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Evadir impuestos ya no será tan sencillo para las multinacionales. Si hasta ahora las grandes empresas del mundo trasladaban sus sedes a países con tipos impositivos más bajos para rebajar su factura fiscal, en los próximos años ya no podrán evitar pagar lo que les toca, independientemente del lugar en el que estén.
Tras años de intensas negociaciones en los que apenas se habían conseguido avances, los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), es decir, las economías más importantes del mundo, alcanzaron a principios del pasado mes de julio un compromiso histórico para reformar el sistema fiscal internacional y garantizar que las grandes multinacionales paguen el porcentaje justo de impuestos que les corresponde dondequiera que operen.
El acuerdo, que suscribieron 130 países y jurisdicciones de los 139 que forman parte del llamado marco inclusivo en el que se desarrolló la negociación, se asienta sobre dos pilares de actuación.
El primero afectará a todas aquellas empresas con una facturación mundial superior a los 20.000 millones de euros y una rentabilidad del 10%, y permitirá redistribuir una parte de los derechos de imposición que deberán abonar a los principales países en los que opere y genere beneficio, independientemente de si tiene o no presencia física.
En concreto, se repartirá entre un 20% y un 30% del beneficio residual, una vez que el país en el que se encuentra la sede haya recibido el impuesto correspondiente al 10% de rentabilidad. Según la OCDE, gracias a esta medida podrán redistribuirse más de 100.000 millones de dólares anuales (más de 84.000 millones de euros).
El segundo pilar es, si cabe, aún más interesante, ya que ayudará a evitar los paraísos fiscales y a favorecer una competencia más justa entre países, que podrán proteger sus bases impositivas. Se trata de un impuesto mínimo global y afectará a todas las compañías con una facturación superior a los 750 millones de euros.
Este segundo punto de actuación sigue la senda marcada semanas antes por los países del G7, es decir, Canadá, Estados Unidos, Japón, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido, que aprobaron fijar un impuesto mínimo de sociedades para las grandes corporaciones.
En un principio, este impuesto, que ahora también han suscrito la mayoría de los miembros de la OCDE, aplicará un tipo impositivo mínimo de al menos un 15% a las multinacionales y afectará directamente a las grandes empresas del sector tecnológico, que quedarán cubiertas por la nueva cuota fiscal y ya no podrán refugiarse en países con menores tipos impositivos, tal y como venían haciendo hasta ahora. No obstante, el porcentaje definitivo del impuesto aún debe de concretarse de aquí al mes de octubre.
La aplicación de esta nueva tasa, que afectará a las ganancias de las empresas que operen en el extranjero, permitirá homogeneizar el sistema tributario internacional, impidiendo que las empresas se vayan a otros países en busca de ventajas fiscales, pero no eliminará la competencia fiscal. Según Mathias Cormann, el secretario general de la OCDE, el dispositivo de medidas acordado tan solo limitará la competencia con unas reglas multilaterales que garantizarán un pago justo de las tasas impositivas, y tendrá en cuenta “los intereses de todas las partes, incluidos los de pequeñas economías y países en desarrollo”.
Así, los países podrán mantener los tipos impositivos que deseen, pero si las compañías pagan tasas más bajas en un país particular, sus respectivos gobiernos podrán “recargar” sus impuestos a la tasa mínima, acabando así con todas las ventajas de trasladar sedes.
La OCDE calcula que la creación de este impuesto permitirá generar unos 150.000 millones de dólares anuales adicionales de recaudación fiscal (unos 126.000 millones de euros), que también se redistribuirán. De cara al mes de octubre, está previsto que se concreten todos los detalles técnicos que quedan para definir por completo el acuerdo, que entraría en vigor en 2023. De momento, Barbados, Estonia, Hungría, Irlanda, Kenia, Nigeria, Perú, Sri Lanka y San Vicente y las Granadinas no se han sumado al acuerdo, aunque se espera que se adhieran próximamente.