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Este verano no fue solo extremadamente cálido, sino también extremadamente seco. Así lo reflejan los últimos datos oficiales de la AEMET (Agencia Estatal de Meteorología), que señalan que el trimestre compuesto por junio, julio y agosto fue el más cálido desde 1961 y el noveno más seco de la serie histórica.
Los resultados del verano no son aislados. De acuerdo a la AEMET, el 2022 es, por el momento, el año más cálido y el tercero más seco de la serie histórica. El pasado mes de septiembre, según señalan, mantuvo la tendencia registrada en verano, con unas temperaturas altas que lo sitúan como el octavo mes de septiembre más cálido del siglo XXI y unas precipitaciones escasas en la mayor parte del país, con excepción de Canarias, donde las lluvias alcanzaron su nivel más alto en un mes de septiembre desde 1961.
En este tipo de escenarios, puede darse la situación de que se publiquen ordenanzas en las que se limita y restrinja el consumo de agua, a fin de promover un uso racional que permita asegurar el abastecimiento para consumo humano a largo plazo. De hecho, la Diputación de Córdoba ha aprobado recientemente una de estas medidas, con la que se pretende ahorrar un 10% de agua mientras se espera la llegada de unas lluvias que puedan recuperar sus pantanos.
Anteriormente, durante los cálidos meses de verano, otras localidades y comunidades autónomas se vieron obligadas a aprobar este tipo de normativas. Fue el caso, por ejemplo, de los municipios pontevedreses de Poio, Sanxenxo, Marín, Bueu y Pontecaldelas, en Galicia, que a principios del mes de agosto decidieron, entre otros, prohibir el relleno de las piscinas y cerrar los grifos de los lavapiés y duchas de las playas para hacer frente al desabastecimiento de los embalses, pero también de las provincias de Málaga o Huelva, donde varios ayuntamientos establecieron restricciones para combatir la escasez que dejó la sequía del mes de julio.
Además, a finales del mes de julio la Generalitat de Cataluña también aprobó limitar el consumo de agua en 150 municipios a 200 litros por persona al día, dada la importante sequía que estaban experimentando sus pantanos.
Las sanciones que pueden imponerse por sobrepasar los límites impuestos pueden ser especialmente altas, aunque su coste depende de cada Ayuntamiento, que son quienes se encargan de fijar el precio del agua.
Tal y como señalan desde Legálitas, la compañía de asesoramiento jurídico, los componentes económicos del coste de la factura del agua, que por norma general suele abonarse cada dos meses, son los siguientes:
En base a estos parámetros, los Ayuntamientos establecen sus tarifas y tasas para el agua, siendo, por norma general, más elevadas en aquellos lugares en los que hay más dificultades de abastecimiento. Consecuentemente, en el caso de las sanciones por hacer un consumo excesivo de este bien, las multas también dependerán de cada ayuntamiento, pudiendo oscilar entre cifras más altas y más bajas. Así que si en tu ciudad han impuesto restricciones al agua, ya sabes: no las incumplas, porque podrías recibir una sanción.