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La primera medida del nuevo Gobierno ha sido subir las pensiones contributivas conforme al IPC, un 0,9%. Este anuncio, junto con la creación de un ministerio específico para la Seguridad Social, da una idea de la importancia que el ejecutivo de Pedro Sánchez y sus coaligados otorgan al problema de las pensiones. Pero, ¿cuál es la situación actual real? ¿Cuáles son los datos? ¿Por qué nadie se ha atrevido a agarrar la patata caliente que supone una reforma necesaria pero polémica? En Uppers realizamos una radiografía del presente y de los retos del futuro de las jubilaciones. Y sí, te va a afectar.
La Seguridad Social sostiene las rentas de la tercera parte de las familias españolas, y supone la mitad del presupuesto del Estado. Cerrará las cuentas de 2019 con un déficit cercano a los 18.000 millones de euros, en gran parte debido al desequilibrio del sistema de pensiones, lo que genera gran intranquilidad tanto en los ciudadanos como en las instituciones europeas.
Con el anuncio de subir las pensiones conforme al IPC, y de reducir en breve los desequilibrios de la Seguridad Social realizado por el nuevo ministro Jose Luis Escrivá en su toma de posesión, el gobierno busca tranquilizar a unos y otras, pero el camino es arduo y las decisiones serán dolorosas, y los nacidos entre los años 60 y 70 del siglo pasado, las generaciones del Baby Boom serán los más afectados.
Paradójicamente, nuestro sistema de pensiones se ha beneficiado de la generación del Baby Boom hasta hace poco, ya que los afiliados al sistema crecían a mayor número que los pensionistas. Ahora, sin embargo, la demografía se ha dado la vuelta y son los boomers los que pronto empezarán a jubilarse sin reemplazo en el mercado laboral. Esto se sabía hace años, pero no se ha hecho nada.
En 1993, hace 27 años, el entonces ministro de economía socialista, Pedro Solbes, alertaba de que “el problema fundamental de nuestro país en lo que se refiere al sistema de protección social es que tenemos un modelo de pago de pensiones basado en la financiación de los que no trabajan por los que trabajan. Este sistema funciona muy bien mientras no ocurra lo de ahora, en que tenemos poca gente joven y mucha gente mayor. De ahí que haya que darle cada vez más importancia a las prestaciones por capitalización. Éste es un proceso lento, que no se plantea para ahora, sino para dentro de quince años, pero hay que empezar ya. Hay que decirle a la gente que a largo plazo, cada uno va a recibir una pensión de acuerdo con lo que haya aportado, no como ahora, y que si quiere recibir más, tendrá que aportar más”.
Aquellas declaraciones fueron el acabose. Partidos de todo signo, incluidos sectores del propio PSOE, tacharon las palabras del ministro de imprudentes e irresponsables. Ante el revuelo causado, el presidente del gobierno, Felipe González, tuvo que salir a la palestra para afirmar que “mantendría un sistema de pensiones dignas, pese a los problemas financieros previstos para 2020”.
El 2020 ha llegado y los problemas financieros que se anticipaban entonces son hoy, cuando menos, llamativos. La Seguridad Social cerrará 2019 con un déficit de 18.000 millones, un 1,5 del PIB. Este año, el estado volverá a endeudarse en unos 14.000 millones para pagar las pensiones a través de un préstamo a la Seguridad Social.
El Fondo de Reserva, la 'hucha de las pensiones', que llegó a tener 66.815 millones de euros en 2011, no tiene ni para un cuarto de paga, quedan 1.500 millones, cuando la nómina del último mes ascendió a 9.759.800 millones. Además, el futuro presenta desafíos imponentes que afrontar. En los próximos 30 años se jubilarán las generaciones del baby boom, 14 millones de personas nacidas entre 1958 y 1978, en su mayoría con largas carreras de cotización y pensiones elevadas. Los escenarios más moderados prevén un aumento del gasto en pensiones entorno a 3 puntos del PIB, llegando al 13,4% del PIB en 2046.
La reforma que prepara el Gobierno, y que buscará consensuar con los agentes sociales en el Pacto de Toledo, actuará en dos frentes. Por una parte buscará aumentar los ingresos del sistema. Para el todavía secretario de Estado de la Seguridad Social en funciones Octavio Granado, "lo que no puede ser es que pretendamos financiar jubilaciones medias de 1.400 euros al mes por 14 pagas con salarios de menos de 1.000 euros. Si queremos pagar a la gente 1.000 euros, tendremos que pagar pensiones de 800. Si la Seguridad Social no ingresa más fondos, hablar de sostenibilidad es una entelequia. Tenemos que definir las prestaciones que queremos dar y luego buscar los ingresos necesarios para darlas".
