El tijeretazo gordo en tu pensión vendrá en 2023: la cara oculta de la reforma

La reforma de las pensiones ha cerrado su primer capítulo con un acuerdo complaciente entre Gobierno, sindicatos y patronal. Todos saben que las medidas pactadas no son suficientes para equilibrar las cuentas, pero ninguno se atreve a expresar esta verdad incómoda. Al menos hasta después del verano. Entonces se conocerá cómo van a disminuir nuestras pensiones.

Para que España reciba los 140.000 millones de euros de los fondos Next Generation necesita presentar reformas creíbles, sobre todo en materia de pensiones. Pero lo acordado hasta ahora no es suficiente, y el plan enviado a Bruselas contiene dos medidas que son las que harán que nuestras pensiones bajen sí o sí.

Empiezan a jubilarse las generaciones del baby boom, y durante 30 años lo seguirán haciendo hasta duplicar el número de pensionistas y multiplicar el gasto. Lo que pasa es que no hay recambio para los millones de cotizantes que dejan de contribuir. Si no hay reformas, el sistema es insostenible.

La propuesta enviada a Bruselas por el Gobierno explica que "se prevé la introducción de un nuevo instrumento en virtud del cual los parámetros fundamentales del sistema serán objeto de revisión periódica en el marco del Pacto de Toledo en función del equilibrio entre la población ocupada y la población pensionista y del nivel de gasto agregado". La población ocupada va a disminuir, la población pensionista va a aumentar notablemente, y el nivel de gasto agregado se va a disparar. No hay que ser Einstein para saber que la única manera de contener el gasto es aplicar recortes.

Lo interesante será cómo se consigue el malabar de reducirnos la pensión futura sin que nos demos cuenta. Ya que según el documento enviado a Bruselas, lo que se pretende es "diseñar un mecanismo que no suponga una reducción automática de la cuantía de la pensión actuando sobre otros parámetros del sistema".

El caso es que hay que presentar este nuevo mecanismo de equidad intergeneracional antes de fin de año. La patronal lo pide a gritos: "Me da igual cómo se llame, lo que me interesa es que sea un factor de sostenibilidad, porque si no, el sistema es insostenible", ha dicho el presidente de CEOE, Antonio Garamendi. Por su parte, los sindicatos no quieren ni oír hablar de mecanismos de ajuste, que en el fondo son recortes a la larga, y esgrimen con orgullo la victoria que a su parecer ha supuesto la derogación del factor de sostenibilidad de la reforma de 2013 . La negociación se presenta calentita.

El otro elemento que puede hacer que las pensiones futuras sean menores es la adecuación del periodo de cálculo. En la legislación actual a partir de 2022 se tendrán en cuenta los últimos 25 años de cotizaciones para calcular la pensión que te queda (en 2021 se consideran los últimos 24 años). La idea de Escrivá es ampliar el periodo de cálculo hasta los 35 años. Ya presentó esta idea en la mesa de diálogo social, pero los sindicatos se le echaron encima y tuvo que retirarla.

Ahora lo que plantea es edulcorar la medida. Se va a ampliar el número de años tenidos en cuenta, lo que supone una merma de las pensiones en la gran mayoría de los casos, ya que por lo general, al final de la vida laboral es cuando más sueldo se tiene y más se cotiza.

El truco está en desviar el foco y apuntar a los que han salido del mercado a edades avanzadas, y a los jóvenes, que tienen carreras más intermitentes e inestables. A estos sí les puede beneficiar que se permita elegir los mejores años o mejorar las cotizaciones en años malos a través de aportaciones voluntarias. Para la mayoría, ampliar el periodo de cálculo supondrá reducir el importe de su pensión.

Las tres reformas más importantes pactadas en julio por Gobierno patronal y sindicatos son cambios "amables", que no suponen traspasar líneas rojas ni tocan groseramente el bolsillo de los ciudadanos.

La subida de todas las pensiones conforme al IPC garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de los jubilados. Las pensiones subirán lo mismo que los precios. Incluso si los precios bajan, los pensionistas no tendrán que compensar lo recibido de más. Es una medida que beneficia a todos los pensionistas, pero no al sistema. La subida del IPC en 2021 podría ser de entre un 1,6% o un 2%, lo que supone de 2.000 a 2.500 millones de euros de aumento de gasto en pensiones de 2022. Por cada punto porcentual de subida de las pensiones se calcula que el gasto aumentaría en 1.500 millones de euros.

Un objetivo esencial que persigue el acuerdo es intentar que la gente trabaje más tiempo de dos formas. Primero, penalizando las jubilaciones anticipadas voluntarias; y segundo, bonificando más a los que trabajen más allá de la edad de jubilación ordinaria.

La primera medida, penalizar las jubilaciones anticipadas voluntarias, afectaría a las pensiones más altas, que son los que pueden jubilarse anticipadamente ahora sin perder prácticamente nada de pensión. En España hay 740.000 pensionistas que cobran más de 2.300 euros al mes. A este colectivo es al que afectaría más la medida. La idea es que retrasaran al menos algunos meses su decisión, y así siguieran contribuyendo al sistema. para algunos expertos como Ignacio Conde Ruiz, "la influencia de la medida sobre el gasto del sistema sería muy limitada".

En lo que respecta a bonificar con un aumento del 4% anual la pensión de aquellos que sigan trabajando más allá de la edad ordinaria de jubilación tampoco está claro que vaya a suponer un ahorro importante para el sistema. Ahora se puede hacer con bonificaciones de entre un 2 y un 4%, y apenas 250.000 ciudadanos lo hacen. El ministro Escrivá argumenta que no se conocen estas bonificaciones y que esto cambiaría con campañas de comunicación.

El otro tapado de la reforma es la separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social.

Esta medida sí va a afectarnos a todos, estemos o no jubilados. La Seguridad Social arrastra un déficit crónico de unos 17.000 millones de euros cada año. Para sanear las cuentas ahora se propone que muchos gastos que antes pagaba, pasan ahora al Estado a través de los Presupuestos Generales.

Este año el Estado ha transferido a la Seguridad Social 14.000 millones de euros. El acuerdo asume que en adelante, el Estado aportará un 2% del PIB para equilibrar las cuentas de la Seguridad Social, y esto supone unos 25.000 millones de euros al año que habrá que sacar de algún sitio. Se van a subir los impuestos, no hay otra. Pero como no se ha determinado a quién ni cómo, pues la medida tampoco ha causado revuelo.

La reforma de las pensiones no ha hecho más que empezar, las medidas más traumáticas están por diseñarse, y con toda seguridad supondrán un recorte de las pensiones de los futuros jubilados. Sería conveniente tratar este asunto con responsabilidad, y explicar a los ciudadanos que las reformas necesarias también exigirán sacrificios, y quiénes están en mejores condiciones para soportarlos.