El lío del Consell de Cent de Barcelona en tres claves: ¿Por qué quitar un paseo peatonal que alaba todo el mundo?
La jueza da por bueno un recurso presentado por una asociación de comerciantes y le da la razón a quienes sostienen que se ha hecho sin respetar la legalidad
Las supermanzanas son parte de las políticas sociales y sostenibles que intentó implementar Ada Colau durante sus años como alcaldesa
Una sentencia judicial podría obligar a desmantelar una de los espacios más granes 'ganados al coche' en Barcelona
La necesidad de ciudades más sostenibles, menos contaminantes, más humanas, es un tema de sanidad pública urgente. El consenso, sin embargo, parece darse entre los ciudadanos pero no entre todas las autoridades a su servicio. Esta semana, la titular del juzgado contencioso-administrativo número 5 de Barcelona ha ordenado el desmantelamiento de uno de las llamadas 'supermanzanas' -espacios ganados al coche y reconvertido sne peatonales con identidad verde- más importantes del centro de la ciudad. ¿La razón? Según la jueza, la peatonalización de ese tramo de la calle Consell de Cent, donde está ubicada la obra, le resta a la travesía su calidad viaria, es decir, de interconectar tramos de la ciudad y "evita que se haga realidad el enlace con las vías básicas, ya que solo se permite el acceso a los vehículos que tienen origen o destino en esta calle, y no el paso, ya que los expulsa del mismo".
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¿Qué es L'Eix Verd?
El Eje Verde (Eix Verd en catalán) es la más grande de las supermanzanas destinadas a reducir la contaminación en Barcelona, y forma parte de un plan ideado por la ex alcaldesa Ada Colau para implementar las llamadas superilles (superislas, o 'supermanzanas' como de las conoce en castellano) que son los espacios, o islas no contaminantes, que se crean retirando a coches de las calles (o de tramos de ellas) y habilitando nuevas zonas de ocio, ejercicio o áreas verdes. No son propiamente parques, sino vías peatonalizadas (no pierden su carácter transitable ni, en esencia, su función de comunicar con otras calles). El Eje Verde, que ocupa gran parte del Eixample barcelonés, es el más grande de estos proyectos. Un estudio de la Agencia de Salud Pública (ASPB) señalaba en 2021 que en los barrios con supermanzanas implementadas el dióxido de nitrógenos se redujo hasta en un 25%.
Del 'la culpa de todo la tiene Colau' al desmantelamiento
Sin embargo, este dato no parece ser satisfacer a todos los sectores de la opinión pública. Es el caso de la Unión de Ejes Comerciales Turísticos de Barcelona (Barcelona Oberta), que siempre se opuso al proyecto del Eje Verde, y quienes interpusieron el recurso ante el juzgado argumentando, entre otras coas, que "que la planificación de las supermanzanas de Barcelona se hace con total independencia del planeamiento urbanístico y no se respeta el Plan General Metropolitano". Es precisamente el punto en que la jueza les ha dado la razón ya que estima que para realizar la obra (ya ejecutada) se debía modificar precisamente dicho plan. La jueza señala, en ese sentido, que el artículo 196.3 del PGM establece que la red viaria local tiene como misión principal "dar acceso a las edificaciones y enlazar con las vías básicas" y que la peatonazlización hace que esto sea de 'imposible cumplimiento'.
Entre los detractores de los proyectos de supermanzanas se esgrimen, además, argumentos como que estos espacios crearían problemas de accesibilidad en los mismos domicilios de servicios básicos, además de los problemas económicos (ya que, aseguran, el arrancado del asfalto y su eventual reposición supondría un golpe para el erario), afecta al turismo, al comercio, etc. Sostienen también que en este tipo de proyectos urbanísticos 'prima la ideología antes que la legalidad'
¿Y ahora qué?
La sentencia de la jueza obliga a "retornar las actuaciones al estado en que se encontraban con anterioridad a su aprobación" , es decir antes del acuerdo de Ayuntamiento por que se realizó la obra, lo que podría significar la desmantelación de la misma, con el consiguiente costo para la ciudad. En todo caso, la sentencia no es firme, ya que el Ayuntamiento de Barcelona puede interponer un recurso de apelación en un plazo de quince días que tendrá que resolver la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.