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Las pensiones se van a pagar, ahora y en el futuro, y los pensionistas serán los que mejor podrán esquivar los efectos económicos de la guerra en Ucrania. Dicho esto, los problemas de financiación de las pensiones siguen ahí, y la guerra va a acelerar las reformas pendientes, que afectarán a las pensiones de los boomers y a las de sus hijos.
La invasión rusa de Ucrania ha echado gasolina a una hoguera que ya estaba prendiendo peligrosamente: la inflación. El mes de febrero se cerró con un IPC de 7,6%, y el índice no recogía los efectos de la guerra. A finales de marzo nos daremos un susto importante, con un IPC que estará muy por encima de esta cifra.
El Gobierno prepara una batería de medidas para contener el aumento de precios, mientras que los sindicatos convocan manifestaciones para el 23 de marzo. Es difícil predecir cómo evaluará el IPC de aquí a finales de año, pero algunos expertos como los de Fedea o el Banco de España, ya anticipan que la media puede rondar el 7%. Entonces las pensiones deberán subir en 2023 ese 7%. Esto supone que el gasto subirá de golpe unos 13.000 millones de euros, y que estos 13.000 millones formarán parte del gasto en pensiones de los años sucesivos.
En 2022 la revalorización de pensiones conforme al IPC costó 6.500 millones de euros. Y en Europa saltaron las alarmas. ¿Qué pasará ahora?
La pandemia ha dejado el déficit de la Seguridad Social en máximos históricos, en concreto, cerró 2021 con 99.185 millones de euros, según datos del Banco de España. La cifra es engañosa, ya que el aumento de gasto es debido fundamentalmente a la batería de medidas económicas (ERTES y otras ayudas a autónomos y empresas) que evitaron la ruina de cientos de miles de ciudadanos y compañías durante la pandemia.
Los déficit de los sistemas de protección europeos también se han disparado, pero el problema de España es que partíamos con un desequilibrio más elevado. Antes de la Covid 19 la Seguridad Social ya acumulaba déficit anuales de entorno a los 18.000 euros.
En Europa lo que realmente preocupa es la deuda, porque no quieren que se vuelva a repetir la crisis del euro de 2010. Y España tiene una deuda que supera el 118% del PIB. Con estos mimbres, el cesto que pueda construir España después de la guerra de Ucrania puede tener agujeros importantes. Por eso Bruselas nos pide nuevas reformas. Especialmente en pensiones. Y las "derramas" que nos va a exigir la guerra, menor PIB, aumento de gasto en defensa, medidas para paliar el aumento de la factura energética... aumentarán la presión europea para realizar cuanto antes las reformas.
Los fondos europeos son la carta que juega Europa para salir del agujero económico en que nos metió la pandemia. Y España es uno de los países que más recibe, 140.000 millones. Pero para recibir las distintas partidas antes hay que hacer los deberes, y entre los más difíciles están cuadrar las cuentas en pensiones.
España ha planteado una reforma de pensiones en dos partes. En la primera parte ya aprobada en el parlamento las medidas más importantes son la subida anual conforme al IPC medio; se han cambiado los coeficientes reductores de la jubilación anticipada; se ha liberado a la Seguridad Social del pago de gastos que no le corresponden; y se ha puesto en marcha el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que consiste en subir las cotizaciones un 0,6% para llenar la hucha de las pensiones. No son medidas gravosas para los ciudadanos.
Pero las medidas que van a resultar más difíciles de asumir vienen ahora. La más dolorosa será la ampliación del periodo de cálculo. Ahora las pensiones se calculan según los últimos 25 años cotizados. Con toda seguridad ese periodo se va a ampliar hasta los 30, 35 años o incluso a toda la vida laboral. Esto supone una reducción de las pensiones de la mayoría de los trabajadores de entre un 6% y un 9%, según un estudio de las universidades de Valencia y Extremadura. El Gobierno estima una bajada de entre un 4% y un 6%.
Por otra parte se está cerrando el acuerdo para que los autónomos coticen por sus ingresos reales. Gran parte de los autónomos tendrán que pagar más.
Y el Mecanismo de Equidad Intergeneracional tendrá que ser revisado. El gasto en pensiones será mayor al esperado, en un contexto de inflación elevada, y los 30.000 millones de ahorro esperado hasta 2032 no serán suficientes para equilibrar las cuentas. Se tendrán que buscar nuevos ingresos o un recorte de pensiones.
El Gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha reconocido este martes que van a ser los trabajadores y los empresarios los que se van a empobrecer. "Es deseable -ha dicho- "un pacto de rentas en el que se reparta la pérdida sobrevenida entre trabajadores y empresas. Las subidas salariales deberían hacerse a varios años y excluyendo de las referencias los precios energéticos", ha afirmado el Gobernador.
También ha recomendado que “habría que evitar las cláusulas automáticas de indexación en las partidas de gasto”, lo que algunos han interpretado como una indirecta a la subida de las pensiones conforme al IPC, ya que las pensiones y los sueldos de los funcionarios son las partidas más costosas de la Administración.
Pero en 2023 hay elecciones, y salvo cataclismo inflacionista, ningún partido se va a atrever a proponer recortes al colectivo que las decide. Por tanto, lo más probable es que en los próximos años los pensionistas serán los únicos que mantendrán su poder adquisitivo, y por tanto los que mejor podrán sobrellevar la crisis económica que vendrá tras la guerra en Ucrania, y la reestructuración del comercio mundial que se avecina.