En la misma línea, Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO sostiene que "España tiene una estructura fiscal homologable a la de los países de nuestro entorno, pero una capacidad de recaudación fiscal muy inferior. No podemos querer atender las necesidades de una parte importante de la población como lo hacen los países de nuestro entorno, si no tenemos las mismas herramientas". Bravo explica que "la pregunta que debemos hacernos es si a esta generación del baby boom, que está en la parte final de su vida activa, y que está soportando con sus cotizaciones y aportaciones las necesidades actuales del país, no puede ser atendida de manera comparable a la generación que está contribuyendo a financiar". En su opinión "debemos proporcionarles un tratamiento comparable, porque si no, les estamos invitando a la salida del sistema, y eso es un disparate".
Alguna de las recetas para aumentar los ingresos pasan por mejorar nuestro sistema fiscal. España ingresa siete puntos menos del PIB que la media de la eurozona. Esto supone 85.000 millones de euros. Parte de este agujero se debe al fraude fiscal, pero también a que la presión fiscal que soportamos no es tan fuerte como en otros países. Quizá eso explique que las aportaciones del estado al sistema de pensiones sean inferiores a la de los países de nuestro entorno. En Alemania el Estado paga el 37% del sistema de pensiones por impuestos, en Francia el 26%, en España tan solo el 14%. Por lo tanto es previsible que alguna de las medidas propuestas vaya en la línea de subir algunos impuestos, incluido el IVA.
Otra de las medidas que se plantean es la de ir variando nuestro modelo de un sistema de reparto a uno mixto, donde las aportaciones a planes de jubilación y ahorro complementen las prestaciones que la Seguridad Social pueda permitirse.
El responsable de análisis del BBVA, Rafael Doménech, avisa de que "debemos prepararnos para afrontar el futuro. Los retos son incluso mayores que los de la situación actual. El número de pensiones aumentará gradualmente desde los 9,8 millones actuales hasta unos 15 millones a mediados de siglo. Sin cambios en el sistema, este incremento sólo podría ser compensado con un aumento de los afiliados desde los 19 millones actuales a algo más de 27 millones, algo impensable sin un aumento sin precedentes de la inmigración". Según Doménech, es preciso introducir gradualmente cuentas individuales (nocionales) de reparto, como en Suecia y otros países europeos. De este modo el sistema sigue siendo público, de reparto y progresivo, con mayor contributividad y transparencia.
La opción de las cuentas nocionales puesta sobre la mesa también implica una disminución de renta, ya que los trabajadores deberán dedicar parte de sus ingresos al ahorro para la jubilación, y estando ésta más próxima, el margen de maniobra es menor.
Y por la parte de la reducción de gastos, los boomers también salen perdiendo. Una de las medidas que tiene muchas posibilidades de ponerse en marcha es la de la ampliación del número de años cotizados que se tendrán en cuenta para el cálculo de la base reguladora. En la actualidad, este aumento favorece a los que han perdido su trabajo en la última etapa laboral. Pero para la mayoría era mejor calcular sobre los últimos 25 años, ya que en esos años la cotización era superior.
Las propuestas que hizo el nuevo ministro de la Seguridad Social, Jose Luis Escrivá, en esta materia cuando era director de la Autoridad de Responsabilidad Fiscal Independiente, AIReF, iban en la dirección de tener en cuenta toda la vida laboral para el cálculo de la base reguladora. Y además, abogaba por dificultar las opciones de jubilación antes de los 67 años.
La sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones es una patata caliente que exige decisiones que afectan a los casi 10 millones de pensionistas actuales, pero también al resto de los ciudadanos que esperan cobrar en el futuro prestaciones similares a las de hoy. Y no hay soluciones milagrosas. Se deben tomar decisiones en lo relativo a los ingresos, lo que supone necesariamente un aumento de impuestos, y/o dedicar parte de los ingresos de los trabajadores al ahorro para la jubilación. Pero también en lo referente a los gastos, y esto supone un recorte de derechos y/o prestaciones. Es decir, o se aumenta los impuestos o se recorta en derechos y prestaciones haciendo que la edad de jubilación cada vez sea más alta.
El Pacto de Toledo debe ser un instrumento eficaz para determinar qué es lo más conveniente para nuestro país en esta materia, y sería deseable un consenso que evitara dar marcha atrás en las decisiones, como ocurrió con la reforma unilateral de Rajoy en 2013. Los ciudadanos deben saber qué les espera en materia de pensiones para poder preparar su periodo de jubilación de la forma más conveniente. Y también es preciso una labor de información pedagógica que explique a los ciudadanos cómo se financian nuestras pensiones y qué opciones tenemos para hacerlo. En todo caso no podemos permitirnos perder otros 27 años para volver a estar en el punto de partida.
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