El Gobierno propone una paga de hasta 12.000 euros por cada año que retrases la jubilación

  • Quienes sigan trabajando más allá de la edad ordinaria aumentarán su pensión un 4% y lo podrán cobrar en un pago único

  • La subida conforme a IPC podrá revisarse en periodos de inflación negativa

  • Aumentarán las penalizaciones a las jubilaciones anticipadas de pensiones máximas

El Gobierno ofrecerá una paga de hasta 12.000 euros por cada año que demoremos la jubilación. Así lo ha anunciado el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, en una comparecencia ante la Comisión del Pacto de Toledo, donde ha desgranado las medidas que ultima con patronal y sindicatos para la reforma de las pensiones.

Se trata de una de las medidas que intentan acercar la edad real de jubilación a la edad ordinaria. Hasta ahora, quien quisiera trabajar más allá de la edad ordinaria de jubilación (si le dejaba su empresa) veía incrementada su pensión entre un 2 y un 4% en función de los años cotizados. Pero muy poca gente conoce estos incentivos que apenas son utilizados. Además, el ministerio cree que hacer un pago único puede resultar más atractivo que recibir una subida de 50 euros al mes permanente, como sucede ahora para una pensión media.

La paga oscilaría entre los 12.000 euros por año de demora para las pensiones máximas (37.567 euros al año) y hayan cotizado al menos 44,5 años; a los 4.786 euros que cobrarían las pensiones mínimas (9.569 euros por año) si has cotizado menos de 44,5 años.

Los trabajadores también podrían optar por un porcentaje adicional de la pensión del 4% por cada año de demora, independientemente de los años cotizados, o por una combinación de ambas opciones.

Ajustes con IPC negativo

Otro de los anuncios importantes del ministro es la propuesta de "vincular las pensiones al IPC del año anterior pero en supuestos de inflación negativa ajustar en los tres años siguientes esa desviación" es decir, no subir en los tres años siguientes la parte de ganancia que haya podido suponer un IPC negativo. Aunque aseguró que este ajuste no se aplicaría a las pensiones mínimas.

Penalizar las anticipadas voluntarias

En cuanto a las jubilaciones anticipadas Escrivá desveló los planes que proponen para las voluntarias. Ahora te puedes jubilar anticipadamente de forma voluntaria hasta dos años antes de que te toque, perdiendo el 2% de la pensión por cada trimestre. Es decir, si te jubilas 24 meses antes, pierdes el 16% de la pensión, si lo haces 21 meses antes, pierdes el 14%, y así sucesivamente. Con la reforma, aumentará la penalización notablemente, hasta el 21%, si te jubilas 24 meses antes, y esa penalización bajará mes a mes y será menor cuantos más años de cotización tengas. Según el ministro, para la gran mayoría, las penalizaciones serían menores.

Más penalización para las máximas

Los que sí van a salir perdiendo son los que cotizan por las bases máximas. A estos ahora la penalización se aplica sobre la base reguladora, y no sobre la pensión final, donde se incluyen trienios, incentivos y otros complementos. De este modo no les interesa seguir trabajando porque la penalización es muy pequeña. Con la reforma, la penalización se aplicará a el total de la pensión, con lo que podrán ver reducida su cuantía hasta en un 21%. Escrivá plantea un periodo transitorio de 6 años en el que paulatinamente irían aumentando esos coeficientes para las pensiones más altas.

Alivio para las anticipadas involuntarias

En cuanto a las jubilaciones anticipadas involuntarias, adelantó dos medidas importantes. Uno, que los trabajadores que provengan del subsidio de desempleo puedan acceder a la jubilación anticipada con las condiciones de la jubilación anticipada forzosa, esto es, hasta 4 años antes de la edad ordinaria de jubilación, y con penalizaciones entre el 1,5% y el 1,875% por trimestre según los años cotizados. La reducción para las voluntarias está entre el 1,625% y el 2% por trimestre en que te jubiles antes de tiempo. La segunda medida es que establecerán para las jubilaciones anticipadas involuntarias coeficientes reductores más bajos y mensuales, en vez de trimestrales.

Fin de la jubilación obligatoria

El ministro quiere acabar con las cláusulas de los convenios colectivos que obligan a los trabajadores a jubilarse cuando llegan a la edad ordinaria. "Es una anomalía entre los países de nuestro entorno que este año afectará a más de un millón de trabajadores", ha dicho Escrivá, que propone anular esta cláusula o al menos que no se aplique hasta los 68 años.

Jubilación parcial

En cuanto a la jubilación parcial, el Ministerio quiere “flexibilizar su uso, a la vez que se corrige el abuso que se ha hecho de esta figura en algunos momentos”. Escrivá ha explicado que ha planteado a los interlocutores sociales la posibilidad concentrar hasta el 60% de la jornada el primer año, con la posibilidad de que en algunas actividades que impliquen situaciones peligrosas o comprometan la seguridad de terceros, se pueda acumular totalmente al inicio.

Autónomos

En cuanto a los autónomos la pretensión es que coticen por los ingresos reales. El nuevo sistema se aplicaría a partir de 2022 con un periodo transitorio. El planteamiento del Ministerio parte de 13 tramos “para facilitar la máxima flexibilidad a cada trabajador, ya que cuantos más tramos, cada trabajador tiene mayores posibilidades de adaptación a su capacidad de pago”. Además, la flexibilidad también sería temporal, ya que cada trabajador autónomo podría elegir provisionalmente su base de cotización en función de previsiones de rendimientos, con la posibilidad de modificar su elección varias veces a lo largo del año.

Calendario

El Gobierno trabaja en dos velocidades para realizar la reforma. En un primer bloque tratará de cerrar las medidas sobre mantenimiento de poder adquisitivo, acercar edad real y edad ordinaria de jubilación, sacar gastos impropios de la Seguridad Social y el nuevo modelo de cotizaciones para autónomos.

En el segundo bloque trabajará sobre los sistemas de previsión social complementaria, la reforma de las bases mínimas y la pensión máxima, la derogación del factor de sostenibilidad y sustitución por un mecanismo de equidad intergeneracional y la adaptación del periodo de cómputo a las nuevas realidades del mercado laboral según las recomendaciones del Pacto de Toledo, medidas todas ellas donde los desencuentros entre patronal y sindicatos son más evidentes.