La polémica, en esta ocasión, ha durado poco, debido a las fuertes críticas inmediatas de todo el sector jurídico afectado. La intención del gobierno de gravar una buena parte de las indemnizaciones de los accidentes de tráfico se ha quedado en eso, en una intención, ya que la revolución causada en el sector por todos los actores afectados ha sido tan en bloque y tan frontal, que no ha habido más remedio que cortar por lo sano y sacar esa idea del anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal.
Todos los afectados entendieron esta propuesta como una medida recaudatoria por parte del gobierno, y la presión ejercida por, entre otros, la Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes y Responsabilidad Civil (ANAVA-RC), Abogados de Víctimas de Accidentes (ADEVI) y el Consejo para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD), entre muchos otros, han obrado el milagro del paso atrás del gobierno en sus intenciones.
Hasta ahora no se conocía el anteproyecto de ley, pero ya el Consejo General de la Abogacía Española se había manifestado en contra, tras saber que se planteaba hacer tributar aquéllas indemnizaciones que se produjesen tras un acuerdo amistoso entre las partes implicadas.
La clave de todo ha sido la dificultad de defender la idea desde el punto de vista fiscal, ya que estos pagos nunca se han considerado ni se pueden considerar como un incremento patrimonial, por tanto, no pueden ni deben tributar al fisco.
“Lo que se otorgan son compensaciones por daños personales, se pierde parte del patrimonio biológico, no hay ganancias”, defienden desde los distintos sectores arriba mencionados. Justo cuando se estaban preparando medidas conjuntas para protestar por la inclusión de esta nueva medida recaudatoria antes de ser votada, el gobierno ha rectificado y ha dado marcha atrás, sabedor de que los tribunales no le iban a dar la razón. La avalancha de procedimientos judiciales que ahora se solventan por la vía amistosa también podría amenazar con colapsar el sistema.
La medida pretendía incrementar, además, los costes de todo el proceso, pues introducía la intervención de una figura denominada “tercero neutral” sin definición alguna de su función o cometido y exige, también, escritura pública cuando el pago lo realiza una entidad aseguradora, aseguran desde el CEDDD.