{{#section.link.href}}
{{section.link.title}}
{{/section.link.href}}
“Esta comisión yo creo que solo tiene un interés electoral y va a causar un daño innecesario a esas familias, que podrán volver a pensar si se podría haber evitado la muerte de su familiar”. Estas eran algunas de las palabras que pronunció hace solo unos días el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ante la negativa de investigar lo ocurrido en las residencias de la región durante la primera ola de la pandemia. “Eso las familias ya lo han superado”, dijo ante la indignación de muchos. Ahora, la Fiscalía General del Estado ha ordenado que todos los familiares de fallecidos en residencias y centros de mayores a consecuencia de la pandemia de la covid-19 sean oídos.
El oficio firmado da un plazo de un mes a las fiscalías de las Comunidades Autónomas para remitir la información de las investigaciones de cada región, además de las denuncias y querellas que hayan sido interpuestas y aquellos procedimientos judiciales que se encuentren en tramitación.
De esta manera, la Fiscalía General pide a los fiscales de las comunidades que garanticen que las familias de las victimas sean escuchadas en las diligencias de la investigación y en los procedimientos judiciales, garantizando su derecho a ser informadas, también cuando no estén personadas.
El documento al que ha tenido acceso la Cadena Ser, señala que es “preciso adquirir un conocimiento detallado”, además de analizar exhaustivamente “la situación actual y el devenir de los procedimientos” relacionados con las muertes en las residencias a consecuencia de la pandemia provocada por el coronavirus.
A principios de año Amnistía Internacional informaba que 517 investigaciones abiertas en nuestro país desde que se inició la pandemia, un total de 451 han sido archivadas, por lo que la Fiscalía General que muchos de ellos se han recurrido y se han solicitado nuevas investigaciones.
En las últimas semanas se han viralizado mensajes de personas que viven en esas residencias y que denuncian las condiciones en las que se encuentran, como es el caso de Tomás Plaza, que se lamentaba diciendo que “nos dicen que es nuestra casa, ¡será nuestro cementerio!”.
Además, el que fue consejero de Políticas Sociales de Madrid durante los primeros meses de la pandemia, Alberto Reyero, tiraba hace unas semanas de la manta siendo crítico con la gestión de la región durante aquellos meses. Un protocolo que, tal y como contó, “suponía excluir a personas que tuvieran no solo covid-19, sino cualquier otra dolencia que tuviera un nivel de dependencia del dos o del tres”. También señaló que en aquel momento el hospital de campaña de IFEMA se convirtió en un arma de propaganda en el que “gran parte de los medios sanitarios estaban enfocados allí”.