De Cáceres a Holanda en la España de los 70. La abogada Eva González Pérez supo en su infancia lo que era vivir como hija de migrantes en la Europa de la prosperidad. Próspera, pero hostil para una pequeña cuyos padres trabajaban más de 40 horas semanales. "Cambié cinco veces de niñera. Una me dejaba sola en la cocina durante la cena, mientras ella comía con toda su familia en el salón. Un día, mi madre apareció sin avisar y me vio sentada ahí, sola, y me sacó de allí", explica en declaraciones a La Vanguardia. Su propia experiencia hizo que su mente hiciese 'click' cuando muchos de los clientes de las guarderías que regentaba su marido no podían pagar el servicio al serles retiradas las ayudas públicas destinadas a este fin. Algo no cuadraba.
Lo que parecía la simple sospecha de esta abogada española, de 48 años y licenciada en la universidad de Utrecht, ha desembocado en el mayor escándalo económico y social del gobierno de centroderecha liderado por Mark Rutte. Más de 26.000 familias fueron acusadas, erróneamente y sin pruebas, de fraude en la percepción de estas ayudas sociales. Las autoridades de las áreas de Finanzas y Asuntos Sociales incurrieron, además, en discriminación al buscar a los autores de las estafas, ya que investigaron fundamentalmente a familias de origen turco o magrebí.
No solo denegaron las ayudas sin explicaciones, sino que obligaron a los progenitores a la devolución de las ayudas y subsidios. En algunos casos, la deuda rondaba los100.000 euros, una cantidad inasumible para muchas familias. Tras el escándalo, el gobierno de Rutte ha dimitido en pleno y dirige el país en funciones hasta marzo, cuando están previstas las elecciones generales.
Eva González Pérez comenzó a investigar el caso en 2014. En estos años el hecho de que algunas de las familias afectadas llevasen a sus hijos a las guarderías que dirige su marido se ha utilizado en su contra, intentando reducir el suceso a un conflicto de intereses empresariales. Mientras tanto, las irregularidades se iban amontonando: hubo sesgo discriminatorio en la elección de las familias inspeccionadas, el proceso no fue transparente, los implicados no recibían información de por qué les quitaban las ayudas y en los expedientes figuraban el origen de los padres de doble nacionalidad, aunque las leyes de protección de datos holandesas lo impiden desde 2014.
González, que también ha defendido a varias de las familias afectadas, afirma que ni siquiera la documentación entregada a los tribunales por parte de la administración ha sido la correcta. Antes de eso, ya estaba decidida a llegar hasta el final: "Les habían arrancado sus derechos y encima se negaban a explicarles los motivos. El caso para mí se había convertido en un tema ético", afirma.
La prueba definitiva de que algo olía mal es que la Hacienda holandesa, a pesar de tener la documentación que subsanaba el supuesto fraude, seguía exigiendo el reembolso de las asignaciones. Los funcionarios no desbloqueaban las ayudas y dejaban que los meses pasaran hasta que volvían a comunicar que no había derecho a la devolución. "Entonces dejé de lado todo y me centré en este lío, fuimos a los tribunales y ganamos", resume la abogada.
El escándalo de las ayudas sociales supone un golpe para la imagen de Holanda, país considerado hasta la fecha como un referente en la lucha contra la desigualdad.