{{#section.link.href}}
{{section.link.title}}
{{/section.link.href}}
Es el ruido del silencio y cada día que pasa se vuelve más inquietante, tanto para quienes cometieron el delito como para sus cómplices. El psiquiatra Miguel Hurtado y el escritor Alejandro Palomas, víctimas de abusos sexuales infantiles en el seno de la Iglesia, han roto el mutismo que durante décadas amparó a los agresores (y a los que los protegieron) y exigen, no solo una investigación a fondo de lo que ocurrió, sino una modificación del Código Penal que acabe con su impunidad y no permita la prescripción del delito. Lo que ahora se debatirá es qué forma tomará esta investigación.
A su reivindicación se han sumado al menos 45.000 firmas que piden al Congreso de los Diputados una comisión de la verdad y el fin de la connivencia de la Iglesia con los religiosos pederastas. Cada día asistimos a un testimonio en primera persona, similar al de Hurtado y Palomas, de gente que se arma de valor y vence la sensación de vergüenza y culpa. Hurtado considera que hablar es terapéutico y escuchar nos fortalece como sociedad.
En 2019, la Fiscalía General del Estado ya advirtió de que las medidas tomadas por la Iglesia ante las denuncias por pederastia eran deficientes y urgió a la Iglesia a llevar a la justicia cada sospecha sin que antes pasasen por los filtros internos de verificación. En abril de 2021, la Iglesia reveló datos de casos de abusos sexuales a menores cometidos por religiosos desde 2001 y admitió que desde entonces 220 clérigos había sido denunciados.
La congregación de La Salle, el colegio en el que Alejandro Palomas sufrió los abusos sexuales que denuncia, ha contactado con él para conocer los datos y pedirle perdón. Según explica en un comunicado, la institución ha iniciado un procedimiento interno y está tomando declaración a varios compañeros, profesores u otras personas que pudieron tener conocimiento en aquel momento, hace algo más de 45 años.
Indican que su deseo es "poner toda esa información a disposición de las autoridades, con independencia de que tengan o no trascendencia penal". La Salle reconoce que en los últimos años ha trasladado varias denuncias contra religiosos y educadores sobre otros hechos ocurridos previamente a la prescripción del delito y que han sido admitidas a trámite por la Audiencia Nacional.
Organizaciones como Save The Children se han sumado a la petición de investigación de los abusos en la Iglesia, la educación y el deporte. Esta ONG considera que la investigación interna no es suficiente, por lo que su director general en España, Andrés Conde, pide que sean las autoridades competentes, como los servicios sociales y los juzgados de instrucción, las que asuman este trabajo: "En un momento en el que los abusos sexuales hacia niños y niñas ocupan el centro en nuestra agenda política, insistimos en la necesidad de que las investigaciones sobre estos abusos sean realizadas por las autoridades competentes. Las investigaciones internas de instituciones religiosas, educativas o deportivas no son suficientes".
Conde señala que el inmenso sufrimiento de los supervivientes de abusos sexuales durante su infancia exige reparación y justicia y recuerda que "no es una cuestión del pasado", sino que se sigue produciendo. Save The Children señala que el año pasado se registraron más de 5.300 denuncias por abusos y agresiones sexuales contra menores en España.
El Gobierno ha expresado su compromiso para trabajar "del lado de las víctimas" y "buscar la mejor fórmula y dar respuesta a esta situación tan reprochable". Alejandro Palomas se reunió el 3 de febrero con Pedro Sánchez y le trasladó la petición de una comisión de investigación. Aunque no se concretó, sí hubo voluntad: "Hay que investigar sin causar más heridas", le respondió el presidente del Gobierno. El escritor confía en que las próximas semanas se decidirá su formato, si será una comisión de investigación parlamentaria o una comisión independiente de expertos.
"Queremos que se investiguen los abusos para reparar su dolor y que no vuelvan a ocurrir, estamos comprometidos con las víctimas, estudiando con absoluta determinación todas las fórmulas posibles para hacerlo de la mejor manera, que permita que se esclarezcan los hechos", declaró recientemente la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en rueda de prensa.
Miguel Hurtado apuesta por una comisión liderada por expertos independientes, con amplios poderes de investigación y recursos materiales y humanos suficientes. Pone como ejemplo la Real Comisión australiana, que investigó durante cinco años los abusos sexuales de menores en el seno de instituciones religiosas y públicas del país.
Esta comisión recabó los testimonios de más de 8.000 personas y entrevistó a unos 1.300 testigos. Durante 57 audiencias públicas comparecieron altos cargos religiosos como parte de la investigación de 44 casos en instituciones católicas. La Iglesia católica, con fuerte presencia en Australia, recibió unas 4.500 quejas por presuntos abusos cometidos por al menos 1.880 religiosos entre 1980 y 2015, aunque algunos eran anteriores. La Comisión Real aportó algunas recomendaciones sobre cómo indemnizar a las víctimas y aplicar mayores sanciones a los agresores.
Hurtado aconseja una investigación sosegada por parte de un equipo especializado que esclarezca la verdad y la pederastia salga definitivamente de su secretismo, castigando al delincuente y protegiendo a las víctimas.
Lo que están reclamando tanto Hurtado como Palomas es acabar con la prescripción del delito y garantizar una tolerancia cero con los abusadores y los encubridores, expulsión de la vida religiosa, indemnización a las víctimas, entrega de los archivos canónigos a la justicia y denuncia automática de todos los casos a la policía. Por otra parte, son medidas que ayudarían a generar una cultura donde el ciudadano pierda el pudor al hablar de los abusos.