescos, ya que no son envasados, a pesar de que desde el punto de vista nutricional son los más recomendables.
Por otro, otorga a algunos productos nocivos, como los refrescos light, una mejor calificación que a otros mucho más beneficiosos, como el aceite de oliva, ya que, a la hora de puntuar, no valora la calidad de la grasa, sino su porcentaje.
“Los alimentos considerados saludables son los que tienen una mayor composición de proteínas y fibra, así como mayor cantidad de frutas, verduras, legumbres y frutos secos”, explica la doctora Morillo. “Por el contrario, los menos saludables, según Nutri-Score, son los que contienen un mayor aporte calórico y más cantidad de azúcares simples, ácidos grasos saturados y sodio”, añade.
Esto implica no solo que algunos alimentos completamente saludables, como el ya mencionado aceite de oliva o las anchoas, tengan una mala calificación, sino que las empresas pueden utilizar estos datos para blanquear sus productos.
“Con este conocimiento, la industria alimentaria puede alterar la composición o ingredientes de sus productos para que que parezcan más saludables sin serlo, añadiendo más fibra o sustituyendo el azúcar por edulcorantes”, critica la doctora Morillo.
Pese a todo, está previsto que el Nutri-Score, que de momento es de uso voluntario en nuestro país, se implemente de manera general en nuestro país a finales de 2021, según las estimaciones del Ministerio de Consumo.
A pesar de sus defectos, el departamento de Garzón considera que esta nueva herramienta sí puede ayudarnos a mejorar nuestra alimentación, tal y como afirma un estudio de 2017 de la Revista Española de Nutrición Comunitaria, que recoge que este etiquetado puede mejorar en un 9,3% la calidad de nuestra cesta de la compra.
En este sentido, la doctora Morillo señala que uno de los beneficios de este etiquetado frontal es que permite que, en teoría, identifiquemos los alimentos ultraprocesados, ricos en grasas y azúcares, de una forma más sencilla, visual e intuitiva. ¿Cómo lo hace? Muy sencillo: mediante letras y colores.
“El Nutri-Score se conoce, coloquialmente, como el semáforo alimenticio, ya que clasifica a los alimentos por una escala de colores, desde el verde hasta el rojo”, explica. “Además, también lleva un abecedario”.
De este modo, la etiqueta Nutri-Score ordenaría los alimentos así, de más saludable a menos saludable:
Para clasificar los productos, este método utiliza un algoritmo matemático desarrollado en 2005 por la Universidad de Oxford en base a diferentes estudios científicos que analizaban los nutrientes de los alimentos asociados con una mejor calidad de vida.
La herramienta ha sido validada por Food Standards Agency (FSA) y la OMS y, de momento, está previsto que se implemente en siete países de la Unión Europea: Bélgica, Francia, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, España y Suiza.