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Tener una cuenta bancaria inactiva es algo mucho más común de lo que parece. Ya sea por pereza, por desconocimiento o por un mero despiste, son muchos los españoles que, al cambiar de banco, se olvidan de cerrar las cuentas que alguna vez tuvieron a su nombre, como esa cuenta infantil que les abrieron sus padres cuando eran niños o esa otra que crearon para que les ingresasen el dinero de algún premio o beca.
Actualmente, las entidades bancarias consideran que una cuenta ha sido abandonada cuando transcurren veinte años sin que el titular realice ningún movimiento u operación con ella. Una vez transcurrido este tiempo, el cliente no solo se encontrará con una cuenta corriente inactiva, sino que el dinero que pudiera tener guardado en ella pasará a ser propiedad del Estado.
Así lo establece la Ley 33/2003 del Patrimonio del Estado en su artículo 18, en el que se dicta que “corresponden a la Administración General del Estado los valores, dinero y demás bienes muebles depositados en la Caja General de Depósitos y en entidades de crédito, sociedades o agencias de valores o cualesquiera otras entidades financieras, así como los saldos de cuentas corrientes, libretas de ahorro u otros instrumentos similares abiertos en estos establecimientos, respecto de los cuales no se haya practicado gestión alguna por los interesados que implique el ejercicio de su derecho de propiedad en el plazo de 20 años”.
En contra de lo que pueda parecer, cada año quedan abandonadas en nuestro país un buen número de cuentas bancarias, generalmente porque el titular de la cuenta ha tenido un accidente grave o ha fallecido sin que sus familiares tuvieran constancia de la existencia de esta cuenta. Prueba de ello tenemos en las cifras millonarias que recauda el Ministerio de Hacienda año tras año.
En 2019, este organismo sumó más de 12,57 millones de euros de estas cuentas fantasma. En 2018, la recaudación, si bien bajó ligeramente, se mantuvo en términos semejantes: hasta 11,13 millones llegaron a sumarse, una cifra muy semejante a la de 2017, cuando las arcas públicas se agenciaron en torno a 11,25 millones gracias a estas cuentas inactivas.
Antes de que el Estado llegue a quedarse con el dinero de las cuentas fantasmas, el banco debe comprobar que no se ha realizado ningún movimiento en los últimos veinte años y notificar al usuario.
Así lo recoge el propio Banco de España, que establece que, antes de que el dinero pase a engrosar las arcas de Hacienda, se debe “notificar al titular, al menos tres meses antes del transcurso del plazo señalado de 20 años, mediante correo certificado o medio análogo a la dirección que tenga el banco, que no ha realizado gestión alguna en la misma junto al plazo restante para considerarla abandonada”.
Este aviso, sin embargo, solo se realizará en caso de que el importe que haya en la cuenta supere al coste del envío: en caso contrario, no se enviará ningún tipo de notificación. Esta carta, además, se enviará siempre a la última dirección domiciliaria conocida por la entidad, por lo que, si el usuario se ha mudado y no lo ha notificado a la entidad, corre el riesgo de no recibir nunca la correspondencia.
En caso de que el titular no responda al aviso, se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) un anuncio con un plazo en el que el usuario de la cuenta o sus herederos podrán reclamar el saldo o la titularidad. Transcurrido este plazo, si no se ha recibido una respuesta, el dinero pasará a ser propiedad del Estado.
Para no perder el dinero de nuestras cuentas, es importante que mantengamos todos nuestros datos bien actualizados. Además, cuando queramos cerrar una cuenta, es importante que tengamos en mente que debemos avisar expresamente a nuestro banco de que queremos cancelarla. De lo contrario, corremos el riesgo de que nos cobren unas comisiones que podrían dejarnos en números rojos.