"Sí a los cuidados, no a los negocios": miles de personas se manifiestan para pedir condiciones dignas por fin en las residencias

El pasado sábado unas 1.500 personas según la Delegación del Gobierno en Madrid, 5.200 según los organizadores, se concentraban en la plaza de Callao y en Gran Vía para reclamar un nuevo modelo de residencias en una manifestación organizada por la Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuarias de Residencias. Una manifestación en línea de la denuncia que Mariano Turégano hacía hace solo unos días en el pleno del Ayuntamiento del San Sebastián de los Reyes.

Entre las reivindicaciones de la manifestación, apoyada públicamente por personalidades como Joan Manuel Serrat o Miguel Ríos, estaban cambiar el modelo actual de residencias aumentando el personal, mejorando la calidad de la alimentación, la priorización de residencias públicas frente a la privatización (la mayoría son actualmente de gestión privada), o la exigencia de justicia y dignidad por las víctimas de las residencias de mayores durante la pandemia.

“Sí a los cuidados de los mayores, no a los negocios de los inversores”, “no a la privatización”, “residencias para vivir, no cementerios”, “cuidados de calidad” o “¡basta ya!” son solo algunos de los carteles que se han podido leer o los cánticos que se han escuchado a los manifestantes durante su paso por la calle más transitada de Madrid.

Durante la manifestación se ha pedido que no se quebranten los derechos humanos de los mayores que viven en las residencias, así como los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras de los centros, exigiendo a las comunidades autónomas “un cambio de actitud y de talante que derive en la conformación de un nuevo modelo de residencias” frente al actual, que consideran “impropio de una sociedad avanzada”.

Otras de sus demandas es el fin de las llamadas macrorresidencias para conseguir una atención más personalizada, así como la implantación de más inspecciones que sean más rigurosas e independientes para poner en conocimiento de lo que de verdad ocurre de puertas para dentro en todos y cada uno de los centros de mayores.

Paulino Campos, uno de los portavoces de la Plataforma, ha explicado que una de las principales iniciativas que se han desarrollado en paralelo a la manifestación es la recogida de más de 200.000 firmas que se presentarán ante el Congreso de los Diputados de forma simbólica, pues las competencias en materia de dependencia están transferidas a las comunidades autónomas.

Todo ello llega desde que, tras la pandemia, el problema del modelo de gestión de las residencias se haya vuelto mucho más visible. Según datos del IMSERSO, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y el Instituto de Salud Carlos II ya son más 34.000 los fallecidos hasta el día 11 de septiembre a causa del coronavirus en las residencias. Los confirmados son algo más de 23.700 personas, a las que se suman 10.492 con síntomas compatibles.

Las vacunas lograron mitigar los decesos, que solo en la primavera de 2020, durante la primera ola, se contabilizaron 20.000 muertes en residencias de ancianos. Madrid (6.889), Cataluña (6.124) y Castilla y León (4.407), son las comunidades que más muertes han registrado en las residencias.

“Ayuso dimisión por la no derivación” ha sido uno de los cánticos más repetidos en referencia al protocolo que se instauró en la Comunidad de Madrid con el que se impedía que muchos mayores, tuviesen o no covid, fuesen derivados a hospitales durante la primera ola de la pandemia en primavera de 2020.

“Hemos matado a 35.000 personas. La sociedad entera seremos responsables de conducta criminal si pasamos página en blanco en la investigación de la masacre que se vivió en las residencias españolas”, afirmaba la periodista Rosa María Artal, que leyó el manifiesto de la manifestación.

Con Artal como portavoz, se ha pedido “un nuevo modelo donde la iniciativa pública sea sólida, los servicios se ofrezcan en el entorno familia, bien financiados, de calidad suficiente, dotados de personal adecuado en número y formación, y a un precio razonable para la realidad actual de las pensiones”. “El respeto a los derechos humanos, los derechos de las personas mayores y personas con discapacidad no puede esperar”, ha puntualizado la periodista.