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Configurar la vivienda como el quinto pilar del Estado del Bienestar es el objetivo que persigue el gabinete que dirige Pedro Sánchez con la aprobación de la nueva Ley de Vivienda, un proyecto en el que el ejecutivo lleva trabajando desde 2021.
La nueva ley lleva queriendo ver la luz desde octubre del pasado año, pero la interferencia con el papel de las comunidades autónomas, a las que están transferidas las competencias en materia de vivienda, es uno de los puntos que más ha pesado en contra de la ley, que ha llegado hasta el Consejo General del Poder Judicial con un resultado desfavorable.
Pese a ello, el presidente del gobierno ha insistido en que esta ley no interfiere en las competencias autonómicas, pese a que las comunidades dirigidas por el PP ya han declarado su oposición.
Mientras tanto, se espera que tras la aprobación del texto en el Consejo de ministros de hoy, se remitirá a las Cortes, donde espera ser refrendada con "el máximo consenso posible", según Raquel Sánchez Jiménez. Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Las zonas tensionadas son aquellas áreas que en los últimos años han experimentado un aumento sostenido de los alquileres, haciendo que los hogares deban endeudarse más para hacer frente al pago de estos alquileres.
La nueva ley establecerá dos tipos de zona tensionada. El primero es aquel en el que el coste de la hipoteca o el alquiler supere el 30% de los ingresos medios de los hogares de ese ámbito. El segundo tipo es allí donde el alquiler haya experimentado en los últimos cinco años una subida de un mínimo del 5% por encima del crecimiento del Índice de Precios de Consumo (IPC) de cada autonomía.
De acuerdo a la ley que entrará en vigor en 2022, las administraciones locales serán las encargadas de definir la declaración de las zonas tensionadas por un periodo de tres años, aunque podrá prorrogarse año a año si se dan determinadas circunstancias.
¿Qué implica ser una zona tensionada?
La declaración de zona tensionada implicará el desarrollo de un plan específico para neutralizar y revertir los desequilibrios. También se prevé un mecanismo excepcional de contención y bajada de precios en estas zonas.
El Gobierno pretende así estimular fiscalmente el alquiler de viviendas con una serie de importantes bonificaciones.
En las áreas tensionadas en las que los caseros rebajen un 5% la renta respecto al contrato anterior, la bonificación ascenderá al 90%. La deducción será del 70% si se alquila por primera vez a jóvenes de 18 a 35 años en esas zonas tensionadas. Por último, si en el inmueble se han realizado obras de rehabilitación o mejora, la bonificación será del 60%.
Por otra parte, los propietarios que firmen un contrato de al menos 10 años podrán librarse de la congelación de los precios en las zonas tensionadas y podrán incrementar el alquiler hasta en un 10% a cambio de ampliar la duración del contrato.
En estas zonas, además, el inquilino podrá prorrogar su contrato tres años más de lo que se contempla actualmente en las mismas condiciones. De esta manera, la renta solo subirá lo que suba el IPC durante un periodo más amplio.
La ley no entrará inmediatamente en vigor, sino que aplicará una moratoria de 18 meses desde su aprobación hasta la publicación de un índice de referencia de precios en las zonas tensionadas.
La nueva ley protegerá el parque público de vivienda social, que no podrá ser enajenado. Introduce también el concepto de ‘vivienda asequible incentivada de titularidad privada’. A través de esta figura, los propietarios de estas viviendas accederán a beneficios fiscales o de cualquier otro tipo, siempre que ofrezcan un alquiler a precios reducidos.
Para movilizar la vivienda y evitar la proliferación de pisos vacíos, el anteproyecto establece recargos del 150% en la cuota líquida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). De esta forma, el recargo se incrementa del 50% al 150%. Este recargo máximo se aplicará a las viviendas que no hayan sido alquiladas durante más de dos años y a propietarios titulares de un mínimo de cuatro viviendas en el mismo municipio.