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Todos los que hemos intentado conseguir una cita para cualquier tipo de gestión pública lo hemos sufrido: trámites interminables, organismos desbordados, teléfonos que no responden y tiempos de espera indeterminados. Formalidades que no deberían llevarnos más que unos minutos terminan convirtiéndose en toda una odisea, posiblemente sin premio final. Esta situación está favoreciendo que el mercado negro de citas previas, desde hace años objeto de mercadeo, se esté extendiendo también a la Administración.
El negocio está en pleno auge con los trámites relacionados con Extranjería, pero también con la Seguridad Social. Conseguir una cita para pedir asilo puede llegar a costar hasta 500 euros. Y lograr que un funcionario te reciba para una simple revisión de la pensión se está cotizando ya a 50 euros. Se trata de un negocio clandestino a plena vista. Son organizaciones o particulares que utilizan sofisticados (o no tanto) software para conseguir las codiciadas citas y luego revenderlas por un módico precio.
La Administración es consciente de que existe todo un mercado de 'conseguidores' de citas para la Seguridad Social, Hacienda o Tráfico a través de WhatsApp o Wallapop que al final contribuye al colapso del sistema. Las personas que recurren a estos servicios suelen estar desesperadas, y de esa angustia se valen estos intermediarios. Para mucha gente de avanzada edad sacar cita por Internet para la Seguridad Social es un trámite poco menos que imposible, por lo que algunos acaban acudiendo a estos métodos clandestinos. Aún peor es cuando al fraude se le suma el engaño. Y la víctima se queda sin dinero y sin cita.
¿Quiénes suelen ser estos intermediarios de citas? Pues, esencialmente, extranjeros. Como recuerda 'El País', en España hay 5,5 millones de ciudadanos de países de fuera de la UE, y todos ellos necesitan trámites y citas de forma recurrente para mantener en orden sus papeles. Por tanto, los precios se disparan, sobre todo en provincias como Madrid y Barcelona, donde hay más peticiones.
El modus operandi consiste en que los compradores de turnos piden el número de identificación de extranjero, el nombre completo, la nacionalidad, un correo electrónico y la provincia en la que quiere hacerse el trámite. Cuando la página web libera las citas previas, se lanzan a acaparar el mayor número posible de turnos que ya les han encargado previamente. La cita se paga una vez que está confirmada, en persona, por transferencia, mediante ingreso bancario o por Bizum.
En el caso de la Seguridad Social, el método es menos sofisticado. Los 'conseguidores' se ofrecen a permanecer el tiempo necesario frente al ordenador, refrescando las páginas en las que se publican las citas continuamente a cambio de dinero.
¿Qué se hace para frenar esto? La Administración, poca cosa. Ni ofrece citas suficientes que hagan innecesario el negocio de las mafias, ni ha impuesto cortafuegos de forma generalizada que impidan la aparición de un mercado negro. La Seguridad Social asegura estar tomando medidas para reducir al mínimo las citas solicitadas a a través de robots automatizados, la única modalidad fraudulenta de la que se ha realizado un seguimiento. Fuentes policiales admiten a 'La opinión de Murcia' que existe un vacío legal a la hora de perseguir estas conductas. Y a esto hay que sumar que quien quiere conseguir su cita, no va a denunciar.