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Hace unos años, ser parlamentario o miembro del Gobierno era una bicoca, un puente de plata hacia una jubilación de lujo. Esos privilegios generaron recelo en los ciudadanos, y en 2011 se puso coto a la mayoría de ellos. Hoy, ministros, diputados y senadores no consiguen una pensión de por vida tras su paso por el Parlamento. Tampoco deben cotizar menos años o pueden jubilarse antes que los demás. Pero los políticos siguen disfrutando de algunas ventajas a la hora de jubilarse.
El mito de que los políticos se jubilaban como reyes por el hecho de pasar unos añitos en el Parlamento tenía fundamento. Hasta 1980, los exministros tenían derecho a la pensión máxima vitalicia, aunque hubieran estado unos pocos meses en el cargo. No obstante, fue en 2011, con José Bono como presidente del Congreso, cuando desaparecieron gran parte de los privilegios de diputados y senadores. Hasta entonces, los parlamentarios conseguían el 100% de la pensión máxima con solo 11 años de servicio en las Cortes; el 90%, con 9 años; y el 80% de la pensión máxima, con sólo haber estado 7 años de mandato.
También se les pagaba el plan de pensiones hasta la jubilación no solo a los parlamentarios en activo, sino también a los exparlamentarios. Además, si cesaban a los 55 años, y no tenían trabajo, se les mantenía de alta en la Seguridad Social y se completaban las cotizaciones hasta que pudieran jubilarse.
Y para quienes no llegaban a la pensión máxima, o no tenían derecho a pensión por no haber cotizado lo suficiente, se les otorgaba una ayuda de gracia o bien se les complementaba la pensión hasta el máximo.
Los parlamentarios que ejercieron antes de 2011 aún conservan esta prerrogativa. Quien lo solicite, puede recibir la ayuda compensatoria, o el complemento a la pensión. Históricos parlamentarios como Pablo Castellanos (PSOE, 3.130 euros), Juan Ignacio del Burgo (PP, 3.130 euros), o Cristina Almeida (IU, 2.817 euros), reciben estas ayudas. Si tienes curiosidad puedes ver aquí los beneficiarios de las ayudas y de los complementos y cuánto reciben cada uno.
A día de hoy tanto los miembros del Gobierno como los diputados y senadores deben cumplir con los mismos requisitos que el resto de ciudadanos para acceder a la pensión. Eso sí, a buenos sueldos, buenas pensiones. La asignación mensual base de diputados y senadores es de 3.050 euros. A esto hay que añadir una indemnización mensual que va desde los 935 euros de los electos por Madrid, a los 1.960 euros de los elegidos por otras provincias. Además de otros ingresos en concepto de taxis, (3.000 euros al año), y viajes. Así, el sueldo base anual de los parlamentarios está entre los 56.000 y los 70.000 euros. Pero aún pueden ver aumentado su sueldo en función de los cargos que tengan dentro de su grupo parlamentario y en las distintas comisiones de las cámaras.
Con ese nivel de ingresos y con todos los gastos pagados, es fácil pensar que todos los parlamentarios tienen una importante capacidad de ahorro durante el tiempo que están en servicio.
Otra ventaja de los parlamentarios es que cotizan por la base máxima y no son ellos los que pagan las cuotas de la Seguridad Social, tal y como establece el artículo 9 del Reglamento del Congreso de los Diputados: "Correrá a cargo del Presupuesto del Congreso el abono de las cotizaciones a la Seguridad Social y a las Mutualidades de aquellos Diputados que, como consecuencia de su dedicación parlamentaria, dejen de prestar el servicio que motivaba su afiliación o pertenencia a aquéllas".
El Reglamento de Pensiones Parlamentarias también estipula que "las Cortes Generales, con cargo a su Presupuesto y, para todos los Diputados y Senadores durante su mandato, abonarán a un plan de previsión social la cantidad correspondiente al diez por ciento de la asignación constitucional". Esto es, unos 300 euros mensuales.
Las Cortes Generales tienen concertada una póliza de seguro de accidentes corporales a favor de los Diputados y Senadores que cubre riesgos de muerte por accidente, incapacidad permanente y otras lesiones.
Los parlamentarios no tienen derecho a cobrar el paro si dejan su cargo. En su lugar reciben una indemnización por cese equivalente a una mensualidad de la asignación constitucional (3.050 euros) por cada año de mandato o fracción superior a seis meses, hasta un límite máximo de dos años.
Los únicos que tienen una asignación vitalicia cuando abandonan el cargo son los presidentes de Gobierno, que disponen de una dotación anual para gastos de oficina, atenciones de carácter social y, en su caso, alquileres de inmuebles. En los Presupuestos de 2021 se consigna una partida de 298.320 euros a repartir entre Mariano Rajoy, José Luis Rodríguez Zapatero, José María Aznar y Felipe González, que recibirán unos 75.000 euros cada uno a distribuir como consideren oportuno. También tienen a su disposición dos funcionarios designados libremente, coche oficial y chofer, escolta y acceso gratuito a las compañías de transportes terrestres, marítimas y aéreas del Estado.
Los presidentes autonómicos también disfrutan de ventajas. En Cataluña, los presidentes de la Generalitat y del Parlament, a partir de los 65 años, disfrutan de una pensión del 60% del sueldo, que pasa a su viuda, en su caso, reducida a la mitad. Para que te hagas una idea, el sueldo de Quim Torra, uno de los presidents de la Generalitat de este año, ha sido de 153.000 euros brutos, por lo que recibiría una pensión vitalicia de casi 11.000 euros al mes por catorce pagas. Por su parte, el president del Parlament, Roger Torrent, que cobra 133.000 euros anuales, recibiría de pensión de 9.500 euros al mes por catorce pagas.
Al igual que los presidentes de Gobierno pueden entrar en el Consejo de Estado tras cesar en su mandato, cobrando unos 100.000 euros brutos al año, algunos presidentes autonómicos tienen acceso garantizado a los consejos consultivos de las CCAA, que les pueden reportar cuantiosas retribuciones, por encima de los 60.000 euros al año, hasta cumplidos los 75 años. Así ocurre en Valencia, Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Galicia.
Por último, los eurodiputados tienen derecho a percibir una pensión de jubilación al cumplir los 63 años de edad, equivalente al 3,5% del salario de cada año por cada ejercicio de mandato con un tope del 70% del salario anual de eurodiputado. Con los importes actuales, los eurodiputados aspiran a una pensión vitalicia de hasta 6.129 euros al mes si han cumplido 20 años de mandato. Los eurodiputados tienen acceso además a la pensión española, si han cotizado los suficientes años para ello.