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Tener a los hijos adolescentes enganchados a las redes sociales y a internet a cualquier hora del día es un problema con el que lidiamos la mayoría de padres. Recientemente, en el pueblo de Messanges, al sur de Francia, un hombre quiso acabar con el asunto de manera radical. Compró un inhibidor de ondas multibanda, capaz de bloquear la señal WiFi y los datos móviles, para obligar a sus vástagos a estar desconectados al menos de 12 de la noche a tres de la mañana. El problema es que, además de a los niños, sin querer estaba impidiendo conectarse a internet a medio pueblo. El hombre se enfrenta a una pena de hasta seis meses de cárcel y a una multa de hasta 30.000 euros.
El uso de este tipo de dispositivos está prohibido en Francia, pero quizás te preguntes si en España sí nos podríamos servir de ellos para controlar el tiempo que nuestros hijos pasan conectados a través de móviles, tabletas y ordenadores, dado que en un rápido rastreo por la red no te habrá resultado complicado encontrar varios modelos a la venta, o incluso tutoriales para hacerlos uno mismo. La respuesta rápida es que no, pero te vamos a explicar cómo funcionan estos aparatos y por qué es ilegal su uso para particulares.
Los inhibidores de frecuencia son aparatos que tienen el propósito de interrumpir las comunicaciones inalámbricas. Lo hacen provocando ruido blanco e información no útil para que la comunicación verdadera quede opacada. Los hay de distinto tipo (de frecuencia, de señal, de GPS, bluetooth...) y tamaño, pues pueden ser tan pequeños como un móvil o tan grandes como una maleta. Se inventaron en la Segunda Guerra Mundial para interferir las comunicaciones del bando enemigo, pero su uso ha llegado hasta nuestros días con otros propósitos, muchas veces delictivos, como anular las alarmas de una casa y entrar a robar.
Es cierto que a un inhibidor WiFi podría tener implicaciones positivas en materia de seguridad para empresas o instituciones, como por ejemplo impedir que un tercero se pueda conectar a la señal a través de un dispositivo móvil, o para prevenir fugas o robos de información confidencial mediante la transmisión inalámbrica de datos, pero también es muy sencillo darle un uso indebido, incluso sin ser consciente de ello, como demuestra el caso del padre de Messanges.
Además, resulta difícil saber con exactitud el radio de acción que puede tener un inhibidor WiFi. Por ejemplo, hace unos años se popularizó su uso en algunas universidades españolas para impedir las tretas de algunos alumnos que se conectaban con pinganillo a una persona en el exterior que les 'soplaba' las respuestas de los exámenes. El problema es que el radio de acción de los inhibidores no es controlable y podía perjudicar a usuarios que no estuvieran presentes en el aula del examen. También se pueden crear accidentalmente interferencias en el canal de comunicación de autoridades o instituciones públicas.
A causa de este tipo de circunstancias las autoridades tuvieron que posicionarse sobre el uso de estos dispositivos. En ese sentido a Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones es muy clara. Establece que un inhibidor de frecuencia solo podrá ser usado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y por las Administraciones Públicas, y exclusivamente con fines de seguridad.
Las sanciones a las que nos exponemos en caso de no hacer caso van desde los 500.000 euros en el caso de que se considere una infracción grave hasta los 20 millones de euros en el caso de que se declarase como una infracción muy grave.
La Directiva 1999/5/CE adoptada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo señala literalmente que “los inhibidores de frecuencia, inhibidores de telefonía móvil, inhibidores de comunicaciones y todo tipo de inhibidores que interfieren, dificultan o entorpecen las comunicaciones, no pueden ser importados, puestos a la venta, llevar el marcado CE, ni pueden ser utilizados en todo el territorio español, salvo las excepciones que se señalan en la propia Directiva“, tales como las actividades relacionadas con la seguridad pública, la defensa nacional o la seguridad del estado.
Además, un informe de la Unidad Central de Seguridad Privada del Ministerio de Interior refuerza todo esto remarcando que “los dispositivos inhibidores de frecuencia sólo pueden ser usados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Administraciones Públicas autorizadas, por lo que, en la actualidad, todos aquellos que se estén utilizando fuera de esta excepción, y sin la autorización expresa de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, se encuentran al margen de la legislación vigente, pudiendo aplicarse, en consecuencia, previa denuncia, el correspondiente régimen sancionador por parte del organismo competente”.
Queda claro, pues, que los inhibidores Wifi no son legales, y la normativa europea también es muy clara respecto a su venta. Estos artefactos no pueden ser importados, comercializados, instalados, llevar el certificado CE y puestos en funcionamiento en ningún lugar de la Unión Europea. A pesar de ello, es fácil acceder a todo tipo de dispositivos y precios en numerosas tiendas online. De hecho, algunas de ellas defienden la legalidad del uso de los inhibidores, apelando al derecho de aislar una propiedad privada de ondas. Pero la realidad es que su uso, importación y venta es ilegal.
Entonces, ¿tenemos alguna alternativa legal para limitar el uso de internet de nuestros hijos y tratar de impedir los problemas de dependencia y descontrol que ello conlleva? Una solución para esto es el uso de controles parentales a través del router. Esto nos permite a los padres establecer establecer horarios de conexión a internet de los dispositivos de los niños, así como limitar las horas de conexión o programarlas, e incluso bloquear su acceso.
Si el router que tenemos en nuestro hogar no nos ofrece la opción de limitar el WiFi podemos utilizar programas gratuitos que permiten establecer pautas y reglas sobre nuestra conexión de Internet o fijar prioridades sobre el uso de la banda ancha sobre ciertos dispositivos.
También existen apps de control parental para restringir el uso o la instalación de aplicaciones, bloquear el contenido inapropiado e imponer límites de tiempo de uso. Por norma general, tendrás que instalar la app tanto en el móvil de tu hijo como en el tuyo y asociarlos a una cuenta creada específicamente para este procedimiento.