Por qué la reforma de las pensiones se ha quedado corta: la espada de Damocles que caerá en dos años

El Gobierno ha cerrado la segunda parte de la reforma de las pensiones con el apoyo de los sindicatos y el visto bueno de Bruselas, eso sí, con condiciones: en 2025 la Airef tendrá que medir los resultados, y si estos no son buenos, se tendrán que tomar otras medidas. Los empresarios están en contra, porque se consideran paganos de la reforma, y la mayoría de los economistas critican que las medidas no serán suficientes para asegurar la sostenibilidad. Estas son las claves de una reforma que se presume de corto recorrido. 

El ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, alcanzó un acuerdo con la Comisión Europea para que ésta aprobara la segunda parte de la reforma de pensiones. El primer paquete de medidas, especialmente la vinculación al IPC, suponía un aumento del gasto que llegaría a ser del 15% en 2050, algo inaceptable para Bruselas. El ministro se comprometió entonces a incorporar en el segundo paquete una serie de medidas para contener el gasto o aumentar los ingresos. Estas son las medidas que se van a poner en marcha:

Se van a incrementar las bases máximas de cotización (de 4.495 euros mensuales en 2023). Este proceso se desarrollará entre 2024 y 2050, añadiendo a la tasa anual del IPC una cuantía fija de 1,2 puntos porcentuales.

Esta medida conlleva un aumento de la pensión máxima, pero este incremento será inferior -del IPC más 0,115 puntos porcentuales acumulativos cada año hasta 2050, es decir, del 20% en términos reales- y, desde 2051 hasta 2065 el aumento adicional irá creciendo desde el 3,2% al 20%. En 2065, se valorará en el marco del diálogo social la conveniencia de mantener el proceso de convergencia hasta alcanzar un incremento total de 30 puntos porcentuales.

La medida supone ingresos adicionales, pero es poco contributiva, ya que estos trabajadores pagarán mucho más ahora y recibirán pensiones solo un poco mayores.  

Se implantará una cuota de solidaridad para los salarios que superan el máximo de cotización. Será del 1% en 2025 e irá subiendo 0,25 puntos al año hasta llegar al 6% en 2045. También suma ingresos al sistema, pero discrimina a estos trabajadores, ya que esta cotización solidaria no supone aumento de la pensión máxima.

Las cotizaciones de todos los trabajadores irán subiendo una décima al año desde el 0,6% actual, hasta 1,2 en 2050. De estas cotizaciones el empresario pagará cinco partes, y el trabajador, una.  Además, se deja abierta la posibilidad de que estas cotizaciones aumenten si las cuentas siguen sin cuadrar.

Las pensiones mínimas irán aumentando entre 2024 y 2027 hasta alcanzar el 60% de la renta mediana correspondiente a un hogar de dos adultos. Supone un aumento del gasto.

El Gobierno proyecta una subida de las pensiones no contributivas hasta alcanzar en 2027 el 75% del umbral de la pobreza calculado para un hogar unipersonal. Supone un aumento de gasto.

Se mantiene que los vacíos de cotización se compensen con el 100% de la base mínima los primeros 48 meses (cuatro años), y con el 50% de la base mínima a partir del mes 49. Además, las mujeres trabajadoras por cuenta ajena cobrarán el 100% de la base mínima entre el mes 49 y el 60 (hasta el quinto año) y el 80% de la base mínima entre el mes 61 y el 84 (del quinto al séptimo año). Aumenta el gasto.

El complemento contra la brecha de género se incrementará en un 10% en 2024 y 2025, que será adicional a la revalorización anual ya contemplada. Aumenta el gasto.

Se da la posibilidad de elegir al pensionista entre dos sistemas. Se podrá elegir un periodo de cálculo de 29 años, excluyendo los dos de peor cotización, o quedarse en el sistema actual, de 25 años. La nueva opción se implementará progresivamente a lo largo de 12 años desde 2026. La medida aumenta el gasto, ya que los nuevos jubilados elegirán la opción que más les favorezca.

El Gobierno asegura que con estas medidas las cuentas se equilibrarán, pero durante la negociación la Comisión pidió una garantía adicional: que un organismo independiente audite las cuentas. Este es el motivo por el que Escrivá ha tenido que ofrecer en la negociación que la Airef, Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, supervise los resultados de la reforma a partir de marzo de 2025, y si estos no son los esperados, se deberán tomar nuevas medidas.

La línea roja que se ha marcado es el 15% del PIB. La Airef deberá hacer cálculos con los resultados obtenidos para el periodo 2022-2050, y establecer que no se superará ese tope de gasto. Si se proyectan niveles de gasto superiores al 15% del PIB, el Gobierno pedirá a la AIReF otro informe y el Ejecutivo deberá “identificar un conjunto amplio de medidas para eliminar el exceso de gasto neto en pensiones”, según reza el texto de la reforma.

