{{#section.link.href}}
{{section.link.title}}
{{/section.link.href}}
El Gobierno ha aprobado por decreto ley la segunda parte de la reforma de las pensiones. El ministro Escrivá explicó en la comisión del Pacto de Toledo las medidas acordadas y los efectos que tendrán sobre las cuentas del sistema. Uppers ha tenido acceso a la presentación y reproducimos aquí los gráficos con los que el ministro intentó convencer a los diputados de que ésta es la mejor reforma posible.
Bruselas ha aprobado las últimas medidas presentadas por el Gobierno para garantizar el equilibrio de las cuentas en pensiones. Finalmente, serán las cotizaciones de los trabajadores quienes soporten el aumento de gasto previsto. Los empresarios y los autónomos, que se han negado a firmar este acuerdo, serán los más perjudicados, ya que asumirán gran parte del aumento de ingresos previstos en las próximas décadas.
Además, el sistema tendrá que ser revisado desde 2025 cada tres años, y si las cuentas no cuadran, volverán a subirse las cotizaciones. Las medidas no contentan a todos, y la mayoría de economistas opinan que estas subidas no serán suficientes para compensar el aumento de gasto que supondrá la jubilación de los boomers.
Pero el Gobierno se ha negado a recortar pensiones en periodo electoral, y ha decidido aumentar los impuestos al trabajo. Estas son las razones que ha esgrimido Escrivá para defender su reforma.
La última reforma aprobada por Europa, la de 2013, introducía dos mecanismos correctores para reducir el gasto: el Índice de Revalorización, que suponía no subir las pensiones más del 0,25% sin importar la inflación; y el Factor de Sostenibilidad, que vinculaba la pensión a la esperanza de vida. La reforma fue rechazada por los ciudadanos, y de facto ha sido derogada. En estos gráficos se muestra cómo afectaría a las pensiones la aplicación de estas medidas, según el ministro.
Otra de las medidas tomadas es el destope de las bases máximas. Se van a incrementar las bases máximas de cotización que hoy están en los 4.495 euros mensuales, entre 2024 y 2050, añadiendo a la tasa anual del IPC una cuantía fija de 1,2 puntos porcentuales. Pero las pensiones máximas solo subirán el IPC más 0,115 puntos cada año hasta 2050. Es decir, los mayores salarios pagarán más por sus cotizaciones, pero la pensión máxima subirá mucho menos. Escrivá lo justifica diciendo que en España las bases máximas son muy bajas en comparación con Europa.
Además, se implantará una cuota de solidaridad para los salarios que superan el máximo de cotización. Será del 1% en 2025 e irá subiendo 0,25 puntos al año hasta llegar al 6% en 2045. Esta cotización extra no se verá reflejada en una subida de la pensión.
El quid de la cuestión está en el aumento de las cotizaciones. Y se hará mediante el aumento del Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que pasa de estar en el 0.6% en 2023, al doble, 1,12% a partir de 2024. De este aumento, la empresa paga cinco partes, y el trabajador, una.
El Gobierno afirma que la medida beneficia a los jóvenes, y que en 2030, la hucha de pensiones tendrá más de 120.000 millones de euros que solo se podrán utilizar para pagar pensiones.
En los gráficos presentados por el Gobierno, se explica que el coste por empresario y trabajador no será muy elevado. Tan solo unos céntimos por hora trabajada, muy por debajo de los costes laborales e Europa.
La reforma mejora las lagunas de cotización, esto es, los periodos en que uno se queda fuera del mercado laboral. El ministro presentó algunos supuestos de cómo mejoraría la pensión con la nueva ley.
Las pensiones mínimas y las no contributivas, también mejoran. Las mínimas irán aumentando entre 2024 y 2027 hasta alcanzar el 60% de la renta mediana correspondiente a un hogar de dos adultos. Y se proyecta una subida de las pensiones no contributivas hasta alcanzar en 2027 el 75% del umbral de la pobreza calculado para un hogar unipersonal.
Finalmente, dos gráficos que expresan el ahorro que se espera que generen las medidas y la evolución del gasto previsto. Con la reforma, en 2040 el gasto en pensiones alcanzará el 15% del PIB, tres puntos más que ahora, y el ahorro previsto será del 1% del PIB.