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El recién publicado informe anual del Banco de España es cristalino: "De acuerdo con las estimaciones disponibles, que incorporan las medidas recientemente adoptadas, hacer frente a los incrementos del gasto en pensiones que se derivarán del envejecimiento poblacional requerirá de nuevas actuaciones en el futuro por el lado de los ingresos, de los gastos o de ambos".
Esto quiere decir que la reforma de pensiones se ha quedado corta, y que lo acordado hasta ahora no es suficiente. Vienen curvas, y antes de fin de año veremos cuáles son las medidas que toma el Gobierno, y que van a hacer que las pensiones de mañana sean menos generosas.
El Gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, en la presentación del Informe, ha dejado algunos mensajes claros para quien quiera oírlos. Las reformas aprobadas no son suficientes; vincular pensiones al IPC supone un aumento de gasto desmedido; suprimir las reformas de 2013 (el factor de sostenibilidad, que ligaba pensiones a esperanza de vida, y el factor de sostenibilidad, que condenaba a subidas del 0,25% independientemente de cómo subiera la inflación), ha sido un error; hay que introducir mecanismos automáticos de ajuste que adapten a parámetros demográficos y económicos; hay que reforzar el vínculo entre las contribuciones realizadas y las prestaciones recibidas; hay que iniciar un debate riguroso sobre el nivel de prestaciones que el sistema debe proveer y cómo vamos a pagarlo; hay que analizar las consecuencias de las reformas planteadas, para que los ajustes no recaigan desproporcionadamente en grupos de población concretos...
Mensajes demoledores para una reforma del sistema que ni siquiera se ha puesto en marcha. Atendiendo a los mensajes del Banco de España pareciera que la reforma haya muerto antes de nacer. Y eso que la entidad participó activamente en los debates que dieron forma a las últimas medidas aprobadas en el Pacto de Toledo, y que han dirigido la reforma del Gobierno aprobada en el Parlamento.
Uno de los temas que más preocupa al Banco de España es la Inflación. Defiende por activa y por pasiva que se alcance un pacto de rentas para que los trabajadores acepten perder poder adquisitivo mediante subidas de salarios por debajo del IPC. Y que los empresarios moderen sus beneficios y no trasladen a los precios la subida de costes. Así se moderaría la inflación y volvería a niveles normales, en torno al 2%.
Muchos expertos han alzado la voz pidiendo que los pensionistas también deben entrar en ese pacto y no subir todas las pensiones conforme al IPC. El Gobierno y los sindicatos no quieren ni oír hablar del asunto. Aunque el Informe del Banco de España no menciona en ningún momento a los pensionistas en ese pacto de rentas, Hernández de Cos sí ha dicho, por primera vez, que "los pensionistas deben aceptar una parte de la pérdida de poder adquisitivo". Puedes escucharlo en el minuto 20,15 del video.
En otras declaraciones a los periodistas ha manifestado que no es recomendable subir todas las pensiones con el IPC en este contexto económico, y que en todo caso sí que habría que mantener el poder adquisitivo de las más bajas. No obstante, es curioso que el Banco de España en ningún documento oficial se pronuncie sobre la necesidad de que algunos pensionistas entren en el pacto de rentas y pierdan poder adquisitivo. Pese a las peticiones de este medio para que la entidad se pronuncie al respecto, no ha sido posible obtener una declaración oficial.
Independientemente de que finalmente el Banco de España se pronuncie de manera oficial sobre si todas las pensiones deben subir conforme al IPC el año que viene, las medidas que sugiere el Informe para contener el gasto suponen rebajas considerables de las pensiones futuras.
Por ejemplo, si estuviera en vigor el Índice de Revalorización de Pensiones (IRP) aprobado en 2013, el año que viene todos los pensionistas hubieran visto su pensión reducida en más del 6%.
El también derogado Factor de Sostenibilidad disminuía la pensión inicial al vincularla a la esperanza de vida, rebajas que podían llegar al 12%. Ahora el Banco de España sugiere otros mecanismos de corrección automáticos, vinculados a una demografía y una situación financiera del sistema que se saben adversas hasta 2050, cuando empiecen a morir los boomers que empiezan a jubilarse ya. Estas correcciones automáticas sin duda también reducirían la cuantía de las pensiones.
Reforzar el vínculo entre las contribuciones realizadas y las prestaciones recibidas quiere decir ampliar el periodo de cálculo, hasta los 35 años o incluso toda la vida laboral. Para la gran mayoría supondría perder un 9% de la pensión, aunque beneficiaría a los que han perdido el trabajo a los 45 o 50.
La otra gran apuesta, esta sí compartida con el Gobierno, es promocionar los planes de ahorro de empresa. En este caso la disminución de rentas se produce al tener que destinar los trabajadores parte de su salario al ahorro, para recibir prestaciones similares a las actuales.
En Informe muestra en otros capítulos la importancia que el envejecimiento de la población tiene en la economía, y pide "una estrategia integral de reciclaje de habilidades a lo largo del ciclo vital para los trabajadores mayores, que debería estar acompañada de esquemas de movilidad funcional, así como de otras modificaciones contractuales dentro de la propia empresa, que permitan aprovechar de forma adecuada las habilidades que el trabajador ha adquirido con su experiencia y formación", reza el Informe.
Nadie se atreve a decir que las pensiones van a ser menores en un futuro próximo, y que las reformas que se avecinan irán en esa dirección. La postura timorata del Banco de España al respecto se une a la de los partidos políticos, que tras 11 años de trabajo en la Comisión del Pacto de Toledo elaboraron unas recomendaciones vacuas, que no comprometían a nada y que pasaban la patata caliente al Gobierno de turno. Ahora ha llegado la hora de las decisiones, no hay tiempo, y procrastinar en materia de pensiones es condenar a las generaciones futuras a pagar una factura que no van a poder soportar.