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Gobierno, sindicatos y patronal aceleran las reuniones para llegar a un acuerdo en pensiones que contente a todos. El compromiso con Bruselas de presentar reformas estructurales, entre ellas la de las pensiones, apremia, ya que de ello depende la llegada del ansiado maná de los fondos europeos. El ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, está al frente de esta negociación, y ha desgranado cuál es el calendario que maneja para la reforma de las pensiones.
Una vez aprobados los Presupuestos, se cumple con una recomendación importante del Pacto de Toledo, la de la separación de fuentes de financiación. A partir de ahora, 14.000 millones de euros pasan a pagarse a través de los Presupuestos Generales del Estado, y no con cotizaciones. Con ello se reducirá considerablemente el déficit de la Seguridad Social, pero habrá que sacar esos 14.000 millones de otro sitio.
También se han modificado los incentivos fiscales para favorecer a los planes colectivos de empleo frente a los planes individuales, y existe el compromiso de crear este año un fondo público de pensiones para los trabajadores que no puedan acogerse a los planes de empresa, como los autónomos.
Para este año también se prevé acordar cómo se revalorizarán las pensiones. Hay acuerdo en que la subida se haga conforme al IPC, pero las fórmulas no están definidas. ¿Qué pasa cuando el IPC es menor que la subida pactada? La idea que se maneja es establecer una subida temporal de tres o cinco años revisable, con lo que se compensarían las posibles desviaciones. En este punto aún no hay acuerdo.
Los otros puntos que se quieren cerrar este año son la penalización de las jubilaciones anticipadas voluntarias a las pensiones más altas, y el aumento de los incentivos a la jubilación demorada.
El actual método de penalización de las jubilaciones anticipadas es regresivo, y castiga más a las rentas medias y bajas, que pueden ver recortadas sus pensiones hasta un 8% al año, que a las altas que, en el peor de los casos, pueden sufrir una merma de sus pensiones del 2%. Esto se debe a que la penalizaciones se hacen sobre la base reguladora, y no sobre la pensión recibida. El Gobierno estudia establecer las penalizaciones sobre la pensión final recibida en los tramos más altos, y modificar las penalizaciones de las más bajas.
En cuanto a la jubilación demorada se subirá más la pensión de los que sigan trabajando más allá de la edad ordinaria de jubilación, en 2021 son 66 años. Actualmente se sube entre un 2% y un 4%, en función de los años cotizados. También se plantea aumentar el porcentaje de pensión que se pueda cobrar si se compatibiliza con algún trabajo dentro de las posibilidades actuales. Actualmente se puede cobrar hasta el 50% de la pensión.
Por último, para este año 2021 se quiere tener acordado un nuevo modelo de cotizaciones por ingresos reales de los autónomos. Según el ministro la medida beneficiaría al 70% de los autónomos.
Escrivá deja para el año que viene los puntos más delicados de la reforma. En primer lugar la modificación del periodo de cálculo. En un principio planteaba aumentar a 35 años de cotizaciones el periodo de cálculo de la pensión, pero la oposición de sus socios de Gobierno y de los sindicatos le han hecho guardar esa medida en el cajón, por el momento. Se sigue pensando en ampliar este periodo de cálculo, ahora se calcula con los últimos 25 años, y se buscan fórmulas como la de escoger los mejores años de cotizaciones, o la posibilidad de excluir algunos años en periodos de cotizaciones bajas por parte de los trabajadores.
También se deja para 2022 un tema que despierta el recelo de los sindicatos. El ministro ha expresado en más de una ocasión "la necesidad de introducir un mecanismo de equidad intergeneracional" que sustituya al existente factor de sostenibilidad. Esta modificación del factor de sostenibilidad forma parte de la reforma de pensiones enviada por el Gobierno a Bruselas dentro de la negociación para recibir los fondos Next Generation EU.
Se trata de un elemento de cálculo que tendrá en cuenta la esperanza de vida o la relación entre cotizantes y pensionistas entre otros parámetros. El recelo surge porque la esperanza de vida se entiende que seguirá creciendo, y el factor cotizantes pensionistas va a ir a peor según todas las predicciones, así es que se teme que este factor de equidad intergeneracional sea un recorte de pensiones encubierto. Por eso se deja para después.
En 2022 se aumentarán las bases máximas de cotización, así como las pensiones máximas. La idea es eliminar los topes actuales para aumentar los ingresos del sistema.
Por último, los trabajadores jubilados anticipadamente con más de 40 años cotizados también tendrán que esperar a 2022 para ver si su situación es modificada. Actualmente sufren las mismas penalizaciones que el resto de trabajadores, si son prejubilados o se jubilan anticipadamente. El Gobierno se comprometió en el Pacto de Toledo a presentar un estudio de su situación en tres meses, pero ahora Escrivá pide más tiempo, y deja el asunto para el año que viene.