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Uno de los mayores logros de Lucía, de 11 años, ha sido poder sentarse en la playa junto a sus hermanos. La niña nació con una grave discapacidad que le impide hablar, andar o tomar alimentos sólidos. Gestos como el de la playa le hacen sentirse feliz y significan una verdadera hazaña conseguida a fuerza de muchos años de trabajo en la Fundación Bobath. Este es uno de los centros de educación especial que está en peligro si sigue adelante, como ha anunciado el Gobierno, la Ley de Educación conocida como 'ley Celaá', que podría suponer echar el cierre a estos centros y pasar a todos sus alumnos a colegios de educación ordinaria.
Los padres con hijos que sufren alguna discapacidad están en pie de guerra -dentro de las limitaciones que impone el estado de alarma, aunque ya se posicionaron en contra antes de esta pandemia- por algo que consideran una auténtica sinrazón: "El Gobierno ha decidido, en pleno aislamiento, reactivar la tramitación de esta ley que promueve la eliminación de los centros de Educación Especial de aquí a diez años. El texto limita su existencia a alumnos que requieran una atención muy específica, pero se ha redactado de un modo muy ambiguo y confuso", lamenta Esther Morillas, madre de Lucía.
Esta madre, miembro de la plataforma 'Inclusiva sí, Especial también', que representa a unas 30.000 familias con hijos con algún tipo de discapacidad, aclara que no se trata de un debate ideológico ni político, sino de una lucha por evitar una medida que dejaría a parte de estos niños en una situación de desamparo y aislamiento. "En los casos más severos supondrá algo tan grave como retroceder a otros siglos, cuando estas personas permanecían confinadas toda la vida", dice.
Morillas reconoce que en su día recibieron buena atención por parte de la ministra Isabel Celaá y el compromiso de atender sus preocupaciones. Pero todo se quedó en aguas de borrajas y el procedimiento sigue adelante sin apenas posibilidad de reacción, a pesar de tener a buena parte de la sociedad a su favor, como quedó claro con la recogida de unas 300.000 firmas presentadas al Ministerio.
El argumento que expone la Ley es la inclusión, una palabra que en niños con una problemática como la de Lucía debería tener, según su madre, una traducción muy simple: conseguir que tenga una vida lo más normal posible. "¿No es disparatado pensar en la posibilidad de integrarla en aulas en las que se están impartiendo matemáticas o idiomas?", se pregunta. Y explica que la han acusado de 'madre segregadora' por defender la educación especial de su hija. "Claro que estoy a favor de la inclusión, pero cada discapacidad es diferente y merece ser atendida de modo diferente. Su aprendizaje es otro y no nos podemos perder en estas cuestiones porque cada día y cada minuto cuenta en el avance de estos niños".
¿Están los profesores preparados para atenderles, aunque reciban recursos extraordinarios? "Nuestros hijos requieren estímulos distintos y una atención muy individualizada que un colegio ordinario no puede ofrecer. Necesitan tratamientos de fisioterapia, atención temprana, programas de audición y lenguaje y mil necesidades más que solo un centro de Educación Especial y un equipo de profesionales preparados para ello pueden cubrir", responde con indignación Luis Rojo, portavoz de la plataforma y padre de un hijo con síndrome de Down.
La reforma llega amparada en el artículo 24 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que aboga por atender a todos los alumnos bajo el mismo sistema educativo, un principio que apoya también el Comité Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). Este reclama "un proceso evolutivo y transformador sensato, ordenado y progresivo, para lograr la inclusión". Rojo siente que haya esta división entre este comité y la plataforma, "nada favorable a la hora de luchar por los derechos de las personas con alguna discapacidad".
De acuerdo con el portavoz de 'Inclusiva Sí, Especial También', la integración de las personas con discapacidad en la educación ordinaria es tan legítima como los nuestros para conseguir el desarrollo de estos niños. "Estamos de acuerdo en que hay que dotar de los recursos que hagan falta a los colegios para acoger a los alumnos con discapacidad, pero lo que no es legítimo es que se haga perjudicando la supervivencia de estos centros que son absolutamente necesarios, vulnerando los derechos y descuidando las necesidades particulares de cada uno". La plataforma considera que el cierre supondría mayor aislamiento y un grave deterioro y retroceso en sus progresos.
En España hay unos 250.000 niños con discapacidad. Solo un 17% estudia en alguno de los 477 colegios especiales. Son unos 37.000 alumnos cuyo futuro está hoy en el aire, alumnos con discapacidad física o intelectual, con trastornos del espectro del autismo, pero con derecho a aprender. "Requieren la atención de psicólogos, neurólogos, terapeutas ocupaciones, logopedas y educadores que hacen posible que la educación especial sí que sea integradora y participativa.
Estos profesionales tienen un amplio conocimiento y trabajan de forma interdisciplinar para conseguir un mismo reto: que cada niño alcance el máximo de su potencial a nivel motor, comunicativo y de aprendizaje", insiste Rojo. Deja claro que lo que una parte de la política llama segregación para estos padres es educación en función de sus necesidades y capacidades.
La plataforma va a agotar estas últimas horas para tratar de impedir que la nueva Ley deje en situación de riesgo estos centros que, como dice Rojo, están demostrando el avance de sus alumnos y su contribución a la integración en la sociedad, incluso a su posterior incorporación al mundo laboral.
"Funcionan estupendamente y la mejor prueba de ello es su reclamo por parte de los padres. Es la mejor educación que pueden recibir nuestros hijos, porque con ella se sienten capaces, trabajan de forma cooperativa y crecen como personas alcanzando la mayor autonomía posible. Si no existieran, habría que inventarlos. Vaciarlos sería muy nocivo para su desarrollo y su calidad de vida. Ellos son los que saldrían perdiendo", concluye el portavoz de 'Inclusiva Sí, Especial También'.