Y Bruselas se ha asegurado de que si la reforma que plantee el Gobierno entonces no prosperase en el Parlamento, el mecanismo de equidad intergeneracional crecería de forma automática para asegurar más ingresos. “La cotización del mecanismo de equidad intergeneracional aumentará para compensar dos décimas partes del exceso estimado por la AIReF a partir del 1 de enero del año siguiente a la publicación del informe y otras dos décimas partes en cada uno de los años siguientes hasta que se adopten nuevas medidas del mismo impacto o el exceso de gasto neto sea corregido”, añade el borrador del proyecto de ley presentado por el Gobierno.

Algunos expertos consideran que las medidas acordadas se quedan cortas. El economista Ignacio Conde-Ruiz opina que "por primera vez en la historia, la nueva fórmula del periodo de cómputo de las pensiones dará como resultado un mayor gasto de pensiones. La subida de cotizaciones anunciada recaudará un máximo de 15 mil millones y sólo la última revalorización de las pensiones aumentó el gasto en 16 mil millones".

Por su parte, el director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, Fedea, Angel de la Fuente ha publicado un informe en el que afirma que "la reforma en curso condena al componente contributivo del sistema público de pensiones a un déficit básico elevado y rápidamente creciente durante las próximas décadas que habrá que cubrir con ingresos generales (o deuda). En torno a 2050 tendremos que inyectar cada año a la Seguridad Social recursos extra por valor de unos 4,5 puntos de PIB, lo que viene a ser el 60% de la recaudación por IRPF (que en 2019 fue del 7,56% del PIB). Tal presión dejará poco margen para financiar un mayor gasto en casi cualquier otra cosa, incluyendo sanidad y dependencia, con necesidades rápidamente crecientes debido al rápido envejecimiento de la población", defiende Angel de la Fuente.

Rafael Doménech, responsable de Análisis Económico del BBVA, ha asegurado que las modificaciones impulsadas desde el Gobierno "no garantizan la sostenibilidad del sistema de pensiones a largo plazo". Doménech ha calculado que la reforma va a elevar el gasto en pensiones cerca de cuatro puntos del PIB", mientras que los ingresos solo aumentará entre 0,8 y 1,7 puntos de PIB. El experto ha criticado que "la reforma hace descansar todo el ajuste del sistema de pensiones en un aumento de las cotizaciones, y ha concluido que cada punto porcentual del PIB de aumento de cotizaciones sociales" supone una merma de cerca de un punto porcentual tanto en el PIB como en el empleo.

En un comunicado conjunto, CEOE y la principal asociación de autónomos ATA han tachado la reforma de "regresiva en toda su extensión porque implica más años de trabajo, más esfuerzo contributivo y menos pensión". Ambas organizaciones han denunciado que estamos ante "una subida generalizada de cotizaciones que mermará los salarios de todos los trabajadores e incrementará los costes laborales poniendo en peligro la creación de empleo". En su opinión, la factura de la reforma de pensiones la pagarán los trabajadores y las empresas, y añaden que "no va acompañada del análisis de impacto que llevamos reclamando los interlocutores sociales desde el verano".

Por su parte, los sindicatos y el Gobierno sostienen que las medidas adoptadas son suficientes, garantizan el futuro de las pensiones y no las recortan. Escrivá ha justificado la decisión de aumentar las cotizaciones señalando que "entre 2010 y 2022 los costes laborales en España crecieron 11 puntos porcentuales menos que en el conjunto del área del euro". Según el ministro, cuando las medidas estén completamente desplegadas en 2050, "la subida será de 37 céntimos en términos de costes laborales por hora, 6 euros por debajo de Italia, y en torno a 15 por debajo de Alemania y Francia, y las cotizaciones seguirán muy por debajo aún de la media de la zona euro. No hay pérdida de competitividad, y sí más protección social", se ha defendido Escrivá.  

La última reforma de pensiones, la de 2013, incluía dos medidas que contribuían a la sostenibilidad del sistema: El Índice de Revalorización de Pensiones, IRP, que vinculaba la subida de las pensiones al estado financiero del sistema, y que de facto suponía establecer casi de forma permanente una subida del 0,25% de las pensiones, independientemente de la inflación; la otra medida era el Factor de Sostenibilidad, que vinculaba las pensiones a la esperanza de vida y suponía una merma de la pensión. La reforma tuvo que ser retirada por el rechazo de la población.

Ahora, con el cierre de la reforma, el ministro Escrivá gana tiempo y evita recortes de pensiones en año electoral, y Bruselas no compromete su gran apuesta para la economía europea en los próximos años, los Fondos de Recuperación, pero pone una espada de Damocles sobre nuestra economía. El quid de la cuestión es si las cuentas del Gobierno cuadrarán en marzo de 2025, cuando la Airef tenga que presentar su informe. La solución dentro de dos años.