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La industria española de la bicicleta emplea a 24.456 personas de manera directa y es líder en exportación fuera de la UE, y eso a pesar de que la facturación y la venta de bicicletas se redujeron en 2022. Se trata de un sector que goza de buena salud, como demuestra que 11 millones de personas utilicen este vehículo en nuestro país, pero si no se implantan medidas que incentiven la demanda se destruirán empresas a corto-medio plazo.
Esa es una de las principales conclusiones de un estudio publicado por la Asociación de Marcas y Bicicletas de España (AMBE), en colaboración con Sport Panel y la European Cyclists' Federation (ECF), sobre el impacto en las emisiones de CO2 y en el empleo del establecimiento de ayudas estatales a la compra de bicicletas en España.
El estudio, titulado 'Ayudas a la compra de bicicletas: impacto en el empleo y en la reducción de emisiones', sugiere que establecer ayudas estatales a la compra de todo tipo de bicicletas a través de los planes existentes (MOVES) o de nueva creación contribuiría a que unas 500.000 personas por año pudieran adquirir una para sus desplazamientos diarios.
Crear un programa de ayudas a la compra a partir de 250 euros con una inversión de entre 33 y 127 millones de euros generaría un impacto directo en la reducción de emisiones de CO2 de 11.167 toneladas al año, facilitando el cumplimiento de los compromisos adquiridos por España tanto a nivel europeo como internacional, y ayudaría a superar los 25.000 empleos directos, según estimaciones del informe.
Por otra parte, según arroja el estudio, que hace uso de la herramienta HEAT de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el uso de la bicicleta en España evita hoy en día casi 1.400 muertes prematuras anuales y genera unos beneficios netos sobre la salud de más de 3.500 millones de euros al año. Los beneficios para la salud ligados a la reducción de la mortalidad son 13 veces superiores a las perdidas combinadas debidas a la exposición de los ciclistas a la contaminación atmosférica y a los accidentes de tráfico.
"La ausencia de ayudas estatales a la compra de bicicletas en España es única en el contexto europeo. Una medida que tiene enorme popularidad y es eficaz en la reducción de emisiones y creación de empleo local debe ser una prioridad para la administración central", comentó Jesús Freire, secretario general de AMBE durante la presentación del estudio.
Asimismo, el informe muestra que, en el caso de no implantarse ninguna ayuda directa, se destruirá empleo y empresas del sector en 2023 y 2024, se retrasará la transición hacia medios de transportes más sostenibles y se pondrá en riesgo la competitividad de las empresas españolas frente a las europeas.